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A comienzos de agosto, El Espectador informó que una disputa contractual entre dos empresas, por más de COP 10.000 millones, podría poner en riesgo los servicios de telecomunicaciones en cientos de municipios del país.
Se trata de un conflicto entre ATP y Azteca. Esta última empresa, aunque comercialmente no puede ser tan conocida, tiene un peso considerable en las telecomunicaciones de Colombia. La compañía, de origen mexicano, tiene una posición de liderazgo en el transporte de datos e internet, con una notoria red de fibra óptica que cubre más de 900 municipios y alcanza el 83 % del territorio nacional.
Uno de sus proveedores es Andean Tower Partners Colombia S.A.S. (ATP), compañía que le brinda infraestructura pasiva, es decir, antenas y espacios de torres. Esta firma señaló que por incumplimiento en los pagos le terminará dos contratos marco de arrendamiento a Azteca, de los cuales se derivan 419 contratos de arrendamiento.
“Estos contratos brindan acceso a Azteca a los espacios y antenas necesarias para soportar parte de su infraestructura de telecomunicaciones, relacionada con la operación de la red del Proyecto Nacional de Fibra Óptica”, detalló en su momento ATP.
Con corte a julio, según lo explicado por ATP, las obligaciones pendientes de Azteca superan los COP 10.336 millones, además de intereses de mora que rondan los COP 567 millones. Tras la notificación, a la empresa de origen mexicano se le dio un plazo de 30 días para el retiro de sus equipos en los lugares arrendados.
TV Azteca ha controvertido la existencia y exigibilidad de la deuda, así como la validez de la terminación del contrato. Señala que este asunto debe resolverse en el marco del proceso de reorganización, y mediante un arbitraje.
TV Azteca controvierte la existencia y exigibilidad de la deuda, así como la validez de esa terminación, y afirma que el asunto debe resolverse en el proceso de reorganización y mediante arbitraje.
La lupa de la CRC
Recientemente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) señaló que le ha pedido información, de manera urgente, a TV Azteca y a ATP, para evaluar las reales implicaciones que tendría esta disputa contractual.
A las dos compañías se les dio hasta el medio día de hoy, 21 de agosto, para enviar la información requerida. La posición de la CRC es clara: “los usuarios no pueden cargar con una disputa entre empresas”.
La comisión ha señalado que no tiene la competencia para resolver este tipo de competencias entre particulares, ni emitir pronunciamiento alguno sobre la validez o los efectos de la terminación de los contratos, ya que esas decisiones corresponden al resorte de las autoridades judiciales.
No obstante, insiste en que “una diferencia contractual no puede resolverse a costa de la continuidad de la prestación de los servicios ni utilizar a los usuarios como instrumento de presión. Por esta razón, en ejercicio de sus funciones como regulador del sector, la CRC requirió la información necesaria para establecer el posible impacto sobre la prestación de los servicios y trasladó los hechos a la autoridad competente para proteger los derechos de los usuarios”.
Según lo explicado por Azteca, lo que haría ATP, una vez vencido el plazo fijado, sería el desmonte de sus equipos, lo que podría comprometer la operación de la red, afectando así los servicios prestados a entidades públicas, operadores de telecomunicaciones, proveedores regionales y usuarios finales.
Por su parte, ATP ha señalado que su empresa no presta directamente el servicio de internet ni tiene la facultad de suspenderlo. No obstante, señaló que podría retirar y almacenar los equipos si TV Azteca no lo hace dentro del plazo establecido.
Esta es la información que la CRC le requirió a las dos compañías
• La ubicación exacta de los 419 sitios involucrados.
• Los equipos instalados y su estado en cada sitio.
• Los servicios que dependen de esa infraestructura.
• Las actuaciones realizadas y las previstas respecto de los equipos.
• La eventual existencia de sitios en los que ya se hayan iniciado retiros o desmontes.
Sumado a lo anterior, TV Azteca deberá identificar los proveedores de internet, operadores móviles, entidades públicas, y demás clientes que podrían resultar afectados, así como estimar el número de usuarios potencialmente expuestos a una interrupción de los servicios.
El seguimiento de la SIC
La CRC también detalló que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) será la encargada de evaluar el caso y tomar decisiones de cara a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de las telecomunicaciones.
“La información que entreguen las empresas será analizada por la CRC y remitida a la SIC para complementar su evaluación. La Comisión mantendrá el seguimiento de la situación, especialmente durante la emergencia declarada por el Gobierno nacional después del sismo del 10 de agosto. En este contexto, cualquier interrupción puede afectar la atención de las comunidades, la operación de las entidades públicas y la coordinación de la respuesta institucional. Los usuarios que presenten fallas en sus servicios pueden reportarlas inicialmente ante su operador. Si no reciben una respuesta adecuada, podrán acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio”, detalló.
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