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La reconstrucción de Mocoa, en el departamento de Putumayo, acumula retrasos de casi cinco años y las obras que se han ejecutado no están cumpliendo su función, según un informe de la Contraloría, que encontró irregularidades fiscales por COP 125.710 millones.
El informe corresponde a una Auditoría de Cumplimiento y a la atención de denuncias ciudadanas realizadas por la Contraloría General de la República al proyecto adelantado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para la reducción y mitigación del riesgo en Mocoa (Putumayo), en el marco del Plan de Acción Específico (PAE) para la reconstrucción del municipio.
El proyecto tiene un valor de $185.093 millones y la UNGRD también fue la encargada de contratar la obra y la interventoría.
Retrasos de casi cinco años
De acuerdo con la Contraloría, el proyecto presenta un atraso de casi cinco años frente a la fecha de terminación prevista dentro del programa de reconstrucción, y se prevé que no todas las obras puedan ser finalizadas. Durante la visita realizada por el ente de control entre el 12 y el 16 de mayo de 2025, se evidenció que el avance es significativamente inferior al estimado para esa fecha.
El organismo también estableció que no se cumplió con las actividades programadas en los periodos previstos y que la ejecución del proyecto no se realizó de manera coordinada o sistemática, como estaba planteado inicialmente.
Durante la auditoría del ente de control también se detectaron problemas en la identificación de los soportes contables, jurídicos y técnicos de las actividades ejecutadas, así como la ausencia de registros, anotaciones o alertas por parte de la interventoría sobre las actividades y el uso de los recursos.
También se identificaron pagos por actividades no programadas ni contratadas, saldos de recursos en poder de la UNGRD y deficiencias en la supervisión y rendición de cuentas.
Obras sin utilidad
La Contraloría advirtió que varias de las obras fueron ejecutadas de manera aislada, sin articulación entre sí, lo que ha afectado su funcionalidad. En algunos puntos, los cambios en el cauce del río han generado un nuevo riesgo para la población, ante una eventualidad similar a la catástrofe de 2018.
Según el informe, las pocas obras que se alcanzaron a construir no están cumpliendo su propósito de mitigación del riesgo.
Como consecuencia de la gestión, calificada como ineficaz e ineficiente por la Contraloría, el ente de control estableció que los recursos del Estado fueron pagados sin que se cumpliera la finalidad principal del proyecto. El hallazgo fiscal por $125.710 millones corresponde al total de los recursos girados por la Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), a los contratistas.
Finalmente, la Contraloría señaló que las fallas en la planeación, supervisión, interventoría, ejecución y rendición de cuentas comprometen la protección de la comunidad de Mocoa.
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