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La Comunidad Andina de Naciones (CAN) intervino en la guerra comercial que Colombia y Ecuador sostienen desde inicios de año. El bloque regional emitió tres resoluciones en las que califica los aranceles y restricciones que ambos países se han impuesto como violaciones al Acuerdo de Cartagena (tratado que establece, entre otras cosas, la libre circulación de mercancías entre países miembros de la CAN) y les dio un plazo de 10 días hábiles para retirar dichas medidas.
Qué decidió la Comunidad Andina
La CAN emitió tres resoluciones el 7 de mayo, todas firmadas por el secretario general de este bloque regional, Gonzalo Gutiérrez Reinel.
Las dos primeras van dirigidas a Ecuador: la Resolución 2581 ordena levantar la restricción que convirtió al paso de Rumichaca en el único punto de entrada terrestre para mercancías colombianas, y la Resolución 2582 ordena retirar la “tasa de seguridad”, que actualmente está en el 100 %.
La tercera, la Resolución 2583, va dirigida a Colombia: le exige desmontar los aranceles recíprocos y las restricciones de importación por las aduanas de Ipiales y Puerto Asís.
Ambos países tienen 10 días hábiles para actuar, contados desde la publicación de las resoluciones en la Gaceta Oficial de la CAN.
Cronología de la guerra comercial
Cabe recordar que, a inicios de año, Ecuador impuso una “tasa de seguridad” (en la práctica, un arancel) a las mercancías colombianas, la cual arrancó en 30 % y fue escalando: en marzo subió al 50 % y en mayo llegó al 100 %. Además, subió en un 900 % la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE): de 3 a 30 dólares por barril.
En los últimos días, el gobierno de Daniel Noboa anunció una rebaja de aranceles al 75 % efectiva desde el 1 de junio, para “avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad”.
En el transcurso de esta guerra comercial, Colombia fue respondiendo con sus propias medidas: impuso aranceles recíprocos a productos ecuatorianos (como hortalizas, cacao, bebidas, calzado, plásticos y frutas, entre otros), prohibió el ingreso de mercancías como el arroz por vía terrestre a través de las aduanas de Ipiales y Puerto Asís, así como de insumos para la producción de fentanilo. Además, un día después de que Ecuador anunciara su primer arancel, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia suspendió las exportaciones de electricidad al país vecino, invocando razones de soberanía y seguridad energética.
En contexto: Colombia iguala los aranceles de Ecuador y los sube hasta el 100 %: este es el panorama
“Medidas son violaciones al Acuerdo de Cartagena”: CAN
Detrás de las resoluciones hay un mismo argumento: el respeto al Acuerdo de Cartagena, tratado que creó la CAN en 1969 y prohíbe que sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se impongan aranceles o restricciones entre sí. Para la Secretaría General de la Comunidad Andina, las medidas de ambos países impuestas en lo corrido de este año violaron ese principio.
En ese sentido, la Resolución 2582 calificó la “tasa de seguridad” de Ecuador (que escaló del 30 % al 100 % en tres meses) como un gravamen equivalente a un arancel, algo expresamente prohibido entre países miembros.
Ecuador defendió la medida argumentando que el cobro respondía a un servicio real de control aduanero reforzado en la frontera, en una zona con alta presencia de contrabando y crimen organizado, que incluía inversiones “masivas” en personal, scanners, bodycams, data centers, vigilancia satelital o drones, entre otros, pero la CAN concluyó que esos gastos son obligaciones generales del Estado, no servicios cobrables a quien importa, y que Ecuador no ha logrado acreditar que dicho recargo corresponda a “un servicio efectivamente prestado al importador”.
Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro defendió los aranceles recíprocos argumentando que las medidas de Ecuador habían generado una crisis en el sector productivo colombiano (con al menos 606 sectores en riesgo) y que su respuesta era proporcional y legítima, amparada en razones de seguridad nacional, una de las excepciones que permite el Acuerdo de Cartagena. Colombia también alegó que las restricciones a productos ecuatorianos por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís respondían a preocupaciones sanitarias y al combate contra el fentanilo.
La CAN tampoco aceptó estos argumentos y determinó que invocar la seguridad nacional para justificar aranceles recíprocos “resulta injustificado, desproporcionado y no supera el test de proporcionalidad”, y que el verdadero propósito de las medidas era la reciprocidad comercial y la protección de sectores productivos, fines que el ordenamiento andino no reconoce como excepciones válidas.
El golpe al comercio
Las exportaciones colombianas a Ecuador acumulan una caída del 60 % con corte a marzo, consecuencia directa de esta guerra arancelaria, según cifras provistas por Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia.
Para Javier Díaz, presidente de Analdex, incluso la reducción de aranceles anunciada por el gobierno de Daniel Noboa resulta insuficiente: “aún con una tasa del 75 % es imposible hacer comercio”, advirtió.
En contexto: Colombia ya perdió 60 % de sus exportaciones a Ecuador: reducción de aranceles no basta
Las cifras de fondo muestran una relación comercial que ya venía deteriorándose. En 2025, las exportaciones de Colombia a Ecuador sumaron USD 1.846,7 millones, su nivel más bajo desde 2021, frente a un pico de USD 2.014 millones en 2023, según el Ministerio de Comercio.
Pero la caída más abrupta vino en los últimos meses: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, las exportaciones colombianas pasaron de USD 173.566 miles a USD 109.355 miles, una contracción del 37 % en solo dos meses. La energía eléctrica, el principal bien exportado, se desplomó un 77,1 % entre enero y febrero frente al mismo periodo del año anterior. Los azúcares cayeron un 26 %. En sentido contrario, algunos productos como insecticidas (143,3 %) y carburorreactores (88,3 %) registraron alzas, según datos de la DIAN con análisis de Analdex.
En Rumichaca, el principal paso fronterizo entre ambos países, el comercio lleva semanas prácticamente detenido, incluso desde antes de que el arancel ecuatoriano llegara al 100 %. Lo que antes era un corredor de carga permanente hoy está quieto, con transportadores, comerciantes y agencias de aduana que siguen esperando una señal de que la crisis cede. Esa señal podría llegar con la decisión de la CAN, si ambos países acatan el plazo de 10 días hábiles para retirar sus medidas.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
