Jamás interceptación, sí retención documental: respondió directivo de Ecopetrol

Alberto José Vergara, director corporativo de cumplimiento de Ecopetrol.

Foto: Ecopetrol

Alberto José Vergara, director corporativo de cumplimiento de Ecopetrol, es una pieza clave en el escándalo que asecha a la compañía en los últimos días y que, incluso, ya pasó a la lupa de la Procuraduría y la Contraloría.

Vergara es parte del engranaje en el gobierno corporativo de la compañía, “el hombre” encargado de cumplir las reglas, y hoy, quien da la cara por una supuesta autorización para intervenir comunicaciones internas, además de acusaciones de abuso de poder y acoso laboral.

En sus propias palabras, las acusaciones son “inexistentes”, producto de una narrativa que, según él, no resiste rigor judicial.

Pero el asunto, más allá de su defensa personal, es el contrato firmado por Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. El objetivo inicial del contrato era evaluar los posibles impactos en Estados Unidos de las investigaciones contra Roa, quien dirigió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Le podría interesar: Así se movió el PIB colombiano en 2024 en billones de pesos

Según Vergara, esta consultoría se realiza desde hace 13 años. Sin embargo, a través de un otrosí, el contrato se amplió en diciembre hasta alcanzar un valor de US$5,8 millones. Esa adición incluiría una cláusula que habilitó la inspección de correos electrónicos y documentos de altos funcionarios de la empresa.

Mientras medios como Blu Radio filtró listas con nombres de directivos cuyas comunicaciones fueron accedidas, Vergara salió a contradecir: “Jamás hemos autorizado interceptación y cualquier otra medida que infrinja la comunicación privada de las personas”.

“Nos rige un privilegio legal cliente-abogado”, subrayó el directivo en su defensa. “Lo que se ha hecho (…) ha sido una retención documental de la información. Jamás una interceptación”.

Recomendado: Ecopetrol en la presidencia de Roa: las tensiones que están afectando a la empresa

El contrato inicial fue de US$875.000 y pasó a US$5,8 millones. El tiempo desde la firma inicial fue de agosto pasado a febrero de 2025.

Este lapso tiene un punto crítico: Vergara entró al cargo el 1 de agosto de 2024. Anteriormente, había ocupado la gerencia corporativa de asuntos éticos y coordinación de investigaciones de cumplimiento. En total, cumple 25 años en la compañía.

El directivo aseguró que todo lo actuado se hizo conforme a la norma y con el protocolo interno. Pero la contradicción yace en la que la junta directiva afirma que ni el comité de auditoría ni la junta fueron consultados para firmar el otrosí. Y la duda es: si no hubo consulta, ¿quién autorizó la ampliación y por qué se triplicó el valor?

Vergara respondió que “no podemos ceder a cualquier amenaza que esté detrás de la desestabilización de Ecopetrol”.

Sin embargo, los entes de control e investigación no se han quedado de manos cruzadas. La Contraloría pidió explicaciones en un plazo de cinco días, y la Procuraduría exigió detalles sobre contratos que comprometen recursos públicos.

“El órgano de control busca confirmar o descartar la presunta irregularidad cometida, así como identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria”, agregó el Ministerio Público, y anunció que realizará una inspección a las instalaciones de Ecopetrol.

Contexto: Contraloría solicitó a Ecopetrol información sobre contratos con recursos públicos

A esto se suma la renuncia no confirmada de Mónica de Greiff, vicepresidenta de la junta directiva, justo en momentos en los que la petrolera atraviesa una nueva ola de cuestionamientos que involucran a su presidente Ricardo Roa.

“Como oficial de cumplimiento estoy dispuesto a dar todas las explicaciones en las distintas instancias nacionales e internacionales”, dijo Vergara.

Lo que era una consultoría reputacional sobre los escándalos que salpican el nombre de Ricardo Roa por presuntas irregularidades, el caso mutó a un escándalo propiamente reputacional que engloba ahora al gobierno corporativo. El miércoles pasado, Guillermo García Realpe, presidente de la junta, dijo que el otrosí fue “delicado, grave y abusivo”.

Por ahora, la junta directiva solicitó suspender el contrato desde febrero y se encuentra evaluando acciones legales.

Lea: Desempleo en Colombia cayó a su nivel más bajo para abril en más de 20 años

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.