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Desde hace más de un año se estableció como ley en Colombia que el internet es un servicio público esencial: es decir, se reconoce como indispensable para el desarrollo de una persona y, por lo tanto, el Estado debe garantizarlo para toda la población.
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En otras palabras, por lo menos en el papel, en Colombia el internet debería ser más un derecho que un privilegio. Pero los datos muestran que esto sigue siendo algo irreal.
En entrevista con El Espectador, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic), Sandra Urrutia, aseguró que el reto de la conectividad es enorme. Cifras manejadas por la cartera muestran que solo el 60 % de los colombianos están conectados, mientras que en las zonas rurales y apartadas este indicador se reduce a 28,9 %; lo cual indica que más del 70 % de los colombianos en estos lugares está desconectado.
A este panorama hay que agregarle que la medición de la brecha digital no solo se limita a saber si hay una conexión a internet, sino que abarca otros componentes, como es el acceso a tecnologías que permitan esa apropiación (computadores, teléfonos celulares, tabletas…), además del conocimiento para su pleno disfrute y aprovechamiento (que sepan manejar estos dispositivos y sacarles provecho).
El acceso a las tecnologías de la comunicación ha demostrado ser la clave para el desarrollo y la competitividad, y esto no debe excluir a las poblaciones rurales. Más aún cuando sabemos que estar conectados y acceder a servicios en línea es uno de los marcadores que determina el panorama de pobreza multidimensional de una persona o familia.
La ministra Urrutia considera muy importante cerrar estas brechas en Colombia y, en efecto, el acceso a internet se convierta en un derecho. “Nos comprometimos a pasar del 60 % al 85 % en conectividad. Para eso estamos avanzando en una estrategia que tiene dos focos. El primero está concentrado en esa Colombia donde sí hay conectividad, acceso y conocimiento, pero donde se debe mejorar en apropiación; es decir, que las personas sepan que la conexión a internet les da la posibilidad de estudiar, conocer otros lugares del mundo, programar, hablar de inteligencia artificial, “blockchain” y demás temas que están revolucionando al mundo; el segundo se centra en esa Colombia profunda, adonde definitivamente el mercado no llegó, pero sí existe una población importante a la espera de que llegue el Estado”, detalla.
Sobre esto hay que recordar que, en el gobierno de Iván Duque, Colombia empleó la estrategia de los centros digitales, los cuales son nodos de conectividad que llegan hasta las zonas rurales y apartadas (de hecho, ya están en todos los municipios del país), en donde se instalan puntos de conexión gratuitos a internet, los cuales disponen de un rango de acceso wifi de hasta 100 metros a la redonda.
Vale recordar que este programa estuvo al borde de morir, luego de que la mitad del contrato se viera paralizada por la pérdida de recursos y la falta de ejecución por parte de la unión temporal Centros Poblados. En medio del escándalo, Karen Abudinen, exministra de las TIC, renunció después de pasar por una moción de censura en el Congreso. Al final, el programa quedó manchado con un sabor muy conocido en Colombia: una mezcla entre corrupción e incapacidad de gerenciar y ejecutar.
A pesar de esto, el proyecto sigue adelante y la porción del enorme contrato que quedó huérfano hoy es ejecutado por una alianza entre ETB y Skynet (la otra parte está en manos de Claro). Estas empresas no solo deben instalar los centros, sino garantizar su funcionamiento por 10 años.
Urrutia dijo que su cartera velará por la adecuada ejecución de los contratos que rodean estos centros digitales, pero que en el gobierno de Gustavo Petro la propuesta gubernamental será diferente, pues se concentrará en la promoción de pequeños operadores que se encargarán de desplegar la red en las zonas apartadas.
El plan fue anunciado hace unos días por el presidente Petro y generó diversas interpretaciones en la opinión pública, pues algunos entendieron sus palabras como que las mismas comunidades, sin conocimientos técnicos, serán las que conectarán los cables para llevar el internet hasta sus hogares; pero ese no es el plan.
Según la ministra, se trata de que el Estado reconozca los esfuerzos que hacen los pequeños operadores en estas regiones. Se refiere a pequeñas empresas que tienen el potencial de extender la red y llegar hasta esas zonas de difícil acceso a donde los grandes operadores no lo han hecho, porque no les representa un negocio.
Es importante que se trabaje de manera articulada con operadores que ya gozan de cierto protagonismo en el país, como WOM, para ayudar a reducir la brecha digital.
En entrevista con este medio, Faihan Alfayez, vicepresidente corporativo de WOM, dijo que, “desde el Gobierno y los entes regulatorios, es necesario evaluar aspectos como optimizar el uso del espectro, definir precios del espectro en línea con el promedio regional, agilizar los permisos de instalación para apoyar los planes de infraestructura de los operadores y simplificar los requisitos para el despliegue de red. Lo anterior, para poder generar un cubrimiento acorde con los estándares internacionales, y que además favorezcan el despliegue rápido y eficaz por parte de los operadores”.
Además, reconoce que el Ministerio de las TIC es consciente de la necesidad del país de nivelar los precios del espectro con relación al resto de América Latina. Esto implica un acertado paso para fomentar la inversión de las empresas en el mercado de las telecomunicaciones, lo que a su vez se traduce en más oportunidades de extender la red en el país y mejorar su calidad.
La conectividad es solo la punta del iceberg
A pesar de lo ambiciosos que puedan parecer estos proyectos, lo cierto es que lograrlas es apenas el punto de partida de muchos otros retos tecnológicos que el país debe afrontar. En tiempos en que se habla de grandes reformas, como la laboral, pensional y de salud, lo cierto es que sobre la cartera de las TIC recae un gran peso que muchos no ven: garantizar la infraestructura digital que necesitará Colombia para desarrollar su potencial productivo y competitivo en los próximos años.
En entrevista con El Espectador, el director ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, reconoció las capacidades técnicas y el liderazgo de la ministra Urrutia en su gestión, a quien califica como “una interlocutora razonable que no busca ganarse a los gremios, sino que se esfuerza por tener una relación constante con los mismos, lo cual es algo muy valioso”.
Aunque esto no significa que su gremio esté de acuerdo con todo lo que propone la cartera de las TIC, López piensa que hay posibilidades de diálogo y concertación en el gobierno de Gustavo Petro.
Al preguntarle cuáles son los principales temas que deberán abordar en esta administración, el directivo de Alianza In considera importante que se avance en la reglamentación de las aplicaciones de movilidad, que la reforma laboral incluya a las plataformas y respete a los trabajadores, y asegure la naturaleza de los negocios; que en el Plan Nacional de Desarrollo y en la reforma a la salud se den oportunidades de usar las tecnologías de forma preventiva y se regulen los criptoactivos y el crédito digital.
En un mundo en donde cada vez más nuevas tecnologías están apareciendo (metaverso y el auge de las inteligencias artificiales), López también cree importante que el Congreso se anticipe y cree reglas de juego generales, que no necesariamente tienen que entrar en detalles o particularidades (para que no se conviertan en camisas de fuerza que limiten su desarrollo), pero que sí definen unas reglas de juego que den seguridad jurídica a las empresas y a los consumidores que quieran invertir en estas.
A todo esto se suma la capacitación de la fuerza laboral colombiana en habilidades de la industria 4.0, como la programación, el análisis de datos y la seguridad informática, entre otras habilidades y profesiones. En todo el mundo hay un considerable déficit de estos talentos, de allí que grandes empresas tecnológicas estén pagando millonadas para atraer a quienes se han formado en estas áreas, incluyendo un gran número de colombianos.
Para que el país repunte en esta materia, se hace necesario que su fuerza laboral se capacite en estos temas. Con el apoyo del SENA y el Ministerio del Trabajo, la cartera de las TIC tiene la meta de formar a un millón de colombianos en estas habilidades.
“La ventaja del sector TIC es que no se requiere una carrera de cuatro años, sino que hay unos cursos certificados que les dan esas habilidades iniciales a nuestros colombianos para que podamos soñar en hacer trabajos en desarrollo de ‘software’, creación de videojuegos y ‘software’ de seguridad digital, que es tan importante”, concluyó la ministra.
En suma, a Colombia le falta recorrer un largo trayecto para desarrollar su potencial TIC, que sin duda será un eje transversal que acompañará a otras disciplinas e industrias. Reconocer la realidad del mercado y del país, así como trabajar en equipo, serán las claves para ejecutar un acertado plan en esta materia. Y todo esto unido a una correcta ejecución de las iniciativas, pues los diagnósticos y análisis abundan en el país, pero siempre parecemos quedarnos cortos en gestión.
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