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El Consejo Gremial, que agrupa a los 29 gremios más importantes del sector empresarial, envió una carta diferentes organismos internacionales en las que presentan su postura sobre el paro y alertan las consecuencias sobre la economía colombiana.
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El documento estaba dirigido a: António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Michelle Bachelet, alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH); Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva (E) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Consejo gremial criticó que a pesar de que el Gobierno retiró la reforma tributaria, el detonante del paro nacional, las protestas continúan.
“Las manifestaciones han continuado, y los actos de vandalismo e inseguridad han aumentado, generando un impacto demoledor en el proceso de reactivación económica, en la generación de empleo, en la sostenibilidad de las empresas y en el libre acceso a servicios de salud, a seguridad alimentaria, a servicios públicos domiciliarios, a la libre locomoción y a ejercer el derecho al trabajo. A su vez, las aglomeraciones han generado que los niveles de contagio de COVID-19 estén llegando a su punto más alto, profundizando la crisis hospitalaria. Hay regiones de Colombia que presentan desabastecimiento de alimentos, de combustibles, de medicamentos e insumos médicos; lo que ha generado afectación en el bienestar de las comunidades por la carencia y el sobrecosto de los alimentos y que las personas no puedan acceder a sus tratamientos médicos”, indica el Consejo Gremial.
Sin embargo, uno de los consensos que ha surgido entre los académicos es que el paro no se debe solamente por la reforma tributaria, sino que es la consecuencia del duro panorama social que vive el país. Por ejemplo, la pobreza monetaria pasó del 35,7 % (lo registrado en 2019) a 42,5% en 2020, implicando que 3,6 millones entraron a esta condición.
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Además, según el Dane la clase media se redujo en 2,17 millones de personas: bajando desde los 14,7 millones en 2019 a 12,5 millones en 2020. Y Cali, uno de los epicentros de las protestas, fue una de las ciudades más afectadas: 256.000 personas salieron de la clase media.
En la carta el Consejo gremial señala en varios puntos su apoyo al Gobierno Nacional, y sobre su manejo del paro.
“El Gobierno colombiano es garante del derecho a la protesta social, ha respetado y acompañado a los manifestantes en el ejercicio libre y pacífico de su derecho fundamental. Sin embargo, el desarrollo de varias de las manifestaciones se ha enmarcado en contextos de violencia, de daños a los bienes públicos y de bloqueos a las vías nacionales, restringiendo la libre locomoción de los ciudadanos”, señala el Consejo Gremial.
Sin embargo, organismos internacionales ya han criticado al Gobierno sobre el manejo de las manifestaciones. Por ejemplo, a comienzos de mayo la ONU y la Unión Europea condenaron exceso de fuerza contra manifestantes en Colombia.
“La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Consejo gremial termina la carta haciendo un llamado para que los organismos internacionales sean veedoras de “lo que está sucediendo en nuestro país y podamos construir sinergias que permitan superar la coyuntura y garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los colombianos”.