Con documentos públicos “en cristiano” se logra un ahorro de $5.000 millones

El Estado se tomó el trabajo de traducir 50 documentos públicos de 22 entidades al lenguaje ciudadano y encontró que al hacer que cualquier persona comprenda la información que se le brinda sin necesidad de acudir a intermediarios o solicitar aclaraciones se logra también un ahorro conjunto de más de $5.000 millones.

Lea también: “Inequidad del país se reduce distribuyendo mejor los subsidios”

Según una encuesta de percepción ciudadana aplicada este año, 9 de cada 10 colombianos consideran que la administración no se comunica de manera clara y comprensible y que aún hace falta mejorar el acceso y comprensión de la información pública.

Para lograrlo, a lo largo del año se llevaron a cabo laboratorios de simplicidad (mesas de trabajo entre servidores y ciudadanos) para conocer, evaluar y transformar los documentos. Además del contenido se mejoró la estructura y el diseño de estas piezas.

La iniciativa es producto de la puesta en marcha de una Red de Lenguaje Claro por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en alianza con la Cámara de Representantes, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de los Andes y la EAFIT.

La red, que es la tercera de su tipo en Iberoamérica, tiene por fin implementar acciones que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje sencillo en el Estado. Además, la red promoverá la elaboración de estándares de lenguaje comprensible, la generación de espacios de promoción a nivel nacional e internacional de la estrategia y el desarrollo de iniciativas de innovación, medición, y cualificación en la materia.

“Con esta Red de Lenguaje Claro esperamos dar un paso más en la creación de documentos que sean fáciles de entender por el ciudadano y promover la eficiencia administrativa en las entidades del estado”, dijo Gloría Alonso, directora del DNP.

Esta estrategia se ha adoptado en todas las entidades públicas de más de 20 países del mundo como Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, el Reino Unido y la Unión Europea, con un marcado énfasis en la simplificación del lenguaje jurídico y administrativo.

En el caso colombiano, el DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), ha construido guías y herramientas metodológicas y de medición, que, según la entidad, cuentan con la validez científica que soporta la efectividad de la “traducción” a lenguaje claro de documentos estatales y el ahorro para las dos partes en tiempo y recursos.

Los análisis hechos ayudaron a disminuir la extensión en más de 15 % de los documentos y se reemplazaron palabras complejas en la totalidad de ellos. Entre las piezas más significativas se destacan la respuesta a solicitud de explicación sobre abono de cesantías a crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro (FNA); la respuesta para acceder al beneficio del programa Colombia Mayor de la Alcaldía de Medellín; el formato de derecho de petición de Superservicios, y el extracto de cuenta de Colpensiones.

Lea también: Duque alienta a participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo

Estas acciones permitirían un ahorro de más de $5.000 millones al año para el Estado y los ciudadanos, ya que se invertiría menos tiempo en responder peticiones, quejas o reclamos relacionados con la falta de comprensión de la información, así como en menos tiempo de elaboración y revisión de los documentos por parte de los servidores públicos. Por otra parte, los ciudadanos disminuirán tiempos de lectura y comprensión de los documentos y en los costos de desplazamiento a las sedes de las entidades, con el fin de solicitar aclaraciones.

El Estado se tomó el trabajo de traducir 50 documentos públicos de 22 entidades al lenguaje ciudadano y encontró que al hacer que cualquier persona comprenda la información que se le brinda sin necesidad de acudir a intermediarios o solicitar aclaraciones se logra también un ahorro conjunto de más de $5.000 millones.

Lea también: “Inequidad del país se reduce distribuyendo mejor los subsidios”

Según una encuesta de percepción ciudadana aplicada este año, 9 de cada 10 colombianos consideran que la administración no se comunica de manera clara y comprensible y que aún hace falta mejorar el acceso y comprensión de la información pública.

Para lograrlo, a lo largo del año se llevaron a cabo laboratorios de simplicidad (mesas de trabajo entre servidores y ciudadanos) para conocer, evaluar y transformar los documentos. Además del contenido se mejoró la estructura y el diseño de estas piezas.

La iniciativa es producto de la puesta en marcha de una Red de Lenguaje Claro por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en alianza con la Cámara de Representantes, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de los Andes y la EAFIT.

La red, que es la tercera de su tipo en Iberoamérica, tiene por fin implementar acciones que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje sencillo en el Estado. Además, la red promoverá la elaboración de estándares de lenguaje comprensible, la generación de espacios de promoción a nivel nacional e internacional de la estrategia y el desarrollo de iniciativas de innovación, medición, y cualificación en la materia.

“Con esta Red de Lenguaje Claro esperamos dar un paso más en la creación de documentos que sean fáciles de entender por el ciudadano y promover la eficiencia administrativa en las entidades del estado”, dijo Gloría Alonso, directora del DNP.

Esta estrategia se ha adoptado en todas las entidades públicas de más de 20 países del mundo como Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, el Reino Unido y la Unión Europea, con un marcado énfasis en la simplificación del lenguaje jurídico y administrativo.

En el caso colombiano, el DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), ha construido guías y herramientas metodológicas y de medición, que, según la entidad, cuentan con la validez científica que soporta la efectividad de la “traducción” a lenguaje claro de documentos estatales y el ahorro para las dos partes en tiempo y recursos.

Los análisis hechos ayudaron a disminuir la extensión en más de 15 % de los documentos y se reemplazaron palabras complejas en la totalidad de ellos. Entre las piezas más significativas se destacan la respuesta a solicitud de explicación sobre abono de cesantías a crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro (FNA); la respuesta para acceder al beneficio del programa Colombia Mayor de la Alcaldía de Medellín; el formato de derecho de petición de Superservicios, y el extracto de cuenta de Colpensiones.

Lea también: Duque alienta a participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo

Estas acciones permitirían un ahorro de más de $5.000 millones al año para el Estado y los ciudadanos, ya que se invertiría menos tiempo en responder peticiones, quejas o reclamos relacionados con la falta de comprensión de la información, así como en menos tiempo de elaboración y revisión de los documentos por parte de los servidores públicos. Por otra parte, los ciudadanos disminuirán tiempos de lectura y comprensión de los documentos y en los costos de desplazamiento a las sedes de las entidades, con el fin de solicitar aclaraciones.