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El Gobierno radicó, ante el Congreso de la República, la Ley Minera este miércoles 1 de octubre. Al respecto se pronunció la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que explicó su preocupación y rechazo a la iniciativa.
La ACM asegura que la nueva ley minera excluye la iniciativa privada en el desarrollo del sector. De acuerdo con la Asociación, el esquema que propone el Gobierno para la actividad minera será adelantada principalmente por empresas estatales y solo se permitirá la vinculación de terceros cuando su desarrollo sea imposible para el Estado.
Esto “limitaría de manera significativa la libertad de empresa”. De expedirse, el sector minero quedaría sumido en una parálisis sin precedentes, pues los territorios quedarían expuestos a la explotación ilícita de minerales, en manos de organizaciones criminales, con las consecuencias sociales y ambientales que traería, asegura Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
“Esta no es una Ley Minera, es una Ley antiminera, porque no promueve el crecimiento del sector, por el contrario, lo debilita. Vulnera la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia. Valores constitucionales que deben ser respetados por cualquier ley de la República”, recalca Nariño.
¿Qué propone el proyecto y qué rechaza la ACM?
Estos son los principales puntos que destaca el Ministerio de Minas y Energía del proyecto de ley:
- Establece zonas excluidas (ZEM) y zonas aptas (ZAM), con especial protección a áreas ambientales, culturales y socioeconómicas.
- Reconoce un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, con derecho de prelación y contratos especiales.
- Impulsa un modelo que supere el extractivismo, fortalezca la economía productiva y garantice que el conocimiento geológico sea de utilidad pública.
- Exige licencia ambiental desde la fase de exploración, establece un cierre progresivo integral (minero, ambiental y laboral) y mayores responsabilidades frente a los impactos sociales y ambientales.
- Ajusta las reglas de regalías y canon superficiario, incorpora pagos sobre ganancias bursátiles y prevé contraprestaciones ligadas a la producción y precios del mercado.
- Crea un marco especial para pequeños mineros y mineros tradicionales, con un registro abierto por tres años, contratación diferencial y medidas de reconversión productiva.
- Fortalece la potestad sancionatoria con nuevas causales de caducidad, incluyendo daños al agua, violación de DD. HH. o uso de mano de obra infantil.
- Obliga a que al menos el 50% de la mano de obra contratada provenga de la región, fomenta encadenamientos productivos y la transferencia de tecnología.
Sin embargo, la Asociación sostiene que la iniciativa va en contravía del desarrollo minero, pues multiplica las áreas de exclusión y restricción de manera indiscriminada, incluso se impide las operaciones en zonas que hoy son compatibles con la minería.
Otra preocupación de la entidad es que queda explícita la prohibición absoluta de la exploración y explotación de carbón térmico, “sin ningún plan, sin rigor técnico, sin análisis de impactos sociales, fiscales o energéticos”.
También alertan que la Autoridad Minera quedaría con una discrecionalidad para decidir dónde y bajo qué condiciones podrá desarrollarse la minería, sin criterios claros.
“Una ley de esta trascendencia, que busca redefinir las reglas de juego para toda una industria, para todo un país, no puede ser elaborada sin escuchar a quienes la desarrollan de manera legítima en el territorio”, concluye Nariño.
El sector minero se queja de que no fue convocado de manera efectiva y que presentaron observaciones técnicas y jurídicas que nunca fueron tenidas en cuenta ni debatidas en escenarios de diálogo real.
La Asociación insiste en que, mientras en el mundo los países avanzan en regulaciones que buscan atraer inversión, fortalecer la seguridad jurídica y trabajar de manera conjunta con el sector privado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, Colombia opta por un camino contrario: cerrar las puertas a la minería responsable, a la inversión y al desarrollo territorial.
“El país necesita una política minera moderna, equilibrada y sostenible, que siga impulsando a la minería como aliada de la inversión social, la seguridad energética y la reindustrialización, no que la condene a la desaparición”, finaliza la ACM.
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