La discusión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las empresas por la situación del gas en Colombia se viene calentando desde 2024, pero en los últimos días llegó a su punto más álgido.
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Vanti, empresa que presta el servicio de distribución y comercialización en 105 municipios, incluyendo Bogotá, advirtió la semana pasada que, por la necesidad de importar gas, las facturas subirán hasta un 36 % en diferentes zonas del país desde febrero. Es decir, una familia que pagaba $20.000, pagaría más de $27.000. Algunos expertos señalan que en realidad ya ha habido aumentos.
El Ministerio de Minas y Energía les pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Superintendencia de Servicios Públicos investigar la situación, y el presidente Petro aseguró que las empresas están especulando y que han preferido importar gas caro, “porque eso eleva las tarifas de energía”. La Superservicios realizó visitas de inspección a Vanti el 7 y 10 de febrero, y en la noche del pasado miércoles la SIC inició su indagación en varias empresas del sector (incluyendo Vanti) y en Naturgás, el gremio que reúne a 29 compañías productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras. Las visitas continuarán en cerca de 11 empresas, incluyendo Ecopetrol.
Aun en medio de las discusiones políticas, son los usuarios los que sentirán el efecto más inmediato. Es difícil determinar cuánto aumentará el gas en cada zona, porque depende de los contratos previos de la empresa, de qué tan expuesta quedó a la importación y de la ubicación, pero desde ya se sabe que los usuarios que verían mayores incrementos en sus facturas son los del sur y centro del país, es decir, Tolima, Huila, Putumayo, Eje Cafetero, Risaralda, Quindío, Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia.
¿Especulación?
No es un secreto que la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y las empresas del sector de energía y gas es tensa. La prueba está en las múltiples declaraciones públicas que ha hecho el mandatario en contra de los privados y las respuestas en medios de comunicación y ruedas de prensa de los gremios, exigiendo respeto, mesura y acciones.
Desde el año pasado, funcionarios del Gobierno, que pidieron no ser citados, dijeron a este diario que la SIC estaba prestando atención a los contratos de gas. De todas formas, fue solo hasta esta semana que la Superintendencia arrancó las visitas a las empresas y a Naturgás. Por ahora se sabe que la entidad ha extraído información de algunos computadores y celulares. A partir de los datos que obtenga la SIC de esta indagación preliminar podría formular pliego de cargos. Queda un largo trecho para saber el resultado de las averiguaciones.
Naturgás señaló el pasado jueves que la SIC está realizando las visitas administrativas “en el ejercicio de sus competencias legales” y que el gremio está comprometido con la transparencia y el cumplimiento de la ley. La investigación al gremio ha generado algunas dudas. Los congresistas de oposición Carolina Arbeláez y Juan Espinal advirtieron que la SIC “está incurriendo en una presunta extralimitación de funciones, más aún cuando legalmente Naturgás no es un agente regulador ni agente del mercado”, y denunciaron que presuntamente se extrajeron del celular de Luz Stella Murgas, presidenta del gremio, conversaciones con congresistas, particularmente con ellos dos (Arbeláez y Espinal).
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, afirmó a este diario que la investigación arrancó el año pasado, en el marco de las actividades de monitoreo que realiza la entidad, por lo que, sostiene, ya estaban programadas desde hace tiempo y no respondieron a las declaraciones recientes del presidente Petro. “No se planificaron hace ocho días ni hace 15. Nosotros no obramos al calor de un mensaje, porque para las visitas se debe hacer un alistamiento y una indagación preliminar”.
Para este punto del proceso, explicó la superintendente, no hay agentes investigados. Las indagaciones a gremios, defiende Rusinque, no son una novedad, de hecho, en el pasado ha habido sanciones, por ejemplo, contra Acemi y Asocaña; incluso en esta administración, en el marco de la COP-16, la entidad ordenó medidas cautelares contra Cotelco.
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Frente a las denuncias de los congresistas, la superintendente aseguró que la SIC “no quita celulares, no rapa computadores ni hace allanamientos”, sino que solicita “el material probatorio” y las personas indagadas lo entregan, porque no hacerlo puede implicar sanciones administrativas. “En el caso de los celulares, se solicitan cuando se considera que tienen información, no de tipo personal, sino corporativa o relacionada con los mercados que estamos investigando. El software que usamos es garante de la cadena de custodia, de la inalterabilidad de la información; todo eso queda en la huella hash, que es un instrumento que ofrece garantías de que solo accedamos a lo que tiene que ver con las conductas investigadas”, sostuvo.
Exfuncionarios de la SIC, que pidieron no ser citados en este artículo, dijeron que la entidad sí tiene la competencia para realizar esta indagación. “Que la SIC entre y pida acceso es legal y rutinario, siempre que sea información que tenga que ver con la investigación, se ha hecho por décadas. El problema es el tufo político de la actuación, que pareciera que la SIC se ha convertido en cómplice del amedrentamiento del presidente”, aseveró una fuente.
Esta no es la primera vez que la Superintendencia a cargo de Rusinque es objeto de críticas, de hecho, la Procuraduría investiga a 16 funcionarios y contratistas por presuntas irregularidades en las visitas administrativas que realizó la entidad a la Registraduría y la Cancillería en marzo de 2024. Según la Procuraduría, se habría extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar. La superintendente se mantiene en que no ha habido abusos ni extralimitación de funciones.
Aunque Naturgás y Vanti no se han pronunciado sobre los hechos recientes, en varias ocasiones aseguraron que las empresas han hecho lo que se tenía que hacer para asegurar el suministro: importar gas.
Colombia importa desde 2016 para respaldar las plantas térmicas, es decir, para que esas plantas tengan el gas necesario para producir energía en los momentos que el país lo requiere, como las sequías, pero hasta diciembre de 2024 no se había hecho para atender la demanda. En Cartagena hay una terminal de importación y regasificación, SPEC LNG, como explica Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la capacidad es de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día; de esa cifra, 40 millones de pies cúbicos están disponibles porque los térmicos no los necesitan, esa es la cantidad que está comercializada. Es decir, cerca del 4 % de la demanda nacional se está supliendo con gas importado.
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La explicación de las empresas es que aunque solo se trata del 4 % de la demanda, los costos aumentan considerablemente por el precio de la molécula y el transporte. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, estima (cifras que también confirmó a este diario una empresa del sector) que por cada millón de BTU, en promedio, se pagaban US$6, mientras que el precio del importado está entre US$16 y US$18. Según datos públicos en la página web de la Bolsa Mercantil de Colombia, que es el gestor del mercado de gas natural, el precio promedio de todos los contratos de importación vigentes para febrero es de US$17,89.
El mayor precio se explica por la logística: para traer el gas desde la fuente, que puede ser Estados Unidos o Trinidad y Tobago, es necesario comprimirlo para que sea líquido (se conoce como GNL) y así transportarlo en buques especializados. Luego hay que regasificarlo para inyectarlo a la red nacional. En casos como el de Bogotá, también hay sobrecostos en el transporte: pasamos de llevarlo de los campos del piedemonte llanero, que era lo usual, a transportarlo desde Cartagena. Cabrales estima que si transportar cada millón de BTU de Cusiana a la capital del país cuesta US$1,73, transportarlo desde Cartagena cuesta US$4,87.
Además, como explica José Plata Puyana, experto en el sector y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, por pura lógica de mercado, cuando hay menos oferta los precios suben, de ahí que el gas local también aumentó de precio.
Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, cuestionó en redes sociales que Vanti esté revendiendo gas en el mercado secundario, aunque ya importa para cubrir faltantes: “Muchos volúmenes de gas nacional se ofertan en el mercado secundario, inflando su precio por reventas sucesivas”. Plata explica que no necesariamente se trata de especulación, porque la regulación obliga a los distribuidores a comprar el gas que asegure que toda la demanda estará cubierta en el escenario de máximo consumo, por eso hay casos en los que sobra gas y este se revende en el mercado secundario.
Camacho sostiene que los balances que ha hecho el Gobierno indican que existe el gas para abastecer la demanda y que la cartera está entregando la información a las superintendencias para determinar cuáles son los fenómenos que se están presentando y evitar que los usuarios se vean afectados. Las cifras siguen siendo una gran incógnita, pues los informes que el gestor del mercado publicó el año pasado también indicaban que habría gas para atender la demanda, pero incluyendo el importado.
Para Plata, si bien la SIC tiene la facultad para investigar, pareciera que la causa es la falta de gas y no el comportamiento de los agentes, entonces para él la respuesta estaría en la regulación. “La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) ya había advertido que habría estrechez en el mercado de gas desde principios de 2025. No es una sorpresa”.
Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), señaló que el gremio habló con el Gobierno, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG desde el año pasado para solicitarles dos grandes medidas. La primera, que controle el precio del gas doméstico poniendo un techo, que podría ser el promedio histórico, para evitar que por la ley de oferta-demanda haya aumentos desmedidos, también que se prioricen los contratos a largo plazo. La segunda es que se defina un único valor para el transporte de gas en el país, una estampilla, porque con tarifas que se acumulan el gas llega al interior del país con sobrecostos importantes, como ya se dijo.
Para el caso de los consumidores industriales, Fonseca afirmó que en noviembre de este año se vence el 75 % de los contratos de gas en el interior del país. Si el panorama sigue como va, los precios para los nuevos contratos serán muy altos. “El Gobierno conoce la situación. En vez de decir que se está especulando, que hay que abusos, que se debe investigar, debería regular para este período de escasez que durará varios años”, aseguró. La opción más clara para que Colombia vuelva a ser autosuficiente es el gas del pozo Sirius, pero este entraría al mercado hasta 2029.
Hay quienes respaldan la posición del Gobierno y hay quienes apoyan a las empresas, pero al final del día las pruebas y las investigaciones tendrán la última palabra. El problema, en este momento, es que entre tanta confrontación no parece haber soluciones, al menos no en el corto plazo, para los usuarios que sentirán un golpe en su bolsillo.
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