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El Estado ya salió de Coltel.
La Nación vendió el 32,5 % que mantenía en Colombia Telecomunicaciones por COP 856.002 millones, con un precio de 772,38 pesos por acción y la adjudicación de 1.108 millones de títulos.
La operación se cerró el 24 de abril y su cumplimiento quedó previsto para el 27.
Con eso, Millicom consolida el control de la compañía, luego de haber tomado el 67,5 % en febrero.
Contexto: ¿Por qué el Estado vende su participación en Movistar Colombia? Claves de la subasta
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) estructuró todo el proceso: desde el diseño técnico hasta la ejecución financiera y jurídica, bajo estándares que el propio Gobierno presentó como alineados con prácticas internacionales.
“Este resultado demuestra la confianza de inversionistas en Colombia y en la solidez de sus procesos de enajenación. Desde la FDN nos enorgullece haber acompañado al Gobierno Nacional en la estructuración de una operación transparente, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales”, afirmó Rafael Herz, presidente (e) de la entidad.
La venta se da en medio de una reconfiguración más amplia del sector. Millicom, matriz de Tigo, ya había adquirido la participación de Telefónica y desde mediados de 2024 venía empujando un plan para integrar activos y ganar escala.
Ese movimiento apunta a construir un segundo operador con músculo suficiente para competir con Claro, que sigue dominando el mercado. La integración entre Tigo y Movistar, ya aprobada con condiciones por la Superintendencia de Industria y Comercio, va en esa dirección.
El proceso de enajenación tuvo dos etapas. Primero, una oferta dirigida a destinatarios con condiciones especiales, como trabajadores, sindicatos y fondos. Luego, la subasta abierta en la que finalmente Millicom se quedó con el paquete restante.
En paralelo, la Contraloría activó vigilancia preventiva. El foco no está en la venta como tal, sino en el destino de los recursos que entran al Estado.
El organismo pidió a los ministerios de Hacienda y TIC información detallada sobre el uso de los cerca de COP 856.000 millones que deja la operación.
“Es necesario que el Gobierno Nacional adopte decisiones orientadas a garantizar la reinversión estratégica de los recursos en el sector TIC”, advirtió la Contraloría, al poner el foco en el cierre de brechas digitales.
Ese punto conecta con un problema que no es nuevo. El Índice de Brecha Digital se ubica en 0,384 y, aunque ha mejorado frente a años anteriores, una parte relevante sigue explicada por habilidades digitales, no por infraestructura.
La venta, entonces, no solo cierra un capítulo accionario. Abre otro: qué se hace con la caja.
Desde Hacienda se ha planteado que los recursos podrían destinarse a inversiones estratégicas en próximas vigencias, especialmente en conectividad. Falta ver si eso se concreta o se diluye en las necesidades fiscales generales.
Mientras tanto, con Millicom al control total de Coltel, el mapa de telecomunicaciones en Colombia se concentra aún más, con dos grandes jugadores y varios operadores pequeños tratando de sostenerse.
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