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Usar el agua de fuentes naturales para una actividad económica, especialmente el agro, implica un costo que cobra el Estado.
Se trata de la Tasa por Utilización de Agua (TUA), un cobro ambiental a quienes extraen agua de fuentes naturales como ríos, lagos, acuíferos.
Sin embargo, desde algunos sectores de la agricultura se quejaban de su funcionamiento y el valor elevado que debían pagar, aunque no usaran el agua. De hecho, este era una de las peticiones que hicieron los arroceros en medio de los paros de 2025.
Ahora, el Gobierno Nacional cambió estas reglas de juego con el Decreto 0700 de 2026. La reforma busca fortalecer este instrumento mediante reglas más claras, transparencia y un mejor acceso a la información.
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La aplicación de este nuevo esquema de cobro comenzará a partir del primero de enero de 2027, para que en esa vigencia las autoridades ambientales adecuen sus sistemas de información, monitoreo y facturación, de manera que los cobros que se emiten luego de finalizado dicho año se ajusten a las nuevas disposiciones del Decreto.
El Ministerio de Agricultura asegura que incorpora criterios relacionados con las condiciones sociales y económicas de la población, la prelación de los usos del agua y la diferenciación de las condiciones de presión por demanda sobre las fuentes hídricas, con fundamento en los índices definidos por el Ideam.
Un aspecto clave de la modificación es el reconocimiento de las diferentes condiciones socioeconómicas de los usuarios en el territorio nacional.
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Esto facilita que el coeficiente socioeconómico que integra el factor regional de cobro deja de sustentarse en un único indicador macroeconómico para incorporar tres variables de carácter territorial:
- Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) municipales
- Categorías municipales y el Sisbén, cuando aplique
- El reconocimiento de los usos colectivos y comunitarios, para beneficiar principalmente a familias campesinas y productores agropecuarios
La normativa refuerza la destinación que, por mandato de la ley, tienen los recursos recaudados a través de la Tasa por Utilización de Agua, reiterando que las autoridades ambientales deberán destinarlos a acciones de protección, conservación, recuperación y monitoreo del recurso hídrico, así como a la preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos.
Con el decreto se busca una gestión del agua más equitativa que ayude proteger las fuentes hídricas y garantice que los recursos se traduzcan en acciones concretas para cuidar los territorios y fortalecer la producción de alimentos en Colombia, de acuerdo con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (e), Andrés Ocampo.
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