Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por más de COP 86.054 millones en dos contratos de Ecopetrol.
El primero es por COP 49.592 millones en el convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia y el segundo por COP 36.462 millones ante la falta en la imposición de multas en contrato con la empresa Morelco S.A.S.
El deterioro en Providencia
Fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia era la prioridad del convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol.
Esto como respuesta prioritaria a la emergencia ocasionada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética.
Sin embargo, en la auditoría que realizó la Contraloría en 2024, se confirmó “el daño fiscal ante la inoperancia integral del Ecoparque, la exposición de los activos a deterioro ambiental, la pérdida progresiva de vida útil y la posibilidad de incurrir en sobrecostos para su integración futura”.
Además, el ente de control apunta a que hubo incumplimiento en la entrega del sistema BESS, que funciona para el almacenamiento de energía en baterías, cuya adquisición dependía de una donación internacional que fue gestionada por el ministerio, sin garantías contractuales y a la decisión de Ecopetrol de continuar la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de ese componente.
Por todo esto, la Contraloría determinó que la operación parcial del proyecto incumple el objeto contractual y se estableció que existió una gestión fiscal irregular por parte del ministerio y de Ecopetrol.
En palabras de la entidad, los recursos invertidos no cumplen con el fin para el cual fueron destinados, no se encuentran prestando ningún servicio, ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal.
Además, existe un riesgo de la obsolescencia de los bienes porque están expuestos a las condiciones climáticas y el parque solar no se encuentra cumpliendo su propósito y está propenso al deterioro y la disminución de su vida útil.
Sanción por no poner multas
El otro caso que expone la Contraloría General es que Ecopetrol no aplicó de manera oportuna las medidas previstas en el contrato ante los incumplimientos del contratista, en el contrato No.3050857 con Morelco S.A.S.
La empresa estaba en el deber de deducir las multas de la terminación anticipada del contrato, lo que correspondía a la factura del mes siguiente a la comunicación del incumplimiento.
La Contraloría General identificó que Ecopetrol evidenció y documentó varias comunicaciones en donde se advertía al contratista sobre los reiterados atrasos entre 2023 y 2024. Pese a esto, la compañía permitió que el contrato continuara sin aplicar oportunamente las medidas correctivas que tenía a su alcance, tales como la imposición de multas o la terminación anticipada del contrato.
Por cuenta de dicha falla, la compañía aseguradora le negó la recuperación de COP 36.462 millones, mismo monto por el que la CGR establece el hallazgo fiscal.
“En lugar de actuar durante la ejecución, la entidad inició el trámite de imposición de la multa y el reclamo ante la aseguradora el 15 de abril de 2025, cuando el contrato había vencido el 30 de diciembre de 2024 y la póliza se encontraba expirada”, dice la Contraloría.
Para el ente de control, el hecho de que Ecopetrol no haya aplicado las cláusulas previstas en el contrato para atender los incumplimientos presentados y haya promovido la afectación de la póliza una vez finalizado el contrato, refleja una gestión extemporánea frente al control de los incumplimientos. Esto significó perder la oportunidad de ejercer acciones de mitigación dentro de la vigencia del contrato.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
