El efecto del Ingreso Solidario

El Ingreso Solidario equivale al 16,9 % del ingreso promedio para los hogares pobres.

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Hasta el momento, el Gobierno colombiano ha destinado $7 billones al pago de una mensualidad de $160.000 a través del programa Ingreso Solidario para tres millones de familias que antes no recibían ninguna ayuda y quedaron en riesgo tras la crisis que derivó de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta cifra aumentará cuando se amplíe la cobertura a alrededor de un millón adicional de hogares, como propuso el Gobierno en el proyecto de ley de inversión social. Sin embargo, es necesario revisar qué tan efectivo ha sido este gasto.

Lea la primera parte de este informe: Ingreso Solidario: ¿nuestra renta básica?

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un puñado de beneficiarios de Ingreso Solidario, concluyó que el programa fue exitoso en garantizar que los hogares en riesgo mantuvieran un nivel básico de ingresos al incrementar en más de 5 puntos porcentuales la probabilidad de que estas familias contaran con alguna entrada económica en los meses monitoreados (julio y septiembre de 2020) respecto a las que no habían sido elegidas.

Asimismo, el Programa para las Naciones Unidas (PNUD) resaltó que políticas como Ingreso Solidario y las demás implementadas por el Gobierno contuvieron la transición de pobreza relativa en 4 puntos porcentuales y de pobreza extrema en casi 5 puntos. “Estamos hablando de cuatro millones que no transitan a pobreza, eso realmente es remarcable”, destacó el representante del organismo en Colombia, Alejandro Pacheco.

Pero además la experiencia permitió comprobar que aumentar la probabilidad de que los hogares mantengan alguna fuente de ingreso no generó desincentivos a la participación en el mercado laboral, una de las críticas más comunes a los subsidios monetarios de este tipo, de acuerdo con la evaluación adelantada por el BID a través de encuestas a 3.500 hogares elegibles y no elegibles.

Del mismo modo, se comprobó que Ingreso Solidario incrementó el gasto en educación y elementos escolares de los hogares, así como la probabilidad de comprar artículos de limpieza. El gasto en alimentación, por su parte, aumentó dependiendo de la gravedad de la situación económica de los hogares por la pérdida de ingresos. Al final, los beneficiarios experimentaron un incremento sustancial en su consumo de alimentos respecto a hogares no elegibles en la misma situación.

“Ingreso Solidario atenuó los efectos nocivos de la caída de ingresos debido a la crisis evitando que se traduzcan en caídas en el consumo de alimentos. Si bien los efectos son pequeños, mostró que el programa puede prevenir deterioro en el capital humano debido a la dramática situación vivida durante la pandemia”, concluyó el organismo. Esto a pesar de que el análisis se enfoca en hogares de mayores ingresos para los cuales la transferencia representa una menor proporción de su presupuesto, “los efectos encontrados en la población podrían ser mayores en el caso de los más desfavorecidos”.

Esto llevó a que el PNUD recomendara mantener este tipo de programas sociales para acompañar el proceso de recuperación económica “realmente si estamos viendo que las proyecciones son de recuperación económica, no todos los actores están en las mismas condiciones para salir adelante, necesitamos poder acompañar con estos programas el proceso de recuperación económica para no dejar a nadie atrás”.

En la pasada reforma tributaria, que el Gobierno decidió retirar tras el estallido del paro nacional, el Ministerio de Hacienda planteó la posibilidad de dejar el programa de Ingreso Solidario permanentemente y ampliarlo para cubrir al 38 % de la población en pobreza extrema (1,3 millones de hogares) o en pobreza (3,4 millones de hogares). Además, buscaba aumentar el valor de la transferencia de acuerdo con el número de miembros de cada familia, lo que significa hasta 3,1 veces más ($571.435). Con esta modificación se reducirían aún más los indicadores de pobreza y desigualdad que cambiaron con la pandemia y el deterioro del mercado laboral.

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Con el proyecto de ley de inversión social la ampliación de Ingreso Solidario se limita a diciembre de 2022, año y medio más, y mantiene el monto de $160.000 por familia más un giro extraordinario único de $480.000. La única modificación que hace es extenderlo a un millón de hogares más en condición de pobreza extrema. Aun cuando el programa es mucho menor al inicialmente planteado por la limitación presupuestal, el Ministerio de Hacienda lo describió como “la red de protección social más grande en la historia del país”.

El director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, explicó que la literatura ha mostrado que para tener un efecto mayor en pobreza debe haber una calibración en los montos de la transferencia según el número de miembros por hogar. “Si dejáramos Ingreso Solidario tal como está hoy, la disminución en pobreza extrema sería de 1,1 puntos porcentuales y en pobreza de 2,6. Si hacemos los ajustes del proyecto de ley estaríamos hablando de 4 y 2,6 puntos porcentuales, respectivamente”, contó.

Frente a la posibilidad de aumentar el valor, el funcionario dijo que no es lo más relevante y obedece más a temas fiscales. La transferencia mensual de $160.000 por hogar equivale al 16,9 % del ingreso promedio para los hogares en pobreza en 2019, según la encuesta de presupuesto de los hogares del DANE. Para referencia internacional, la cifra equivale a US$43, según la tasa de cambio, y a US$121,47, de acuerdo con la paridad del poder adquisitivo, es decir, la relación respecto al costo de vida. Para Rodríguez, la conversación más importante es la del tamaño de los hogares, “esa variable se vuelve preponderante, es el factor a mejorar, porque $160.000 no es lo mismo para una persona que para seis”.

Pero las que plantea el Gobierno no son las únicas mejoras que se pueden hacer. Carlos Prada, vicepresidente del Centro de Estudios Económicos Anif, cree que el reto está en estructurar y focalizar el programa adecuadamente. “Tenemos que cambiar estructuralmente la forma en la que se dan los subsidios, el Estado debe conocer bien a todos los ciudadanos, qué hacen, cuánto ganan, cuáles son sus necesidades, cómo contribuyen con impuestos. Se requiere información detallada de los posibles beneficiarios para tener la certeza de que se está entregando plata a quienes la necesitan. Hay que dejar que las fuentes de datos del Gobierno hablen por sí mismas, ese es el instrumento más importante de política pública en Colombia”.

Para muchos economistas las transferencias monetarias no condicionadas son la base para una renta básica, universal o focalizada. Pero la transición no es tan sencilla. Según el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), antes de introducir estos programas es clave que sean congruentes con otras prioridades fiscales, como educación, salud e infraestructura, sin olvidar una revisión profunda sobre el método de financiamiento eficiente. “Un ingreso básico universal podría ser una opción si sirve para sustituir el gasto social ineficiente y no equitativo”, indicó.

Jorge Enrique Espitia y Luis Jorge Garay, investigadores del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional, calcularon que el costo de sacar a todas las personas de la pobreza monetaria en el país sería del orden de $3 billones al mes y de $491.000 millones en el caso de la pobreza extrema, cifras que salen de proyectar cuánto ingreso les faltaría a los colombianos en esa condición para ascender en la escala social.

“Llevar a todas las personas pobres o vulnerables a un salario mínimo tiene un costo muy alto, 23 % del PIB y nuestros ingresos son del 15 %, o sea no alcanza dado el recaudo que tenemos en el país. Por eso preferimos que se piense en la posibilidad de terminar al menos con la pobreza extrema y reducir de manera sustancial la pobreza”, dijo Espitia.

En ello coincide Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo: “Hay que tener un sentido de la realidad y de la responsabilidad, Colombia no tiene la capacidad de otorgarle a la gente un salario mínimo, estaríamos hablando de un costo de $60 o $70 billones, una cifra impagable e insostenible en el tiempo”. Su contrapropuesta es una renta focalizada en 21 millones de pobres con un monto de alrededor de $140.000 para un hogar de cuatro personas, “no es tan costoso y es viable fiscalmente a medida que se unifiquen otras rentas”, advirtió.

Lo cierto es que se necesita una estructura tributaria diferente, más progresiva, con menos exenciones, en resumen, que permita un mayor recaudo para cubrir las necesidades de las personas más afectadas con la crisis económica y social que desató el COVID-19. De lo contrario, el déficit fiscal solo aumentará y con él la incertidumbre de la recuperación económica del país.