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14 Sep 2013 - 9:00 p. m.

El 'mico' de la reforma a la salud

El objetivo de quitarles poder a las EPS quedará a medias si se aprueba una propuesta que surgió en el Congreso, la cual fortalecerá a las que pertenezcan a las cajas de compensación familiar y debilitará a las privadas.

Redacción Vivir

La reforma a la salud les da privilegios a las EPS que pertenecen a las cajas de compensación familiar por encima de las EPS privadas. / Archivo
La reforma a la salud les da privilegios a las EPS que pertenecen a las cajas de compensación familiar por encima de las EPS privadas. / Archivo

En abril, cuando apenas comenzaba la discusión sobre la reforma a la salud, salió a flote una propuesta del Gobierno que generó revuelo. Que dividió a los partidos políticos y a los diferentes sectores del sistema. Que enardeció el debate y que, finalmente, llevó al Ministerio de Salud a desistir y a retirar del proyecto esa iniciativa que incomodaba a tantos.

Se trataba de la posibilidad de dar a los hospitales y a las EPS (Entidades Promotoras de Salud, que en el nuevo modelo de salud empezarían a llamarse gestores) para que realizaran integración vertical. En palabras sencillas, esto significa que ambos iban a tener la opción de invertir en equipos y en infraestructura propia para atender a sus afiliados.

La sola idea llevó al presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, a declararse “el enemigo más grande de la integración vertical”, argumentando que este mecanismo era “el corazón de la corrupción en el sistema de salud”. Gaviria señaló que su partido sólo apoyaría la reforma si se eliminaba esta propuesta. “Ahí es donde se roban la plata, porque de ahí sale la contratación”, repetía.

Aunque también había voces a favor y con argumentos sólidos, como la del presidente de Acemi (entidad que agremia a las EPS del régimen contributivo), Jaime Arias, quien sostenía que las EPS se estaban quedando sin quién atendiera las consultas y las cirugías en el nivel primario porque las clínicas y los hospitales “no dan abasto”, finalmente el Gobierno cedió y esa opción salió de su propuesta de reforma. Pero sólo por unos meses.

La polémica integración vertical revivió hace unas semanas en la Comisión Séptima del Senado, donde se le hicieron algunos ajustes al proyecto que había presentado el Gobierno. La revivió el Congreso por iniciativa del senador del Partido Conservador Gabriel Ignacio Zapata, pero bajo otras condiciones más controversiales aún. Al artículo 38 del proyecto de ley ordinaria, que busca reformar la salud, que prohíbe la integración vertical, se le agregó un parágrafo que se convirtió en una especie de salvamento para las cajas de compensación familiar. Estas últimas sí podrán utilizar este mecanismo y construir clínicas y hospitales, así como prestar los servicios.

El gran problema es que esas cajas de compensación son, en muchos casos, dueñas de EPS (tres de ellas en el régimen contributivo y 20 en el subsidiado), y en otros casos son accionistas de estas empresas (hay 15). La actual situación se podría traducir así: la reforma al sistema de salud, que buscaba quitarles poder a las EPS eliminándoles el giro director de recursos y la posibilidad de integración vertical, cumplirá ese objetivo a medias. Mientras unas pocas Entidades Promotoras de Salud quedarán atadas de manos (aquellas que son de naturaleza privada, porque el ajuste al proyecto también les permite la integración vertical a las EPS públicas y mixtas), muchas otras se fortalecerán. En otras palabras, si el proyecto de reforma a la salud se aprueba tal y como está planteado hoy, le dejará la puerta abierta a un numeroso grupo de EPS que aplastarán a las otras.

Lo más paradójico es que este ‘mico’ que se montó en el Congreso ya es público. El Ministerio, los diferentes actores del sistema, la Superintendencia de Salud... Todos reconocen lo que está a punto de suceder, pero todos coinciden en que ahora la decisión es de los legisladores. “Eso no estaba dentro de nuestra propuesta. Es cierto el temor. Y muchos lo interpretan como un esfuerzo de las cajas por quedarse con el sistema”, le dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a este diario.

Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, dice que es el Ministerio el que debe actuar: “Le han faltado definiciones drásticas. El Gobierno trata de encontrar soluciones salomónicas, de dejar medianamente satisfechos a todos, pero aquí tiene que decidir. Para nosotros no hay reforma si se mantiene la integración vertical. Debe ser cero”.

La gran crítica a esta decisión es la falta de equidad en las reglas del juego. Así lo expresa el superintendente de Salud, Gustavo Morales: “En el debate sobre si se debe prohibir o no la integración vertical hay argumentos muy fuertes de lado y lado, es una decisión que deberá tomar el Congreso, pero lo que no tiene sentido es que se anuncie con bombos y platillos una prohibición y luego ésta sólo se aplique a muy pocas EPS. La regla debería ser común para todos”.

La opinión de Gabriel Mesa Nicholls, gerente general EPS Sura, va en el mismo sentido: “Esto hace que las condiciones de competencia sean inequitativas y hace muy difícil que las empresas que son netamente privadas (como el caso de Sura) sigan participando y compitiendo”.

¿Cuál fue el argumento del senador Gabriel Zapata para revivir la propuesta? Y, ¿por qué dejó a unas EPS por fuera? Según Zapata, la decisión se tomó de esta manera porque “mis colegas fueron categóricos al decir que ellos no aceptaban que las EPS mantuvieran esa posibilidad, simplemente aceptaron a las de carácter mixto y a las cajas de compensación. Mi propuesta era que se mantuviera la integración vertical en general, pero ante la oposición de ellos propuse que fueran sólo las cajas de compensación porque cumplen una función social de prestarles un servicio a sus afiliados, han hecho una buena labor y no tienen ningún interés de actividades de negocio frente a este tema”.

Con argumentos similares Álvaro José Cobo, presidente de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), defiende la propuesta. Dice que con estas entidades “nació la salud familiar. Cuando la atención era exclusiva del Seguro Social sólo estaba protegido el trabajador, la madre gestante y los niños hasta los 2 años. Las cajas de compensación salieron a dar atención y protección a quienes no estaban vinculados al Seguro Social. Con la Ley 100 (de 1993, que es la que el Gobierno busca reformar) se les involucró como aseguradoras. Son entidades privadas sin ánimo de lucro y todos los recursos que se generan deben ser invertidos en el papel que desempeñan”.

Cobo argumenta, además, que la integración vertical es una necesidad porque en el país “faltan 30.000 camas para la atención en salud. Tenemos 10 camas por cada 10.000 pacientes, mientras en países similares hay 39 camas por casa 10.000”. Y concluye señalando que aunque la opción de que ellas (y no las EPS privadas) utilicen este mecanismo “fue una consideración que hizo el Congreso valorando y reconociendo nuestro trabajo”, están de acuerdo en que todas las EPS tengan esa posibilidad si el objetivo es mejorar el servicio a la gente.

Néstor Rodríguez, presidente de Compensar, y Armando Ariza Quintero, director de Comfamiliar Huila, coinciden en que no reclaman exclusividad frente a la integración vertical y en que ésta debería ser una decisión empresarial que estuviera regulada por los entes de control y no un mandato.

El origen de las cajas de compensación que narra Asocajas contrasta con una investigación del periodista Alberto Donadio, titulada “El espejismo del subsidio familiar”, en el que reconstruye cómo se “desnaturalizó” el objetivo con el que nacieron estas entidades. Así se lo resume el propio Donadio a El Espectador: en los años 50 un grupo de empresarios paisas propuso la creación de un subsidio familiar para los trabajadores que ganaban entre uno y dos salarios mínimos.

Dice que esa idea terminó con el surgimiento de unos “monstruos institucionales” de la mano de Roberto Arias Pérez, de Colsubsidio, y Arcesio Guerrero, de Cafam, “quienes decidieron que lo mejor no era darle la plata directamente al trabajador, sino construir con ella unas obras para su ‘beneficio’. Y a criterio de ellos empezaron a hacer supermercados, teatros de ópera, centros vacacionales... Algunas son y han sido buenas, pero otras no benefician realmente a los trabajadores, y menos a aquellos a los que les debía llegar el subsidio. Se desnaturalizó el propósito inicial y les dio a estas entidades un poder muy grande”.

Son dos versiones del pasado de estas entidades. El futuro se decidirá próximamente en el Congreso, en la plenaria del Senado.

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