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La Contraloría alertó irregularidades en el uso de dineros públicos del turismo. Según el más reciente informe de hallazgos fiscales, la entidad detectó “incumplimientos graves” por COP 28.300 millones, correspondientes a recursos de la vigencia 2023 y a declaraciones presentadas fuera de tiempo.
El mayor incumplimiento se concentró en la planeación y gestión del proyecto de embarcaderos fluviales ejecutado por el Fondo Nacional del Turismo (Fontur) en 81 municipios. “La Contraloría determinó presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles faltas disciplinarias”, señaló.
El proyecto proponía instalar 88 embarcaderos fluviales, pero a fecha del informe solo habían cinco: Puerto Wilches, Santander; María La Baja, Bolívar; erro de San Antonio, Plato, y San Sebastián de Buenavista, Magdalena.
“La brecha entre la ejecución financiera y el avance físico evidencia fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual, que comprometen la eficiencia del gasto y la finalidad social del impuesto, generando riesgos para la sostenibilidad de las inversiones en los territorios beneficiados”, subrayó.
El segundo hallazgo se enfoca en la presentación de impuestos fuera de tiempo para los años 2021 y 2022, con presunta incidencia fiscal por COP 5.303 millones.
La entidad puso la lupa en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la DIAN, como las entidades claves en la gestión de dichos recursos.
Para determinar a las entidades, la Contraloría revisó la supervisión de los proyectos en las diferentes regiones y examinó los procesos de recaudo, declaración, fiscalización, administración presupuestal y ejecución contractual. Esto, afirmó, pone en riesgo la “promoción y competitividad del sector turístico del país”.
“La DIAN no ejerció de manera efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario”, afirmó la Contraloría, a pesar de que la normatividad le otorga competencias para “verificar, liquidar y sancionar el incumplimiento en la declaración y transferencia del impuesto”.
Para determinar a las entidades, la Contraloría revisó la supervisión de los proyectos en las diferentes regiones y examinó los procesos de recaudo, declaración, fiscalización, administración presupuestal y ejecución contractual. Esto, concluyó, pone en riesgo la “promoción y competitividad del sector turístico del país”.
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