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Esta fue una dura semana para el gobierno de Gustavo Petro en materia económica: el jueves, la Corte Constitucional decidió suspender el decreto de emergencia económica y los impuestos del estado de excepción, y el viernes el Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %.
En este nuevo escenario, en el que el presupuesto ya no contará con los COP 11 billones por impuestos que se esperaban recaudar con la emergencia económica y en el que, según el Ministerio de Hacienda, el costo de la deuda interna subirá por la decisión del Banco de la República, el presidente Petro anunció una serie de medidas.
Por medio de su cuenta de X, el presidente dijo que habrá un recorte de COP 16 billones. El mandatario defendió que su administración ya ha hecho dos recortes: uno por COP 12 billones y otro por COP 16 billones.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, señaló en la rueda de prensa en la que se anunció el aumento de las tasas de interés que el Gobierno tomaría varias medidas. Inicialmente, el Plan Financiero (un documento que muestra los ingresos y gastos del Gobierno para el año) se iba a presentar el viernes, pero ante la decisión de la Corte se espera que el Ejecutivo muestre sus cuentas fiscales en los primeros días de febrero.
Petro anticipó que el recorte de COP 16 billones anunciado no se hará en la inversión social ni en los gastos de seguridad y defensa. El mandatario también se refirió a una posible subida de aranceles que, aseguró, “debe ir hacia sectores de la agroindustria alimentaria y aparatos domésticos que no hagan parte de la canasta familiar”.
Asimismo, dijo que el endeudamiento del Gobierno debe buscar la deuda más barata y pagar la más cara o de corto plazo.
El presidente también cuestionó la labor de exfuncionarios de su gobierno, como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes.
Ocampo, en conversación con El Espectador, dijo que la situación fiscal es crítica: “El déficit fiscal del año pasado fue superior al 6 % y hay pronósticos similares e incluso peores para este año. La ley de financiamiento no fue aprobada por el Congreso y el Gobierno trató de pasarla por medio de la emergencia económica. Ahora tenemos la suspensión de la emergencia y seguramente se declarará inconstitucional de manera permanente. No habrá ingresos adicionales y, en esas condiciones, el resultado fiscal solo se soluciona con austeridad del gasto público, y hasta ahora el Gobierno no ha dado la menor señal de austeridad en el gasto”.
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¿Cómo llegamos a este punto?
La ley de financiamiento (en la práctica, una reforma tributaria) se hundió en las comisiones económicas conjuntas del Congreso en diciembre de 2025. Con esa decisión, el Presupuesto General de la Nación, por COP 546,3 billones, quedó con un hueco de COP 16,3 billones.
El 22 de diciembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica. Para justificar el estado de excepción, esta administración expuso ocho hechos económicos que incluyen el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento, la orden de la Corte Constitucional de equiparar en 95 % la UPC del régimen subsidiado y la necesidad de invertir en la infraestructura tecnológica para la Fuerza Pública, entre otras cosas. Sin embargo, este jueves el alto tribunal decidió suspender los efectos del decreto mientras estudia de fondo si la medida es constitucional.
Con esa decisión, quedó en pausa el cobro de los impuestos decretados en el marco del estado de excepción. Las medidas hasta ahora anunciadas por el Gobierno, que incluían aumento del IVA para licores y juegos de suerte y azar en línea, así como una sobretasa de 15 % para el sector financiero, buscaban un recaudo de más de COP 11 billones en 2026.
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Expertos, analistas y gremios han advertido que el hueco en el presupuesto va más allá de los COP 16,3 billones de la reforma tributaria que no aprobó el Congreso. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal señala que el recorte necesario supera los COP 40 billones.
Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, aseguró que el origen de la situación fiscal no es un hecho sobreviniente, sino el resultado de pronósticos de recaudo excesivamente optimistas que no se han cumplido desde el año 2024. “El problema fiscal es mucho más profundo que los COP 16 billones que se buscaban recaudar mediante la emergencia para el Presupuesto General de la Nación de 2026. De hecho, las metas de recaudo tampoco se cumplieron en 2025 y, bajo las proyecciones actuales, tampoco se cumplirán en 2026”.
Salazar insistió en que la salida a la crisis fiscal pasa por pronósticos de recaudo serios y creíbles, una racionalización efectiva del gasto público y un uso transparente de los recursos. Para el Observatorio Fiscal, la suspensión de la emergencia debe servir como una alerta institucional.
Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en derecho tributario, dijo a El Espectador que la decisión “genera un clima de enorme incertidumbre fiscal que afecta a los operadores internos y desestimula a los inversionistas internacionales: a un sistema que ya es suficientemente complejo y caótico se le suma esta inseguridad jurídica”.
Correa destacó que no se puede afirmar, como se ha sugerido, que la suspensión sea un indicio claro de un fallo de inexequibilidad a futuro. El análisis de la Corte Constitucional puede tomar entre tres y cuatro meses, según el experto. Por ahora lo cierto es que el cobro de los impuestos está suspendido.
La DIAN dijo a El Espectador que se alcanzaron a recaudar COP 1,2 billones por los beneficios tributarios decretados en el marco de la emergencia. El Gobierno todavía no tiene cálculos de cuánto se recaudó por concepto de otros impuestos, como IVA e impuesto al consumo.
Es en este contexto de dificultades fiscales que el gobierno de Gustavo Petro anunció un recorte por COP 16 billones. Seguramente, los planes del Gobierno se verán más claros tras la presentación del Plan Financiero, que realizará la próxima semana el Ministerio de Hacienda.
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