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A enero de 2026, la deuda del Estado con el sector energético ya suma COP 3,7 billones, según cifras del Consejo Gremial y Acolgen. La mayor parte corresponde a subsidios que el Gobierno debe reconocer a las empresas que prestan los servicios de energía y gas a millones de hogares vulnerables.
La cifra se divide en dos grandes bloques: COP 2,6 billones por energía eléctrica y 1,04 billones por gas natural. Como una cuenta que sigue creciendo mientras nadie la paga, cada mes aumenta alrededor de 410.000 millones.
Detrás de ese número hay un mecanismo que la mayoría de usuarios no ve. En Colombia, las familias de menores ingresos reciben un descuento en su factura de luz o gas. Ese alivio lo aplican de inmediato las empresas prestadoras del servicio, pero el dinero que cubre esa rebaja debe llegar después desde el Estado.
“Si el Estado no se pone al día, se hace insostenible mantener los descuentos que hoy alivian el bolsillo de las familias. Proteger esos beneficios requiere que los recursos fluyan a tiempo”, señaló Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen.
El sistema está operando con un vacío de caja que podría llevar a dos resultados: que se haga inviable sostener los subsidios actuales o que el impacto termine reflejándose en las tarifas.
Las estimaciones de Acolgen señalan que, en escenarios extremos, las facturas podrían aumentar hasta 140 %, aunque ese sería un escenario límite si el sistema llegara a desestabilizarse.
1/7 La energía y el gas de millones de colombianos están en riesgo. La falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero que amenaza la continuidad del servicio. Abrimos hilo sobre esta urgencia nacional. 🧵 @Acolgen @asocodis @Andesco1 @NaturgasCol…
— Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) March 12, 2026
Más cuentas en el tablero
Además de los subsidios pendientes, el sector energético señala otros dos saldos abiertos con el Estado.
El primero se remonta a la pandemia. Durante la emergencia sanitaria se creó la llamada “opción tarifaria”, un mecanismo que permitió diferir pagos para aliviar a los usuarios en medio de la crisis económica. Ese esquema dejó COP 2,2 billones pendientes que aún deben resolverse.
El segundo corresponde a algo ya señalado en el artículo: las entidades públicas no han pagado servicios ya consumidos, lo que suma $1,4 billones adicionales.
Ambos reflejan, de fondo, una tensión en el sistema energético.
La seguridad energética ha estado en debate en los últimos años. En el caso del gas natural, por ejemplo, Colombia dejó de ser completamente autosuficiente y ya depende parcialmente de importaciones para cubrir la demanda. Las proyecciones técnicas estiman que en 2026 el país necesitará importar entre 90 y 110 millones de pies cúbicos diarios, con una tendencia creciente hacia el final de la década, según Julio César Vera, presidente de Xua Energy.
Ese combustible importado llega a precios mucho más altos que los históricos del gas nacional. Mientras hace algunos años el gas local se movía cerca de USD 5 o 6 por millón de BTU, hoy puede oscilar entre USD 9 y 12, y el gas importado puede alcanzar USD 12 a 15.
En paralelo, el sistema eléctrico opera con márgenes cada vez más estrechos entre oferta y demanda mientras avanzan proyectos de generación que aún no entran en operación.
Hoy opera la terminal SPEC LNG en Cartagena, con capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales una fracción respalda demanda interna.
Wood Mackenzie proyecta que la capacidad de importación de GNL podría crecer hasta cerca de 1.300 millones de pies cúbicos diarios hacia 2028.
Ecopetrol y otros actores del sector avanzan en nuevos proyectos en Buenaventura, Coveñas y La Guajira, liderados por Ecopetrol y TGI (filial del grupo de Energía de Bogotá), como en la regasificadora del Pacífico, con capacidades de 60 millones de pies cúbicos diarios, previstos desde el segundo trimestre del próximo año. Y en Coveñas, a través de Cenit, se prevé importar 110 millones de pies cúbicos diarios en una primera fase hacia 2027.
El Gobierno también explora alternativas de suministro externo. Una de ellas es la eventual reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte para traer gas desde Venezuela, un proceso que podría tardar entre nueve y doce meses una vez se tomen las decisiones regulatorias y comerciales necesarias.
El choque de visiones
El Gobierno, por su parte, ha defendido que el país está avanzando hacia una transición energética que ampliará la generación limpia y democratizará el acceso a la energía.
“Sé que de nuevo cada semana seguirán apareciendo los comunicados y las entrevistas a jefes gremiales anunciando apagones inminentes y racionamientos, como anuncian los milenaristas el fin del mundo, pero nada de eso pasará”, insistió el ministro de Energía, Edwin Palma, en un artículo publicado en este diario.
Para Palma, las políticas actuales buscan transformar el modelo energético construido en las últimas décadas.
Sin embargo, para los gremios del sector, el debate inmediato no es ideológico, sino financiero: sin recursos para cubrir los subsidios ya otorgados, el sistema pierde liquidez.
Por eso las propuestas del sector se concentran en tres frentes urgentes: acelerar el pago de subsidios atrasados, resolver la deuda asociada a los alivios tarifarios de la pandemia y que las entidades públicas se pongan al día con los servicios que consumen.
Ese debate financiero ocurre en un momento especialmente sensible para el sistema energético. El propio Gobierno estima que el déficit de gas podría alcanzar cerca de 20 % de la demanda total este año, frente a alrededor de 4 % a finales de 2024.
Más de 38 millones de colombianos utilizan el gas natural en hogares, comercios, transporte o industrias, lo que convierte cualquier tensión en el sistema en un asunto con efectos directos sobre la economía cotidiana.
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