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El Gobierno oficializó un nuevo estado de emergencia económica, mediante la expedición del decreto 0150, con el fin de enfrentar la situación que han generado las lluvias en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba.
El Ejecutivo argumenta que la ola invernal ha generado una situación extraordinaria que requiere recursos adicionales y medidas urgentes. El recaudo que se pretende tener bajo el amparo de este estado de excepción se usaría exclusivamente para atender la situación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, la Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó.
Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado cerca de 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 181 municipios de 16 departamentos.
La entidad calcula, según se lee en el decreto, que hay unas 87.054 hectáreas afectadas por las inundaciones.
En el caso de Córdoba, uno de los territorios más afectados, las inundaciones han provocado la destrucción de viviendas, daños en infraestructura y problemas en la prestación de servicios esenciales.
En una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro señaló que se trata de “una tragedia en curso” que no admite dilaciones.
Para el Gobierno, estas circunstancias constituyen un hecho sobreviniente e imprevisible que habilita la declaratoria de una nueva emergencia económica con el fin de movilizar recursos.
El Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la nueva emergencia económica, se adoptarán medidas para recaudar alrededor de COP 8 billones. Estos recursos se destinarían a atender los daños provocados por la ola invernal.
Según la cartera, los ajustes tributarios tendrían un enfoque progresivo. En particular, se plantean modificaciones al impuesto al patrimonio para que el recaudo provenga de los patrimonios más altos, específicamente aquellos superiores a COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con tarifas de 0,6 % y 1,2 %, respectivamente.
El Gobierno sostiene que estos recursos permitirían responder de manera más ágil a la emergencia climática y movilizar financiamiento adicional frente a los costos que deja la temporada de lluvias.
Los cambios propuestos en el impuesto al patrimonio afectarían principalmente a las empresas, una jugada que no es bien vista por algunos analistas, quienes recuerdan que una de las recomendaciones de la OCDE es aliviar la carga tributaria de las compañías.
Por el momento no se conocen más medidas que vendrían con la emergencia económica, pues estas deben ser incluidas en un nuevo decreto, como sucedió con la emergencia decretada en diciembre, que hoy se encuentra suspendida por orden de la Corte Constitucional.
¿Qué significa esta nueva emergencia para las finanzas del Estado?
Los anuncios de una nueva emergencia económica llegan en un momento en el que las cuentas públicas enfrentan presiones importantes.
El Presupuesto General de 2026 quedó con un faltante cercano a COP 16 billones luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento que buscaba aportar esos recursos adicionales.
Tras la suspensión de la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, el Gobierno anunció que recortaría el presupuesto para este año (no se conocen, hasta ahora, decretos que hagan efectivos esos recortes). Ahora plantea un nuevo recaudo por alrededor de COP 8 billones.
El panorama fiscal también está marcado por otras presiones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026 sumaría al menos COP 5,3 billones al déficit fiscal del próximo año y hasta COP 8 billones a partir de 2027. Según el Comité, el mayor impacto se explica por el aumento del gasto en pensiones y en salarios públicos, así como por una reducción estimada de COP 2,7 billones en el recaudo del impuesto de renta.
A esto se suma el nivel de endeudamiento externo. De acuerdo con el Banco de la República, en noviembre de 2025 la deuda externa del país se ubicó en USD 238.721 millones, equivalentes al 54,8 % del PIB. Aunque bajó levemente frente a octubre, se mantiene por encima de los niveles de enero de 2025. De ese total, USD 144.546 millones corresponden al sector público.
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