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El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se está discutiendo en el Congreso, sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad la discordia se encuentra en el artículo 91: “Las sociedades mercantiles sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, que no renueven su matrícula mercantil por un término de tres años o que no envíen la información requerida por dicha Superintendencia durante el mismo término, se presumirán como no operativas y podrán ser declaradas de oficio como disueltas por la Superintendencia de Sociedades”. Es decir, las empresas que no cumplan con estos requisitos se irían a liquidación.
La Supersociedades apoya el artículo argumentando que “este tipo de sociedades fachada, no operativas o de papel, son una enfermedad al no contar con una empresa productiva o un propósito legítimo de negocio y pueden ser usadas como instrumentos para llevar a cabo actividades ilícitas (lavado de activos, corrupción, etc.). Por lo que no agregan valor a la economía y son un riesgo para la preservación del orden público económico”.
Sin embargo, algunos analistas advierten sobre un posible incremento en las ya muy elevadas tasas de mortalidad de las pymes: según Confecámaras, el 70 % de las empresas mueren en los primeros cinco años. Se teme que el artículo del PND implique una reducción de cinco a tres años del tiempo máximo en que las sociedades comerciales y demás personas jurídicas pueden incumplir la renovación de la matrícula mercantil antes de que sean disueltas y liquidadas, tal como lo establece el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014. Una norma que busca depurar el Registro Único Empresarial y Social (RUES).
Para el empresario textil Mario Hernández, “sin duda alguna la propuesta del PND incrementará la mortalidad de las pymes. Muchas de las sociedades que hoy día no renuevan lo hacen por factores relacionados con excesivos y engorrosos trámites relativos a su tamaño o porque les resulta muy costoso en referencia al ciclo de maduración de su negocio. Las empresas fachadas o ilegales, dado que necesitan permanecer para cometer ilícitos, creo yo, siempre estarán al día”.
Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), explica que “este no es un tema nuevo, pues ya veníamos trabajando con el Gobierno al respecto para depurar las bases de datos de empresas. Yo creo que no es tan severo, pues antes de que liquiden a una empresa se debe notificar, por lo que tienen oportunidad de ponerse al día”.
No obstante, Quintero reconoce que “las tarifas de renovación en Cámara de Comercio son muy poco equitativas: pues la empresa más grande del país pagaría cerca de $1,6 millones por este trámite, una pyme puede pagar más de $150.000. Pero con el Gobierno ya venimos trabajando en esa materia y esperamos que este año se pueda bajar los costos de renovación para las empresas más pequeñas. Con esto esperamos mejorar las cifras de formalización. De esta manera la propuesta en el PND nos va a servir para depurar las bases de datos de empresas, pues hay muchas empresas de papel que no están activas”.
En efecto, la otra gran crítica es la existencia misma del trámite de renovación de matrícula mercantil. Incluso hay países que han venido acabando este costo para los empresarios. En 2010 la comunidad europea prohibió a las cámaras de comercio cobrar afiliaciones y renovaciones, y estableció que estos organismos deben generar sus ingresos por medio de servicios prestados.
El columnista de El Espectador Armando Montenegro señala que el artículo del PND va en contra del Conpes de formalización (el 3956, aprobado el pasado 8 de enero). “Se pretende, de esta forma, que el castigo por no renovar la matrícula mercantil sea bastante más severo que el que sufren las entidades que sirven como vehículos para cometer crímenes. Este artículo del Plan de Desarrollo contradice el documento del 8 de enero. Allí el Conpes reconoce que en la gran mayoría de los países no existe la obligación de renovar la matrícula y admite que las tarifas que se aplican a la matrícula mercantil y sus renovaciones son demasiado elevadas y, además, que su diseño es defectuoso y antitécnico”.
Por su parte, la Supersociedades asegura que “de ninguna manera este artículo obliga a la renovación de la matrícula mercantil (dispuesto en otras normas), ni ordena depurar el RUES, como ordena el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014”. Además, la entidad indica que “la sociedad podrá demostrar su operatividad, acreditándolo con los soportes respectivos, con independencia de si renueva o no la matrícula mercantil”, por lo que insiste en que esta propuesta no va en contra de los pequeños empresarios y emprendedores.
Tal parece que hay un problema de redacción en el artículo 91 del PND, pues, aunque en este documento se exprese la necesidad de la renovación de la matrícula mercantil, la Supersociedades asegura que la liquidación de una empresa se puede certificar con otros documentos, como facturas, gastos, etc. Sin embargo, si no renuevan la matrícula en cinco años se someterán a la ley ya vigente, la 1727 de 214, que sí castiga la falta de este requisito. Un enredo normativo que puede desorientar a cualquier empresario.
Entonces, pase lo que pase con este artículo, si es aprobado o no en el Congreso, hay un debate mucho más amplio que se tiene que resolver sobre los costos y trámites excesivos, y en algunos casos confusos, que hacen que emprender en Colombia sea más difícil que en otros países.
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