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Ante catástrofes como la ocurrida el pasado 10 de agosto, el sector asegurador cobra especial relevancia, al convertirse en un mecanismo de protección para el patrimonio de las familias afectadas por el terremoto.
Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), con corte a marzo de este año, apenas el 9,3 % de las viviendas que podrían estar aseguradas contaba con una póliza. La cifra pone en evidencia una de las principales vulnerabilidades del país frente a desastres naturales: nueve de cada diez viviendas no tienen seguro.
“Existen 2.681.964 inmuebles asegurados, que representan COP 2.582 billones. De estos, 1,65 millones corresponden a viviendas y el resto a bienes comerciales, bodegas, almacenes, entre otros. Solo en viviendas tenemos COP 361 billones en valor asegurado”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
Con corte al pasado viernes, el sector asegurador en Colombia ha recibido 10.465 reclamaciones, con un valor preliminar de COP 281.000 millones. La mayoría de estas (más de 9.000) corresponden a bienes inmuebles, el resto está repartido en otros seguros, como los de automóviles, seguros de vida, riesgos laborales y de salud.
Fasecolda recordó que, tras el siniestro, los asegurados cuentan con un plazo de hasta dos años para presentar la reclamación. Una vez esta es formalizada, la aseguradora dispone de un mes para emitir una respuesta. Si supera ese plazo, deberá asumir el pago de intereses moratorios, de acuerdo con las condiciones aplicables al caso.
La federación señaló que está trabajando para hacer que los tiempos de respuesta sean menores y que cuenta con las reservas suficientes para responder a cada asegurado.
Esto último es importante, pues ante este tipo de desastres la disponibilidad de los recursos es crucial para atender las labores de reconstrucción, así como brindar protección a los afectados (con otro tipo de seguros, como los que tienen que ver con la salud, la vida y bienes varios).
La disponibilidad de estos recursos es posible gracias a las reservas que las aseguradoras han constituido durante décadas, así como al respaldo de las reaseguradoras. Estas últimas funcionan, en términos sencillos, como las “aseguradoras de las aseguradoras”: entidades, generalmente internacionales, que asumen una parte del riesgo que cubren las compañías de seguros y que, ante un siniestro, contribuyen a responder por una parte de las reclamaciones.
Se activa el protocolo
La federación explicó que, con base en lo registrado en los últimos años en otros países (como el terremoto en México), desde el año 2024 se tiene preparado un protocolo para activar este tipo de desastres naturales.
Este protocolo contempla la atención oportuna de las reclamaciones presentadas por los asegurados, así como el trabajo de los ajustadores, profesionales encargados de evaluar los daños y determinar el valor de las pérdidas para establecer el monto correspondiente de la indemnización. Lo que se busca con esto es reducir los tiempos de atención y respuesta.
También se incluye la publicación de reportes periódicos (los cuales empezarán a emitirse los viernes), con la información actualizada sobre cómo el sector viene respondiendo ante la emergencia.
“Es muy importante tener en cuenta que, aunque estamos haciendo un esfuerzo por consolidar la información, cada póliza debe revisarse de manera individual, pues las coberturas no son iguales. Por eso, todavía es prematuro determinar cuánto costará atender las afectaciones: incluso daños similares pueden tener tratamientos diferentes dependiendo de las coberturas contratadas. Además, hay muchos inmuebles afectados que no contaban con cobertura para sismos”, puntualizó Morales.
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