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El predio Hacienda Simba, ubicado en el departamento de Sucre, fue pagado en un 60 % por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin que, a la fecha, haya sido escriturado ni transferido a nombre de la entidad, según un informe de la Contraloría General de la República publicado este jueves 18 de diciembre.
El negocio entre la ANT y la SAE
De acuerdo con el órgano de control, la ANT suscribió en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de $27.304 millones y desembolsó un anticipo de $16.382 millones. Sin embargo, más de 18 meses después, el proceso de transferencia del bien no se ha materializado.
La Contraloría advirtió que esta situación impide que el predio sea registrado contablemente dentro de los activos de la ANT y reconocido como parte del patrimonio público.
Además, la entidad señaló que, al no haberse formalizado la transferencia del dominio, el bien no puede ser adjudicado a los beneficiarios de la Reforma Rural Integral.
Los hallazgos administrativos de la operación
El informe de la Contraloría también presenta dos hallazgos administrativos relacionados con la compra del predio Hacienda Simba, uno de ellos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal.
Primero, según la Contraloría, el procedimiento de adquisición no se ajustó al marco normativo aplicable, al omitirse etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social. En consecuencia, la ANT mantiene recursos ejecutados sin el respaldo jurídico y contable suficiente.
Por otro lado, el órgano de control también evidenció un cambio en la destinación del predio. Aunque la compra fue concebida originalmente para beneficiar a comunidades campesinas, la ANT realizó una entrega provisional de cerca del 60 % del terreno a comunidades indígenas, sin un acto administrativo que justificara dicha modificación ni un ajuste presupuestal que la respaldara.
La Contraloría señaló que este cambio implicó el uso de un rubro presupuestal destinado a comunidades campesinas para un propósito distinto, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público.
Además, subrayó que la entrega provisional no sustituye el cumplimiento de las etapas formales del procedimiento ni garantiza la incorporación efectiva del predio al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.
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