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Tristemente, decir que el sector agro está desfinanciado en Colombia es tanto una verdad de a puño como un elemento del paisaje fiscal del país.
Y, a pesar de que sea parte del panorama regular de las finanzas nacionales, la desfinanciación del agro sigue siendo un asunto crítico per se, pero lo es aún más si se tiene en cuenta que buena parte de lo que propuso el Acuerdo de Paz pasa por las narices del sector.
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En años pasados, la falta de financiación del agro era de las pocas cosas en las que se ponían de acuerdo legisladores de partidos tan opuestos como el Centro Democrático y el Polo, por ejemplo.
La historia vuelve a ser cierta para el presente proyecto de Presupuesto General de la Nación, que se encuentra en trámite en el Congreso.
Esta vez, la ministra del ramo, Cecilia López, aseguró que de los recursos pedidos se recibió menos de la mitad (49 % para ser exactos). Así las cosas, el Ministerio de Agricultura pidió $4,2 billones en mayo de este año, pero le fueron asignados $2,06 billones.
“Con ese presupuesto la capacidad de ejecución del sector está en una situación crítica. La situación fiscal del Ministerio de Agricultura y de sus entidades es crítica. Que quede claro, es imposible pedirle más al sector con estos volúmenes de recursos”, en palabras de la ministra López.
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La funcionaria le pidió al Gobierno realizar una adición de 30 % para poder cumplir con los enormes compromisos que tiene bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, que busca realizar una nueva reforma agraria (con un foco en redistribución de la tierra), así como una suerte de revolución productiva del agro, como parte de una agenda más grande de sustitución de importaciones, diversificación de exportaciones y transición energética.
La transformación del campo y la redistribución de la tierra son esenciales para el país que tiene en la cabeza el presidente Petro, de ahí que en su campaña política el tema estuvo entre los primeros puntos de la agenda.
Ahora, el Gobierno se mantiene en que la reforma agraria es una prioridad. “Colombia tiene que ser una potencia mundial en la producción de alimentos. Para esto se necesita una serie de elementos enmarcados dentro del punto uno de La Habana, que claramente habla de la gran reforma rural”, aseguró el mes pasado López, en entrevista con este diario.
López se mantiene en que no se necesita tramitar una nueva ley, teniendo en cuenta que no se ha aplicado la 160 de 1994 y que el país tiene el decreto 902 de 2017 para arrancar con la redistribución.
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La gran apuesta estará en la aplicación del catastro multipropósito. Cuando se logre, el Gobierno subirá los impuestos a la tierra, principalmente, para los grandes latifundios que se han beneficiado de los megaproyectos de infraestructura, por ejemplo. Con más impuestos, quienes tienen la tierra y no la aprovechan deberán ponerla a producir o venderla.
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