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El país podría quedarse sin buena parte de su gasolina y diésel antes de terminar noviembre. Lo que comenzó como una disputa tributaria entre la DIAN y Ecopetrol amenaza ahora con convertirse en un riesgo operativo y financiero de proporciones nacionales: la Refinería de Cartagena (Reficar) podría detener su producción en 15 días, según reveló Caracol Radio.
La controversia gira en torno al concepto tributario emitido por la DIAN en diciembre de 2024, según el cual Ecopetrol debe pagar IVA del 19 % sobre la gasolina y el diésel importados, incluyendo los productos que salen de Reficar, pese a que la refinería opera bajo régimen de zona franca.
En términos simples, la autoridad tributaria considera que cada litro de combustible producido en Cartagena y vendido en el país equivale a una importación, por lo que está sujeto al mismo impuesto que los combustibles extranjeros.
Un cobro que mira hacia atrás
El problema no está solo en el futuro, sino en la retroactividad. La DIAN decidió aplicar el concepto con efecto sobre los años 2022, 2023 y 2024, lo que acumula una supuesta deuda de COP 1,5 billones para Reficar.
Tras un proceso de apelación, el recurso de reconsideración fue negado, obligando a la empresa a pagar al menos 1,3 billones de pesos.
Si el pago no se concreta, la entidad puede ejecutar embargos sobre las cuentas bancarias de la refinería, lo que implicaría la paralización de operaciones en un plazo estimado entre 7 y 18 días.
Un efecto dominó que alcanza a Ecopetrol
Más grave aún: un eventual embargo podría detonar una crisis financiera en cadena.
Ecopetrol tiene bonos internacionales con cláusulas que establecen que si la empresa o alguna de sus filiales es embargada por más de USD 100 millones (alrededor de COP 400.000 millones), se activa una cláusula de incumplimiento (“default”), que permitiría exigir el pago anticipado de la deuda total de la compañía, calculada en COP 120 billones.
Es decir, si la DIAN ejecuta el embargo, no solo se apagaría una refinería, se encendería una bomba fiscal y financiera.
Ecopetrol y Reficar alertaron desde mayo que la interpretación de la entidad fiscal sobre el IVA en combustibles podría escalar hasta COP 21 billones en cobros retroactivos.
Solo entre 2022 y 2024, el cobro es de COP 6,3 billones corresponden a Ecopetrol y COP 1 billón para la Refinería, más intereses estimados a la fecha por parte de la compañía por alrededor de COP 2,1 billones. El saldo inmediato asciende a COP 9,4 billones sin los retroactivos.
“Es una circunstancia muy compleja para cualquier empresa”, dijo en su momento Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. “Que nos digan que no se debía aplicar el IVA del 5 %, sino del 19 % en la operación asociada a la importación de gasolina, no solo de ahora, sino desde tres años atrás”.
En una misiva, la petrolera advirtió que “se evidencia una diferencia de interpretación normativa entre dicha entidad y las compañías del Grupo Ecopetrol requeridas”.
Desde entonces, el último mensaje público de la junta directiva subrayaba su “compromiso de informar y revelar a los accionistas de manera responsable las decisiones relevantes para los intereses de la organización”.
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