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Hace 15 años, Colombia le encargó a una empresa mexicana una apuesta de gran calado: tender una red de fibra óptica capaz de cambiar el mapa de la conectividad del país.
En 2011, Azteca Comunicaciones, compañía del Grupo Salinas, ganó una licitación del Ministerio de las TIC y asumió el desafío de desplegar, en 30 meses, cerca de 15.000 kilómetros de fibra óptica para conectar a más de 400 municipios y llevar internet a 2.000 instituciones educativas. El reto no era menor, pues para entonces apenas 200 municipios tenían acceso a internet. La compañía destinó USD 300 millones a lo que se convertiría en la red troncal de fibra óptica más grande de Colombia, la cual hoy supera los 32.000 kilómetros de extensión y llega a cerca de 900 municipios.
Sin embargo, hoy Azteca enfrenta una paradoja: aunque es el agente mayorista más importante para el transporte de datos en Colombia (con una cobertura que alcanza cerca del 80 % del territorio), pasa por una compleja situación financiera.
La dimensión de esto aparece en los documentos de la Superintendencia de Sociedades. En la información reportada dentro del proceso de reorganización, Azteca registró activos por COP 301.880 millones y pasivos por COP 388.302 millones. Es decir, sus obligaciones superaban en COP 86.422 millones el valor de sus activos.
Consecuencia de ello, en marzo de 2025 la compañía anunció que entraría en un proceso de reorganización empresarial para así renegociar las deudas con sus acreedores y evitar caer en la bancarrota. Azteca atribuyó su decisión a “los complejos desafíos y la creciente volatilidad que ha experimentado el sector de las telecomunicaciones en el país”.
De hecho, en los registros de la Supersociedades también figura en reorganización TV Azteca Sucursal Colombia (otra firma del Grupo Salinas que actúa como garante en las obligaciones financieras de Azteca Comunicaciones), con activos por COP 199.290 millones y pasivos por COP 234.598 millones.
Parte de esas dificultades se ha hecho más visible en los últimos meses. A comienzos de agosto, El Espectador conoció que Andean Tower Partners Colombia S.A.S. (ATP), uno de los proveedores de infraestructura de TV Azteca, había notificado la terminación de dos contratos marco de arrendamiento, de los que se desprenden otros 419 contratos para el uso de sitios. ¿El motivo? Una deuda que, según ATP, supera los COP 10.300 millones, sin contar los intereses de mora.
“Durante más de cinco meses, ATP mantuvo disponible la infraestructura y asumió los costos relacionados con los sitios arrendados, pese a no recibir las contraprestaciones económicas correspondientes. Previamente a la terminación, la Compañía realizó múltiples requerimientos y otorgó oportunidades de subsanación, sin que se presentara una solución efectiva y sostenible”, dijo en su momento ATP.
A su turno, Azteca Comunicaciones respondió que lo dicho por ATP se produce en medio de una controversia contractual con la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia (UTFO, la cual está conformada por las empresas mexicanas TV Azteca y Totalplay) sobre facturas cuya validez y cuantía siguen formalmente en disputa y que deben ser resueltas por las autoridades competentes.
“Las facturas invocadas por ATP fueron debido y oportunamente rechazadas ante la DIAN, conforme al artículo 773 del Código de Comercio, al no cumplir estas exigencias y sustentos definidos en los propios contratos que ATP pretende terminar. No existe, por tanto, una obligación clara, expresa y exigible, sobre la cual se sustente la terminación contractual sino una controversia sobre la validez de los montos y cuantía de los cánones que ATP pretende exigir”, puntualizó Azteca.
Esta situación llamó la atención de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que mediante un reporte alertó que la disputa entre ATP y TV Azteca podría afectar a casi 58.000 usuarios de internet en Colombia, si se tiene en cuenta que esta compañía, a su vez, provee servicios a pequeños operadores de telecomunicaciones, que son los que se encargan de distribuir internet en las regiones del país.
El regulador resalta las dimensiones de esta posible afectación al señalar que los accesos a internet que podrían verse impactados por esta disputa contractual representan el 25 % de las conexiones de internet registradas en los municipios. Es decir, uno de cada cuatro accesos es atendido por estos pequeños proveedores. La región más afectada podría ser Chocó, donde la red de TV Azteca representa cerca de 15.000 accesos.
El 3 de septiembre se conoció que ATP y TV Azteca alcanzaron un entendimiento que permite dar continuidad a los contratos mencionados. El Espectador consultó a ambas partes sobre los detalles de lo pactado, especialmente sobre si se ofrecen las garantías suficientes para evitar que los miles de usuarios que dependen de estos servicios vuelvan a enfrentar un riesgo de desconexión. Sin embargo, ninguna de las dos compañías entregó declaraciones.
Las posibles salidas
Por ahora, las operaciones y negocios del Grupo Salinas en Colombia se mantienen a flote gracias a un proceso de reorganización empresarial. Una de las alternativas para enfrentar su compleja situación es mantener los acuerdos alcanzados, mientras busca nuevas oportunidades que contribuyan a fortalecer la viabilidad de sus negocios.
No obstante, también hay que recordar que Azteca Comunicaciones ha contemplado la idea de vender su operación en Colombia. Un primer candidato para esta transacción fue la firma de infraestructura de telecomunicaciones Ufinet que, en marzo del año pasado, radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la solicitud para adquirir los activos y negocios de Azteca. Sin embargo, hacia finales de abril de 2025 se conoció que desistió de esta idea, sin que diera a conocer una razón o explicación pública.
El segundo candidato apareció en marzo de este año. Claro presentó ante la SIC una solicitud de preevaluación para una posible integración empresarial con Azteca Comunicaciones.
En su momento, Claro dijo que “la evaluación de esta integración responde principalmente a la posibilidad de generar sinergias operativas que permitan estabilizar y mantener esta infraestructura, la cual hoy presenta fallas que impactan la calidad del servicio. Aunque no se trata de un activo atractivo desde el ámbito comercial, su adecuada operación resulta clave para garantizar la continuidad de la conectividad en territorios donde actualmente no existen alternativas de red”.
Ese negocio continúa en pausa, pues aún requiere de una eventual autorización por parte de la SIC. Este proceso es relevante porque la Superintendencia debe evaluar los posibles efectos que tendría en el mercado un mayor protagonismo de Claro en las redes de fibra óptica, especialmente teniendo en cuenta que este operador ya ha sido declarado dominante en el mercado de servicios móviles.
Entre sus análisis, la SIC deberá determinar si este aumento en la concentración de Claro podría afectar de manera significativa a sus competidores y usuarios. Una mayor concentración del mercado podría traducirse en un deterioro de la calidad del servicio o en aumentos de precios, ante una menor presión competitiva que incentive a las empresas a mejorar sus condiciones y tarifas.
La decisión que podría tomar la SIC en este caso pasa por tres escenarios: rechazar la operación, aprobarla o autorizarla con condicionamientos. Este último, por ejemplo, fue el que se adoptó en noviembre del año pasado, cuando la Superintendencia aprobó la integración entre Tigo y Movistar.
En estos casos, la autoridad reconoce que la operación puede generar riesgos para la competencia o los usuarios, y por ello establece una serie de condiciones que buscan “nivelar la cancha” y evitar que la integración termine generando efectos perjudiciales para el mercado.
En el concepto técnico que la CRC radicó ante la SIC se advierte que uno de los riesgos de la operación es que COMCEL (Claro) pasaría a administrar las 874 rutas de Azteca y se convertiría en el único proveedor de conectividad por fibra óptica en 778 de ellas. Esto podría aumentar la dependencia de los operadores que utilizan esta infraestructura, muchos de los cuales, además, compiten directamente con Claro en los mercados minoristas de servicios fijos y móviles.
No obstante, el concepto también reconoce que la operación también puede generar beneficios importantes, como aumentar la redundancia de las redes ante fallas, permitir mayores velocidades, facilitar la expansión y modernización de las redes 4G y 5G, además de mejorar las condiciones para la prestación del Roaming.
Para la CRC es relevante que, de autorizarse esta integración, se haga con condicionamientos enfocados en la preservación de condiciones de acceso a la infraestructura, en el mejoramiento de los compromisos asociados al Plan Nacional de Fibra Óptica y la mitigación de los riesgos competitivos identificados.
Las alertas de la CRC
En entrevista con El Espectador, el director de la CRC, Felipe Díaz, insistió en la relevancia que tiene Azteca para las telecomunicaciones en el país.
“El transporte mayorista en Colombia se divide entre las redes privadas de los operadores, estimadas en 40.000 kilómetros, y el mercado portador, con unos 60.000 kilómetros. En este último, donde participan Ufinet y OnNet, Azteca concentra más del 50 %, con 32.000 kilómetros de red”, explica.
Para él, esta red funciona como un sistema nervioso lleno de nodos, en donde Azteca tiene presencia en muchos de estos. En suma, si hipotéticamente mañana desapareciera esta compañía se desconectaría el 80 % de Colombia.
Sobre la decisión que analiza la SIC, Díaz resalta que Claro es el principal demandante de la capacidad de Azteca, especialmente en los municipios donde no hay infraestructura alternativa, por lo que sí existe un interés estratégico en la continuidad de la operación de estas redes para garantizar la prestación de su propio servicio sin tener que llegar a invertir en duplicar redes.
Advierte que esta posible integración genera inquietudes en materia de competencia. Explica que en el derecho de la competencia existen dos tipos de efectos ante una integración empresarial: los efectos horizontales (cuando se compite en el mismo nivel de la cadena, como en la alianza Tigo-Movistar) y los efectos verticales (cuando la operación ocurre entre un proveedor de insumos y un adquirente en la cadena de valor). Este último es el caso de Claro y Azteca.
“El riesgo principal es que esta transacción concentre un insumo esencial en manos de Claro. Por ello, en el análisis que adelante la SIC, deberán establecerse condicionamientos y salvaguardas para proteger la libre competencia y garantizar que otros operadores continúen teniendo acceso neutral a esa red”, dijo.
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