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Este martes se debate en las comisiones económicas del Congreso el monto del Presupuesto General de la Nación 2027.
El presupuesto radicado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, por COP 634,9 billones, representa un incremento del 14,2 % frente al vigente para 2026. Por rubros, el gasto de funcionamiento (COP 392,5 billones) tiene un incremento del 7,3 % y el servicio de la deuda (COP 155,4 billones) se dispara 54,7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del 37,3 % en los intereses. En contraste, la inversión (COP 86,9 billones) cae 2,8 %.
El monto creció COP 59,2 billones frente a la primera propuesta que había radicado el Gobierno de Gustavo Petro.
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Miguel Gómez, ministro de Hacienda, defendió que el presupuesto “sincera” las cuentas del país y que es el primer paso para revertir la tendencia de las finanzas públicas.
La noticia del presupuesto vino acompañada de la promesa de un ajuste fiscal. El ministro Gómez anunció la semana pasada que habrá un recorte de gasto por COP 21,9 billones este año. Las cuentas del Gobierno indican que con ese ajuste este año el déficit fiscal (que es la diferencia entre ingresos y gastos) bajaría de un 8,2 % del PIB a 7,2 %. El déficit primario (sin los intereses de la deuda pública) pasaría de 4,4 % a 3,3 %.
Además, el Ministerio de Hacienda anunció una ley de rescate económico que, según el ministro, no será una reforma tributaria, pues estará enfocada en reducir el gasto. La iniciativa buscaría un recorte estructural de unos COP 45 billones, equivalentes a cerca de 2,2 % del PIB, que se reflejaría en 2027. El objetivo es evitar que el déficit fiscal del próximo año llegue al 9,4 % del PIB. Con el ajuste, se ubicaría en 7,2 %. El déficit primario pasaría de 4,5 % a 2,3 %.
En la sesión, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo ante el Congreso que incluso con el ajuste planteado por el Gobierno los niveles de déficit “serían aún muy elevados e incompatibles con la recuperación de la regla fiscal vigente a partir del año 2028, tal como se planteaba en el Marco Fiscal”.
Villar destacó que mientras no se realice el recorte en el gasto, las cifras de déficit y deuda deben leerse como un punto de partida sujeto a un riesgo fiscal. La prudencia, agregó, también debe aplicarse a la financiación del presupuesto: el proyecto inicial contemplaba recursos de capital por COP 187 billones, el proyecto actual incorpora COP 287 billones, una variación de COP 100 billones. Los ingresos corrientes se estimaban en COP 325,8 billones y con la revisión se reducen a COP 315,1 billones.
Si se aprueba la ley de ajuste fiscal anunciada por el Gobierno, las necesidades de endeudamiento deberían moderarse en cerca de 2 % del PIB, es decir, COP 42 billones, dijo Villar.
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El gerente afirmó que desde el punto de vista del Banco de la República el sinceramiento del desequilibrio existente en las finanzas públicas constituye un paso en la dirección correcta que debe ser seguido por las medidas de racionalización del gasto. Sin embargo, advirtió Villar, aún con esas medidas planteadas para 2027 las finanzas públicas permanecerían en una senda más desequilibrada que la contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026 y de la requerida para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.
“La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años”, aseguró.
En las actuales circunstancias, dijo Villar, será útil que el Gobierno elabore un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo o un documento equivalente.
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