Cómo enfrentar el abismo económico y social del COVID-19

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Con ocasión de los 50 años de CAF, un panel de expertos habla del rol de los Estados y de las limitaciones de dejar en manos del mercado asuntos como la salud y la educación. Es fundamental hablar de un ingreso básico para los más vulnerables.

“Hace 50 años, cuando CAF arrancó a operar, América Latina representaba el 5,5 % del comercio internacional y representaba el 25 % del PIB de EE.UU. Hoy, la región responde por el 5,6 % del comercio mundial y representa el 27,8 % del PIB de Estados Unidos. Estamos estancados. Como región, tenemos un problema de productividad”, dijo este jueves Luis Carranza, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), durante un evento virtual para conmemorar los 50 años de funcionamiento de la institución.

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Si bien la región ha tenido grandes avances en indicadores de desarrollo social, que el mismo Carranza reconoció durante su presentación, aún hay retos enormes en materia de productividad y en integración regional “que supere las diferencias políticas entre los países”, en palabras del presidente de CAF.

Los retos de productividad son, en esencia, retos económicos, pero también sociales. La pandemia por la expansión del COVID-19 expone el aspecto más crudo de la falta de desarrollo económico y social en la región. La Cepal estima que por cuenta de esta crisis 16 millones de personas en la región podrían pasar a engrosar el preocupante renglón de pobreza extrema (lo que elevaría la cuenta a 83 millones de personas en países latinoamericanos).

¿Cómo impulsar las economías de la región, y a las personas que las componen, en medio de un tiempo que supone los desafíos más extremos a nivel global?

“La pandemia ha resaltado las inequidades de nuestras sociedades: es una enfermedad que llega más duro a los más enfermos o a quienes se tienen que exponer más por cuenta de sus trabajos. Y esto significa que estamos hablando, desproporcionadamente, de los más vulnerables”, en palabras de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, quien participó en el acto de conmemoración de los 50 años de CAF.

Stiglitz agregó: “Los bancos de desarrollo cumplen un papel fundamental en atender la pandemia porque se requiere pensar en el largo plazo y el sistema financiero opera en el corto. Se trata de retos financieros, pero también sociales. Los bancos comerciales prestan mucho en un sector y poco en otros y, a la larga, tienen incentivos para endeudar a los países”.

La crisis por el COVID-19 ha reintroducido, en forma de control de daños, la intervención del Estado en una escala bien lejana al evangelio del autoequilibrio de los mercados. Stiglitz habla, incluso, de la inhumanidad del sector privado: “La crisis nos ha hecho más conscientes de las limitaciones del mercado”.

Para Alicia Bárcena, secretaria de la Cepal, la emergencia por el COVID-19 obliga a replantear asuntos fundamentales dentro del funcionamiento de los Estados, como el gasto en los sistemas de salud o la transformación energética y productiva con miras a la sostenibilidad ambiental. “La crisis nos ha mostrado que vivimos en una cultura del privilegio, en la que es normal que fenómenos, como la corrupción o la evasión de impuestos, sean asuntos normales”.

Bárcena, quien también participó en el aniversario de CAF, dice algo que parece obvio, pero que lleva una carga de profundidad: “Esta es una crisis de oferta y demanda. Y las soluciones que vemos a veces son las mismas que se idearon para la crisis de 2008, que fue financiera. Tenemos que pensar en medidas más audaces porque si no nos enfrentamos a una década perdida en América Latina; nos puede tomar 13 años salir de los estragos económicos que la pandemia puede dejar en nuestros países”.

Por medidas audaces, Bárcena se refiere a evitar que los impactos económicos de la crisis golpeen desproporcionadamente a las mujeres y poblaciones vulnerables, en general. Así como avanzar a una integración económica regional porque “las grandes empresas se están replegando hacia Estados Unidos o Europa y sólo integrados podremos hacerle frente a los retos”. También propone una subvención temporal a las micro y pequeñas empresas de la región, así como apoyo para orientarlas hacia una transformación productiva en el mundo después de la pandemia. Y finaliza diciendo que “tenemos que proteger a las personas; proponemos un ingreso básico de emergencia con una duración de seis meses, que puede estar en el orden de los US$140 mensuales”.

Al igual que otros analistas, Angel Gurría, secretario general de la OCDE, asegura que la pandemia llegó en un momento de crecimiento lento de la región, lo que agrava el panorama pues limita el espacio fiscal de respuesta de los Estados. “Tenemos problemas con la deuda y con el crédito: necesitamos más fuentes de financiamiento porque vamos a pedir dinero para superar la crisis con las mismas personas con las que ya tenemos deudas; entonces al final es un escenario en el que pedimos nos dejen de cobrar, pero que nos presten más”.

Justo esta semana la OCDE publicó sus perspectivas económicas para la región, que implican serias contracciones para todas las economías, algunas más que otras. Colombia se contraería 6,1 %, según las proyecciones del organismo; esto si no hay una segunda ola de contagios, en días en los que se cuestiona ampliamente la efectividad de las medidas de aislamiento.

“La comunidad internacional no comprende muy bien cómo le pega esta crisis a los países de ingresos medios. Estamos enfrentando el resultado de décadas de mercantilización de los servicios públicos, como la salud y la educación. Tenemos que buscar salidas”, sentencia Bárcena.

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