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Aunque es posible que pronto contemos con una o más vacunas, el COVID-19 seguirá perjudicando a la economía mundial el año que viene y eso implica que será un año difícil para los trabajadores del mundo.
La buena noticia es que la pandemia puso de relieve el papel fundamental de los trabajadores esenciales en sectores como la atención sanitaria y la logística, especialmente el de quienes tienen empleos precarios y con bajas remuneraciones.
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En 2020, muchas personas en el mundo desarrollado se dieron cuenta de que su salud y riqueza dependen, en parte, de que las escuelas públicas sigan abiertas, para que los padres puedan trabajar. La gente también se dio cuenta de que las economías pueden sufrir si no cuentan con licencias por enfermedad con goce de sueldo, tienen sindicatos débiles y carecen de normas de seguridad laboral contra las enfermedades infecciosas, y de la erosión que sufre la protección del ingreso básico cuando no hay trabajo remunerado disponible.
La mala noticia es que reconocer esos problemas no los cambia: cuando millones de personas busquen trabajo activamente en 2021, muchos descubrirán que los empleadores corren cada vez con más ventaja, especialmente en Estados Unidos. En pocas palabras, los trabajadores estadounidenses serán exprimidos aún más, a menos que gobierno del presidente electo Joe Biden haga algo al respecto.
Esto refleja el aumento del exceso de oferta de trabajo (en octubre de 2020 trabajaron diez millones menos de estadounidenses que en febrero), la ausencia de políticas vigorosas para alcanzar el pleno empleo, y que los seguros de desempleo, pensiones y cobertura de atención sanitaria son inadecuados. Además, la recesión creada por la pandemia está incrementando el poder monopólico y monopsónico —principalmente en Estados Unidos, pero también en otros sitios— y acelerando la reducción en el largo plazo de la participación del trabajo en el ingreso total nacional.
En las últimas décadas, los aumentos en la productividad estadounidense fueron apropiados cada vez más por el capital y menos por la mano de obra. Entre 1979 y 2018 la productividad neta aumentó 69,6 %, pero el pago habitual a los trabajadores solo creció un sexto de ese aumento: 11,6 %.
La desconexión entre paga y productividad se percibe en toda la OCDE. En Polonia, por ejemplo, la productividad creció 2 % más que los salarios cada año entre 1995 y 2013. Esa diferencia representó 1,3 % en EE. UU., 0,7 % en Canadá, 0,5 % en Japón y 0,2 % en Alemania durante el mismo período. El promedio ponderado para la OCDE fue del 0,7 %.
Steven Strauss, de Princeton, sostiene que el COVID-19 está marcando el comienzo de una era de creciente concentración industrial. Los elevados rendimientos del comercio electrónico, la automatización y la tecnología reducirán la cantidad de competidores en varios mercados y las tiendas de las cadenas corporativas reemplazarán a muchos pequeños negocios locales.
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Esta tendencia obstaculizará aún más la capacidad de presión del trabajo para lograr mejores retribuciones y condiciones laborales. El éxito reciente de las empresas de transporte inmediato como Uber y Lyft para lograr la aprobación de la Propuesta 22 en California —que les permite seguir tratando a sus conductores como contratistas independientes en vez de empleados— puede ser simplemente el inicio de una renovada ofensiva antitrabajo.
¿Qué quieren los trabajadores?
Cuando cae la participación del trabajo en el PBI, sufren la demanda agregada, la inversión, la productividad y el crecimiento económico. Los responsables de las políticas estadounidenses deben, por lo tanto, comenzar a revertir con urgencia esta tendencia de décadas. En primer lugar, el Congreso debiera aprobar más pagos de estímulo para los trabajadores, reinstaurar los beneficios federales complementarios por desempleo y proporcionar más recursos a las escuelas públicas.
El gobierno de Biden tendrá margen de maniobra. Debería devolver el poder a los sindicatos a través de medidas del Ejecutivo que faciliten la negociación colectiva y fortalezcan la aplicación de las reglas que defienden los derechos de los empleados. Esto mejorará la participación del trabajo en el ingreso nacional, al aumentar la compensación para los trabajadores con ingresos bajos y medios. La nueva gestión también debiera implementar medidas de protección para la paga por horas extra y prohibir a los empleadores las cláusulas de no competencia para los contratistas independientes.
Exigir a todos los empleadores que proporcionen licencias por enfermedad con goce de sueldo debiera ser otra de las metas del nuevo gobierno. Las grandes brechas actuales en ese tema son una amenaza para la salud pública, debido a que el riesgo que suponen para las finanzas de los hogares de los trabajadores no los incita a quedarse en casa o buscar tratamiento médico. Precisamente, por eso es que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. y no el Departamento de Trabajo mantienen registros sobre las licencias con goce de sueldo.
El Congreso puede mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores si aumenta las penalizaciones para los empleadores que los clasifican incorrectamente e infringen el derecho laboral. De igual manera, el gobierno federal podría bloquear a los contratistas que violen crónicamente las leyes sobre trabajo y empleo, tercericen y contraten en el exterior, aumenten los dividendos o participen en recompras de acciones. Y ahora que varios estados aprobaron salario mínimo de US$15 por hora —el último fue Florida, donde el presidente estadounidense Donald Trump ganó en 2016 y 2020— es posible que unos pocos senadores republicanos se convenzan de la necesidad de aumentar el salario mínimo federal para llevarlo a ese nivel.
Además, los cambios permanentes en los programas del seguro social de EE. UU. fortalecerían la seguridad económica de los trabajadores. Elevar las pensiones reduciría el riesgo de que decenas de millones de empleados mayores en situación de fragilidad financiera inunden el mercado laboral una vez hayan retirado los fondos de sus cuentas jubilatorias. Evitar este escenario, a su vez, reduciría la presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores jóvenes y sus condiciones de empleo. De manera similar, la elegibilidad para los beneficios de desempleo debiera ampliarse dramáticamente (en especial para incluir a los trabajadores por encargo) y aumentar los niveles de beneficios.
Los empleadores debieran contar con mecanismos más fáciles para otorgar licencias en vez de deshacerse de los empleados durante las crisis, o de ofrecer acuerdos de trabajo compartido, como sostiene Arindrajit Dube, economista de la Universidad de Massachusetts. Finalmente, si el pleno empleo fuera la principal prioridad política, el gobierno se convertiría en empleador de última instancia, los camareros desempleados podrían dedicarse a rastrear los contactos con personas contagiadas o convertirse en asistentes escolares, por ejemplo.
El imperativo de la equidad
Los economistas podrían haber logrado mejores resultados durante la recesión debida a la pandemia, pero sus complicados modelos una vez más resultaron demasiado simplistas. Procuraron maximizar dos objetivos —salud y riqueza— modelando la forma de generar la mayor actividad económica con la menor cantidad posible de contagios, pero debieron incluir una tercera meta: la equidad.
Si los responsables de las políticas en la mayoría de los países ricos hubieran considerado la equidad, todas las escuelas y casi todas las empresas, excepto las menos valiosas y más proclives al contagio, hubieran seguido abiertas. La obligación de usar tapabocas, las multas por reuniones numerosas, el equipo de protección personal adecuado y la contratación de los desempleados como asistentes para la salud pública y las escuelas hubieran sido medidas clave para la salud pública. Por el contrario, el cierre de escuelas empeoró la desigualdad social. Muchos niños sin acceso a la educación privada (o cápsulas de aprendizaje en el hogar), internet y la supervisión de adultos quedarán desamparados.
EE. UU. y otras economías se arriesgan a funcionar muy por debajo del pleno empleo en 2021 debido al menor gasto de los hogares, las empresas y los gobiernos. Los responsables de las políticas debieran, entonces, usar todas las herramientas a su disposición para aumentar la demanda agregada, sostener el pleno empleo y corregir el actual desequilibrio de poder en el mercado laboral.
Cuatro décadas de políticas fiscales favorables a las empresas, regulación financiera permisiva y sesgo antisindical llevaron a que los empleadores no tuvieran que competir duramente por los trabajadores. La erosión de las pensiones, el crecimiento bajo o negativo del empleo en el sector público y la insuficiente inversión en educación colaboraron para debilitar la posición de los trabajadores que, de otra forma, hubieran asumido riesgos para cambiar de empleo o presionado para mejorar sus remuneraciones.
Al menos ahora el trabajo y sus derechos están recibiendo la atención que merecen. A diferencia de lo que ocurrió en la recesión posterior a la debacle financiera mundial de 2008, la crisis del COVID-19 generó un fuerte apoyo público a los trabajadores. Tal vez, finalmente, ese sentimiento se traduzca en medidas concretas que beneficien al trabajo y pongan un freno al Estado benefactor para las corporaciones.
Para garantizar una recuperación sostenible de la crisis actual y mitigar las secuelas económicas de la próxima, los responsables de las políticas deben priorizar a los trabajadores.
* Traducción al español por Ant-Translation. Copyright: Project Syndicate, 2020. www.project-syndicate.org.
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