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28 Sep 2021 - 6:06 p. m.

Triple A recomienda bajar los aranceles de acero para construcción

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó bajar los aranceles para dos subpartidas de acero para concreto del 10 al 5% por seis meses. Se trata de un pronunciamiento de gran expectativa por la disputa que se generó entre Camacol y la Andi.
Las importaciones de acero para concreto sumaron US$134 millones CIF (186.421 toneladas) en el primer semestre de 2021.
Las importaciones de acero para concreto sumaron US$134 millones CIF (186.421 toneladas) en el primer semestre de 2021.
Foto: Mauricio Alvarado

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) recomendó bajar del 10 al 5% los aranceles a dos subpartidas de acero largo para concreto (HS7214.20 y HS7213.10) por un periodo de seis meses, el cual podría ser prorrogable por otro semestre pero no más de un año en total. Se trata de un pronunciamiento de gran expectativa por la disputa que se generó entre dos de los principales gremios del país: la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la ANDI, a través de su Comité Colombiano de Productores de Acero (CCPA).

Lee aquí todo sobre la disputa entre Camacol y la Andi: La construcción choca con el acero

El origen de la tensión fue una solicitud que presentó Camacol ante el Ministerio de Comercio de desmontar el arancel del 10 % a las dos subpartidas del acero largo que se usa para la construcción de vivienda. El gremio constructor justificó la petición en que los constructores estaban sufriendo por el desabastecimiento y el encarecimiento del acero para concreto.

Sin embargo, la solicitud de Camacol fue fuertemente rechazada por los productores nacionales del acero, advirtiendo que desmontar los aranceles inundará el mercado interno y golpeará fuertemente la industria nacional, pues le abriría la puerta a jugadores como China y Turquía, que han sido denunciados internacionalmente por prácticas de competencia desleal. Además, la ANDI acusó a Camacol de distorsionar las cifras con las que argumenta que hay desabastecimiento de acero para concreto, y asegura que la capacidad instalada interna es suficiente para satisfacer toda la demanda del sector.

De esta manera, el pronunciamiento de la Triple A da respuesta a la solicitud de Camacol. La recomendación no implica desmontar el arancel, pero sí representa una reducción temporal (máximo un año) importante para dos subpartidas que tan solo en el primer semestre de 2021 sumaron más de US$134 millones CIF (186.421 toneladas) en importaciones.

“Esta medida de carácter temporal atiende la necesidad de encontrar un balance entre las peticiones de cada uno de los sectores productivos involucrados: construcción e industria siderúrgica. La recomendación del Comité Triple A busca disminuir el costo de los insumos de la construcción de viviendas y garantizar el abastecimiento de la materia prima para las obras de infraestructura de manera competitiva”, indicó la Triple A.

El organismo agregó que recomendó reducir temporalmente el arancel “reconociendo las importantes inversiones en modernización tecnológica y capacidad instalada que ha hecho la industria siderúrgica nacional, para incrementar su producción y así poder atender la demanda creciente de estos productos”.

Frente a la decisión, la CCPA indicó que “durante el proceso de argumentación (en las audiencias de la Triple A) los productores colombianos advirtieron sobre los devastadores efectos que la medida tendrá sobre la industria. Esta decisión, que carece de sustento técnico, es un golpe a la inversión extranjera en el país, que en el caso del acero colombiano asciende a los US$620 millones en los últimos cinco años, incluyendo los $270.000 millones invertidos en la nueva planta en Palmar de Varela (Atlántico) de Ternium en plena pandemia, y además pone en riesgo más de 45.000 empleos directos e indirectos que dependen de esta industria”.

Por su parte, Sandra Forero, presidenta de Camacol, indicó que “esta recomendación, y su pronta puesta en marcha, es fundamental para el proceso de reactivación económica del país, la generación de empleo y la sostenibilidad de los proyectos de vivienda de los colombianos, y además, atiende al interés general, de los más de 4 millones de trabajadores del sector de la construcción, los 400.000 colombianos que se benefician de la vivienda social anualmente, y de un tejido empresarial que representa la mitad del aparato productivo del país en sector que genera inversiones equivalentes a 8 puntos porcentuales del PIB anualmente”.

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