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El jueves 29 de enero la Corte Constitucional suspendió de manera provisional la emergencia económica que decretó en diciembre el Gobierno de Gustavo Petro, mientras estudia de fondo si la medida se ajusta o no a la Constitución.
Esa misma noche, la Sala Plena del alto tribunal también suspendió el decreto que establecía impuestos para financiar la emergencia (1474 de 2025), incluyendo aumento en el IVA para licores y sobretasa de 15 % para el sector financiero.
Ahora, empresas y gremios, como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), le han solicitado a la Corte Constitucional que suspenda el impuesto para salvar a Air-e (comercializadora de energía que está intervenida y presta servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena). Esta es una medida que impuso el Gobierno de Gustavo Petro en el marco del estado de excepción.
El decreto 0044 del 21 de enero de 2026 creó una contribución parafiscal para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. La contribución es del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos en la vigencia 2025 y aplica para las empresas de servicios públicos que desarrollen actividades de generación de energía. Con la medida se esperaba un recaudo de COP 300.000 millones.
Ese decreto también establece una “contraprestación tributaria” para que las empresas que generan energía hidráulica aporten, en especie, el 12 % de la energía vendida en bolsa. A cambio del aporte, habría un descuento en el impuesto de renta.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó a este diario que el jueves, cuando la Corte Constitucional suspendió la emergencia, todavía no estaba listado el decreto 0044. El documento se publicó el viernes y desde ese momento las compañías empezaron a enviar sus comentarios.
Las empresas entienden que el cobro también está en pausa porque el decreto madre de la emergencia económica está suspendido y, por lo tanto, la contribución no tendría piso jurídico, pero esperan que la Corte Constitucional lo aclare.
El alto tribunal todavía no ha entregado todos los detalles de la suspensión provisional, hasta ahora solo se refirió a dos decretos: el que estableció la emergencia y el que creó los primeros impuestos.
El pasado jueves, antes de que se conociera la decisión de la Corte Constitucional, la Superintendencia de Servicios publicó para comentarios una resolución que definía la liquidación del impuesto para salvar a Air-e. Hasta ahora, la entidad tampoco ha publicado una versión definitiva para el pago que, inicialmente, se dividía en dos cuotas, una el 2 de febrero y la otra mitad el 15 de mayo.
Desde que se conoció el decreto, las empresas advirtieron que era “confiscatorio”. Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, señaló en su momento que cuando Air-e fue intervenida la deuda estaba en COP 500.000 millones, pero en este momento ya supera los COP 2,5 billones. “No hay recursos en el Presupuesto General de la Nación para este tema, tampoco en el Fondo Empresarial, entonces ahora nos dicen que nosotros mismos tenemos que pagarnos la deuda del Gobierno”, dijo.
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