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La administración del presidente Donald Trump se prepara para extender por otros 60 días la exención que permite a Chevron Corp. mantener sus operaciones en Venezuela, mientras avanzan las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro sobre ciudadanos estadounidenses detenidos en el país.
La medida sería anunciada el martes, según informó Bloomberg citando a una fuente con conocimiento del tema, coincidiendo con el viaje del enviado especial Richard Grenell a Antigua para reunirse con representantes del gobierno venezolano. La Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.
El Departamento del Tesoro había fijado el 3 de abril como la fecha límite para que Chevron cesara sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, esa fecha ya había sido prorrogada previamente. Chevron opera en el país bajo una licencia especial que la autoriza a seguir funcionando pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Tras conocerse la noticia, los bonos venezolanos experimentaron un repunte. Los títulos soberanos con vencimiento en 2031 subieron 0,5 centavos, alcanzando su máximo de la sesión.
Ese mismo día, la activista Laura Loomer publicó que Grenell regresó de Antigua acompañado por Joe St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU. que había estado detenido en Venezuela.
Chevron representa actualmente cerca del 20 % de la producción petrolera del país, y su presencia ha sido clave para el ingreso de divisas al sector privado venezolano. La continuidad de sus operaciones es vista como un factor relevante para la estabilidad económica local.
En días recientes, Maduro agradeció públicamente a Trump por permitir la reunificación de una niña venezolana con su madre en Caracas, hecho que algunos interpretan como una señal de posible distensión en las relaciones bilaterales. Además, Venezuela ha reanudado vuelos regulares para la repatriación de sus migrantes desde Estados Unidos.
Por otro lado, la Corte Suprema de EE. UU. avaló recientemente una medida de la administración Trump que permite poner fin a las protecciones legales para unos 350.000 venezolanos, exponiéndolos a posibles deportaciones.
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