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La disputa comercial entre Colombia y Ecuador acaba de entrar en una nueva fase dentro de la Comunidad Andina. La Secretaría General de la CAN confirmó este lunes que ya recibió los recursos presentados por ambos gobiernos contra las resoluciones que les ordenaron desmontar aranceles y restricciones impuestas desde comienzos de año.
La entidad informó desde Lima que Ecuador radicó “Recursos de Reconsideración”, mientras Colombia presentó “Reclamos” frente a las resoluciones 2581 y 2582, emitidas el pasado 7 de mayo. Ambas decisiones habían concluido que varias de las medidas ecuatorianas violaban el Programa de Liberación de la Comunidad Andina y restringían el comercio subregional.
La resolución 2581 cuestionó la decisión ecuatoriana de habilitar únicamente el paso de Rumichaca para el ingreso de mercancías colombianas. La 2582 apuntó contra la llamada “tasa de servicio de control aduanero”, un cobro que arrancó en 30 %, luego subió a 50 % y terminó escalando hasta el 100 % para productos provenientes de Colombia. Para la CAN, ese recargo funciona como un gravamen incompatible con las normas del bloque.
Dichos recursos serán tramitados y resueltos en estricto cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos en la Comunidad Andina”, señaló la Secretaría General en un comunicado.
El movimiento llega después de que venciera, el pasado 21 de mayo, el plazo de 10 días hábiles que la CAN había dado a ambos países para desmontar las barreras comerciales. Nada cambió. Ni Bogotá eliminó los aranceles recíprocos ni Quito desmontó las restricciones fronterizas y los cobros adicionales. El comercio sigue atrapado en la misma parálisis burocrática que ya golpea exportaciones, transporte y operación aduanera en la frontera.
Rumichaca continúa siendo la imagen más visible de la crisis. Camiones represados, agencias trabajando a media marcha y exportadores intentando sobrevivir a una relación comercial que, hace apenas unos años, operaba bajo arancel cero. La integración andina, ese concepto que los gobiernos suelen desempolvar en discursos diplomáticos, terminó convertida en una batalla jurídica entre socios que comparten frontera, energía y buena parte de su mercado regional. La geopolítica latinoamericana siempre logra encontrar maneras creativas de dispararse al pie.
Las cifras ya muestran el tamaño del daño. Según Analdex, las exportaciones colombianas hacia Ecuador acumulaban una caída cercana al 60 % a corte de marzo. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, las ventas externas pasaron de USD 173,5 millones a USD 109,3 millones. La energía eléctrica, principal producto exportado, se desplomó 77,1 % en el arranque del año.
Contexto: Colombia y Ecuador deben eliminar sus aranceles este 21 de mayo, pero todo sigue igual
Desde Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo recientemente que su país “no desacata” las decisiones de la CAN y defendió las restricciones bajo argumentos de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Colombia, mientras tanto, condicionó el retiro de sus medidas a que Ecuador moviera primero sus fichas. Diplomacia andina versión partida de póker: nadie baja las cartas hasta que el otro pestañee.
Las resoluciones emitidas por la CAN rechazaron buena parte de los argumentos de ambos gobiernos. En el caso ecuatoriano, la Secretaría concluyó que gastos asociados a scanners, drones, vigilancia y control fronterizo hacen parte de obligaciones normales del Estado y no podían trasladarse como sobrecostos al comercio colombiano.
Frente a Colombia, el organismo regional calificó varias de sus restricciones como “injustificadas” y “desproporcionadas”. Bogotá había defendido los aranceles recíprocos y las limitaciones aduaneras alegando razones de seguridad nacional y protección económica.
La CAN insiste en que todavía existe margen para una salida diplomática. La Secretaría General pidió nuevamente activar las mesas de trabajo acordadas entre ambos países el pasado 25 de marzo y reiteró su disposición para facilitar esas conversaciones.
“Con el propósito de solucionar por la vía diplomática las diferencias existentes, en pleno respeto del ordenamiento jurídico comunitario andino”, indicó el organismo.
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Mientras tanto, el reloj jurídico sigue avanzando. Los recursos presentados ahora abrirán un nuevo trámite dentro del sistema andino, aunque expertos y gremios ya habían advertido que las reconsideraciones no suspenden automáticamente el cumplimiento de las resoluciones. Si las medidas persisten, el conflicto podría terminar escalando ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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