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De nuevo, exmiembros de la junta directiva de EPM se pronuncian sobre sus preocupaciones acerca del manejo de la compañía. A través de un comunicado, esta vez le piden a la Superintendencia de Servicios Públicos que responda a la inquietud de si “estamos o no ante una situación que da lugar a aplicar” sobre la empresa de Medellín la toma de posesión (es decir, que el ente de vigilancia asuma la administración), en los términos señalados por el artículo 121 de la Ley 142 de 1994.
Así lo plantean haciendo alusión a un derecho de petición que afirman fue presentado por la Veeduría Todos Por Medellín tras la publicación de un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, que “encontró falencias en el cumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el municipio de Medellín, contravenciones regulatorias en la prestación de los servicios a su cargo y fallas en los reportes de información a la entidad”, según el comunicado del ente de vigilancia.
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El comunicado de los antiguos integrantes del órgano directivo, que se ha difundido a través de una agencia de comunicaciones, viene con los nombres de Carlos Guillermo Álvarez Higuita, Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Luis Fernando Arbeláez Sierra, Jesús Aristizábal Guevara, Tatiana Aristizábal Londoño, Andrés Bernal Correa, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Claudia Jiménez Jaramillo, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa, Elena Rico Villegas y Carlos Raúl Yepes Jiménez.
Según los citados, el informe de la Superintendencia de cuenta de “los hallazgos del deterioro de la confianza por parte del mercado financiero ante el incumplimiento del Gobierno Corporativo en EPM y de la existencia de una relación directa de este incumplimiento con la disminución en la calificación crediticia emitida por una de las calificadoras de riesgo”. Agregan que “es necesario que se produzca un pronunciamiento claro y concreto por la entidad de inspección, vigilancia y control, como el solicitado en el Derecho de Petición por parte de la Veeduría Todos Por Medellín”.
Ampliamente conocidas ya son las críticas de varios de los exmiembros de junta respecto a la gestión de Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, respecto a su manejo de la compañía y el desarrollo del proyecto Hidroituango. De hecho, varios de los firmantes del comunicado de ahora son los mismos que renunciaron en masa en agosto de 2020 por sus discrepancias con el proceder del alcalde y el entonces gerente de la compañía, Álvaro Rendón.
Más recientemente, los exintegrantes del órgano directivo han salido en defensa de los contratistas ejecutores de las obras en Hidroituango, que sostienen un enfrentamiento con Quintero que ya llegó a instancias judiciales. El mandatario ha acusado al consorcio CCC Ituango, contratista de EPM en la construcción de Hidroituango, de haber entregado las obras de la futura hidroeléctrica con materiales deficientes y los tacha de responsables de la crisis desatada en el proyecto en abril de 2018.
Todo esto se ha desarrollado en medio del fallo de la Contraloría General de la República que encontró responsables fiscalmente, por $4,3 billones, a 26 personas naturales y jurídicas por el detrimento en Hidroituango, que debía empezar a generar en noviembre de 2018. La contingencia originada en abril de ese año no solo ha causado sobrecostos, sino el retraso en la puesta en operación del proyecto que promete proveer el 17 % de la energía que demanda el país.
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El Espectador consultó con EPM acerca de lo dicho por los exmiembros de la junta, pero hasta el momento de esta publicación no había recibido ningún comentario al respecto.
