Deuda millonaria del Invías pone en jaque proyectos clave: ¿pasará efecto dominó?

La CCI aclaró que si bien la deuda es cercana al billón de pesos, la falta de pagos pondría en riesgo proyectos que suman más de $13 billones (valor equivalente, incluso, al presupuesto del sector transporte para 2025).

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El futuro de 57 proyectos de infraestructura clave para el desarrollo regional de Colombia está en juego. El Instituto Nacional de Vías (Invías) adeuda más de un billón de pesos a contratistas y consultores, una cifra que ha generado una crisis sin precedentes en la obra pública. Este panorama, agravado por la lenta ejecución del presupuesto, amenaza con detener las construcciones en el primer semestre de 2025, según alertó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional a que se adopte un plan de choque para el pago inmediato de lo adeudado con corte a 31 de diciembre, y se garantice un flujo de caja para las obras que se ejecuten en la presente vigencia”, dijo Juan Martín Caicedo, presidente del gremio.

Además de paralizar las obras, el agujero financiero podría causar la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) involucradas en los proyectos. La falta de pagos afecta el flujo de caja, impide cumplir obligaciones financieras y pone en jaque la viabilidad de estas compañías.

Esta situación fue discutida en una reunión reciente en el Ministerio de Hacienda, donde se planteó un plan de pagos mensuales para amortizar la deuda acumulada. Sin embargo, esta medida no garantizaría los recursos necesarios para continuar las obras en el corto plazo.

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Proyectos estratégicos en peligro

La CCI aclaró que si bien la deuda es cercana al billón de pesos, la falta de pagos pondría en riesgo proyectos que suman más de $13 billones (valor equivalente, incluso, al presupuesto del sector transporte para 2025).

Las obras afectadas incluyen iniciativas cruciales como:

• Transversal del Catatumbo ($305.728 millones).
• Variante San Francisco-Mocoa (cerca de $1 billón).
• Neiva - Florencia ($442.951 millones).
• Conexión Alta Guajira ($294.984 millones).
• Arauca-Casanare ($237.066 millones).
• Conexión Ciénaga - Barranquilla ($648.006 millones).

Estas regiones, entre las más vulnerables del país, dependen de estas inversiones para mejorar la conectividad y generar empleo. Actualmente, se estima que estas obras sostienen 336.000 empleos directos, indirectos e inducidos, un impacto social significativo que podría verse truncado si no se resuelve el problema financiero.

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Ejecución a medias y presupuesto reducido

Según la CCI, el presupuesto de inversión del Invías presenta cifras alarmantes: solo 38,7 % de los recursos asignados en 2024 fue ejecutado, el porcentaje más bajo en años recientes. Este nivel de subejecución no se observaba desde 2020, cuando la pandemia afectó la economía global.

Por su parte, un informe de Corficolombiana detalló que la ejecución del presupuesto de inversión de la entidad “ha alcanzado niveles mínimos en los últimos siete años, excluyendo el periodo de la pandemia”. Mientras que el presupuesto de inversión para 2025 acentúa arrastra una caída desde 2021, al pasar de $6,2 billones a $3,3 billones, regresando a niveles de 2017.

Carlos García, vicepresidente técnico de la CCI, recordó que el déficit se debe, en parte, por el congelamiento en las tarifas de los peajes y de las obras contratadas que no podían hacer los pagos. “En ese momento [el año pasado] sí había una condición del flujo”, afirmó. Sin embargo, el lastre de la deuda —que terminó pagando el Estado—, provocó restricciones de contratación.

Actualmente, el Invías está recogiendo fondos los excedentes de contratos de concesiones. “Entendemos que existe un recurso del orden de medio billón de pesos en ese fondo que va a ser utilizado por el Gobierno para ejecutar obra pública”, agregó García. “Sería retrasar esa ejecución de obra pública” y pagar la deuda, mientras se consigue el flujo de caja en fiducias.

Los analistas de Corficolombiana detallan que, precisamente, a día de hoy, las contribuciones de la inversión privada en APPs están amenazados por el cobro de peajes. En pocas palabras, la solución de congelar las tarifas de peajes (que debían aumentar acorde a la inflación de 2023) terminó ocasionando más problemas en el mediano plazo, ya que “no reflejan adecuadamente los incrementos inflacionarios pactados en los contratos y generan gran incertidumbre en el modelo”.

En el país hay cerca de 150 peajes de control estatal: 119 a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y 31 del Invías. El congelamiento de las tarifas ha ocasionado un déficit fiscal que le ha costado al Estado cerca de $500.000 millones para evitar líos con las concesiones. Para apretar el cinturón debido a los bajos ingresos del Estado, el Gobierno decidió descongelar el aumento, que se completará en abril con el aumento pendiente de 1,85 %.

Este retraso, además de apretar los ingresos que requieren tanto las entidades como las concesiones, “distorsionan los flujos financieros proyectados en los contratos, afectando la viabilidad de nuevos proyectos de infraestructura vial en el país”.

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Por otro lado, la falta de ejecución tiene consecuencias graves, como el riesgo de que las “vigencias expiradas” —recursos no utilizados en el tiempo estipulado— queden sujetos a trámites adicionales ante entidades como el Departamento Nacional de Planeación y el propio Ministerio de Hacienda. Esto, según la CCI, aumenta la posibilidad de que los contratistas nunca reciban los pagos pendientes.

Otro punto crítico es la ruptura de los contratos con Invías. El incumplimiento de los pagos conllevaría indemnizaciones por daños emergentes y lucro cesante, lo que podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios públicos y un detrimento patrimonial significativo para el Estado.

Entre los recientes contratos cancelados se encuentran consultorías y obras millonarias, debido a que “a la fecha no se cuenta con los certificados de vigencias futuras excepcionales”.

Por ejemplo, la gestión vial de la carretera Honda-Guaduas-Villeta, la variante Honda-Puerto Bogotá y El Korán-Guadauas, por un valor de $56.300 millones; y la gestión, operación y mantenimiento integral de las carreteras Santuario-Cruce Ruta 45 (Caño alegre), Los Llanos-Tarazá, Tarazá-Caucasia y La Pintada-Medellín, por un monto de $75.200 millones.

¿Qué se necesita para evitar el colapso?

La CCI ha solicitado al Gobierno un plan de choque inmediato. Entre las medidas urgentes, se requiere:

• La aprobación del Plan Anual de Caja (PAC) que garantice el pago completo de los recursos adeudados.
• Una estrategia para estabilizar el flujo de caja y asegurar que las obras puedan continuar en 2025.
• Soluciones para los recursos de vigencias expiradas, evitando que se conviertan en otra barrera para la ejecución de los proyectos.

Los proyectos en riesgo, además de ser fundamentales para conectar regiones apartadas, forman parte de los programas bandera del Gobierno, como “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, “El programa de la red fluvial” y “Colombia Avanza”. Estos buscan cerrar brechas sociales y económicas en zonas históricamente rezagadas.

El impacto de no solucionar la crisis va más allá de lo financiero. Para miles de comunidades, estas vías representan acceso a mercados, educación y servicios básicos, además de la oportunidad de romper ciclos de pobreza.

La deuda del Invías no es solo una cifra en los balances, sino un problema que afecta directamente el desarrollo del país. Resolver esta crisis requiere decisiones rápidas y efectivas para garantizar que los recursos lleguen a los contratistas, las obras no se detengan y el impacto social de estos proyectos se materialice.

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