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La delegada para el Sector Agropecuario, de la Contraloría General de la República, estableció un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de COP 4.161 millones, derivado de la compra del predio “La Grosería”, ubicado en el municipio de Chimichagua (Cesar).
La compradora es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dentro de los procesos de adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.
La conclusión de la Contraloría es la adquisición del predio no cumplió con los criterios de uso del suelo establecidos en la normatividad vigente porque no cuenta con la capacidad productiva ni vocación agropecuaria.
Por lo tanto, la transacción “representó un uso inadecuado” de COP 4.161 millones disponibles para la Reforma Rural Integral, que fue lo que costó el predio. Para la entidad, la decisión va en contravía de la Ley 160 de 1994 y de los lineamientos del Acuerdo Final de Paz.
Así fue el proceso de compra
De acuerdo con lo establecido por el equipo auditor, el predio “La Grosería” se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble.
La Contraloría sostiene que, pese al conocimiento previo de esta situación, la ANT procedió con la compra del predio, aun cuando existía evidencia formal de dicha ocupación en el Acta de Compromisos suscrita entre entidades del orden nacional y municipal, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y las comunidades campesinas organizadas del Cesar.
El ente de control sostiene que en dicho documento se reconoció la existencia de asentamientos campesinos dentro del predio y se acordó:
- La instalación de una mesa de diálogo permanente para concertar soluciones a las problemáticas de tierra y territorio
- La realización de la oferta del predio por parte de los propietarios a la ANT, con el fin de incluirlo en su proceso de compra, decisión que dio lugar a la suspensión de los operativos de desalojo
- Se dispuso que los ocupantes indeterminados serían caracterizados a través del formulario de sujetos de ordenamiento, para evaluar si cumplían los requisitos para ser beneficiarios de los programas de acceso a tierras
¿Cuáles fueron las irregularidades de la ANT?
La Contraloría sostiene que la actuación se realizó sin que la ANT verificara previamente la situación jurídica ni el estado real de ocupación del inmueble, por lo que incumplieron los procedimientos técnicos y legales exigidos antes de su incorporación al Fondo de Tierras.
“Del análisis efectuado se determinó que la Agencia Nacional de Tierras viabilizó y ejecutó la adquisición del predio ‘La Grosería’ sin verificar el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos para la compra de predios rurales con fines de acceso a tierras, conforme a lo previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015″, resalta la entidad.
El estudio técnico de la Contraloría evidenció que la mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, categorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, por lo cual no cumple con los parámetros de aptitud y vocación productiva definidos en la normatividad agraria.
En consecuencia, el ente de control sostiene que la compra del predio no se ajustó a los criterios técnicos de selección y uso del suelo definidos para la Reforma Rural Integral.
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