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Un análisis de la Contraloría General, que abarca el período entre los años 2015 y 2018, evidenció falencias en el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados al programa de gestión del recurso hídrico en Colombia.
De acuerdo con el informe, de los $1,66 billones dispuestos en el Presupuesto General de la Nación como recursos de inversión para el sector ambiente solo se destinó el 11 % a la gestión integral del recurso hídrico. “En total, solo alcanzaron los $184.026 millones, de los cuales el 9 % fue asignado a proyectos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y el restante 2 % a proyectos del Ministerio de Ambiente”, puntualizó la entidad.
También señala que solo a 10 de las 23 corporaciones que reciben recursos para inversión provenientes del Presupuesto General les fueron aprobados proyectos bajo el programa gestión del recurso hídrico por un valor total de $153.257 millones, frente a los $30.770 millones del Ministerio de Ambiente.
A ello se le suman fallas en la ejecución de los recursos asignados al programa de gestión del recurso hídrico, que fue en promedio el 27 % para el periodo analizado. Según la Contraloría, esto puede significar “que las brechas de financiamiento más grandes no son de carácter presupuestal, sino que están relacionadas con la ausencia de planeación y la baja gestión de las autoridades”.
Además, señaló que las pérdidas de apropiación y las subejecuciones también son reiterativas en los recursos propios y administrados por las CAR, concretamente en los recaudados por los instrumentos económicos de destinación específica para el recurso hídrico, tales como tasas por utilización del agua, tasas retributivas y compensatorias, y contribuciones parafiscales del sector eléctrico.
“Los análisis hechos con base en los datos suministrados por 19 CAR concluyen que la inversión realizada por estas entidades es inferior al valor de sus recaudos, situación que sugiere graves problemas de planeación, coordinación y gestión de la inversión”, dijo la Contraloría.
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Por otro lado, un reporte realizado por la dirección de estudios sectoriales de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente alertó que las autoridades ambientales, particularmente el Ideam, no disponen todavía de una memoria confiable sobre las existencias de agua subterránea.
Así mismo, encontró que son pocas las CAR que cuentan con estudios enfocados a las necesidades de los sectores productivos, “por lo que son ellos mismos quienes, en muchos casos, han suplido por cuenta las necesidades de información sobre el recurso hídrico que requieren para sus actividades”.
Sobre la figura de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA)
La Contraloría también manifestó que, si bien se pensó en el Pago por Servicios Ambientales (PSA) como una alternativa útil para el posconflicto y el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, “persisten vacíos técnicos y operativos y ausencia de mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional que obstaculizan el éxito de esta estrategia”.
En esa línea, señaló que son escasos los proyectos de PSA que cuentan con evaluaciones de resultados que permitan la validación de las inversiones efectuadas. “La mayoría carecen de una única línea política y están desconectadas de los instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio”, indicó.
Dijo que aunque Inicialmente se previó utilizar la figura de los PSA en las áreas estratégicas de provisión de agua para las necesidades humanas, paulatinamente se extendió a otros ecosistemas estratégicos y se vinculó a otros actores no institucionales distintos a los municipios y autoridades ambientales, que son los que le están dando mayor impulso a estas políticas. Concluyó también que las CAR no han comprado con sus recursos ni poseen predios para atender dichas necesidades.