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Los días pasan y las principales vías de unos nueve departamentos del país siguen cerradas, especialmente, en Tolima, Huila y Meta. Esto por cuenta del segundo paro arrocero de 2025, convocado por los productores de este cereal debido a la crisis que vive el sector.
De fondo, las razones no han cambiado: a los productores les preocupan los precios del arroz paddy verde (arroz sin procesar), pues han caído tanto que ha minado la rentabilidad de las cosechas.
Se cumplen seis días desde el inicio de las movilizaciones y ha habido algunos avances en las negociaciones.
De hecho, el Ministerio de Agricultura anunció en la noche del viernes un acuerdo preliminar relacionado con asuntos esenciales de la discusión como:
- Avanzar en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que articule a todos los eslabones de la cadena.
- La industria garantizará la compra del arroz para su almacenamiento y conservación en las condiciones de comercialización actuales, aunque cuando se ajustarán a futuras reglamentaciones de precio.
- El Gobierno Nacional implementará una salvaguardia sobre el arroz.
Aunque el punto más destacado de este entendimiento parcial entre los manifestantes y el Gobierno es el del régimen de libertad regulada para definir un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde (cereal recogido) y para el arroz blanco.
Unas negociaciones tensas
El acuerdo del viernes incluye al Ministerio de Agricultura; la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, (en representación de los productores); e Induarroz (en representación de la industria). Las partes acordaron avanzar en la construcción de una hoja de ruta que permita el ordenamiento de la producción y comercialización del arroz en el país.
Aunque no se trata de una solución definitiva, el entendimiento busca generar condiciones para continuar el diálogo y avanzar en la atención de las preocupaciones del gremio.
Esto es fundamental porque, hasta ahora, el diálogo no había avanzado de manera ágil.
De hecho, el Minagricultura ha citado a varias reuniones, una de ellas tuvo lugar el jueves, pero los representantes de los pequeños productores se levantaron de la mesa al no contar con la presencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
Además, algunos de los promotores del paro expresaron inconformismo con el cumplimiento de los pactos que surgieron de la movilización que realizaron en marzo (el primer paro arrocero de 2025).
Aunque el Gobierno sostiene que sí han ejecutado los principales puntos acordados, lo cierto es que no ha sido tan rápido como se esperaba.
La cartera dice que están listos para la negociación, “pero no en medio de bloqueos que afectan vidas, transporte y el abastecimiento del país”, según manifestó la ministra Carvajalino.
Mientras tanto, los agricultores piden soluciones concretas e inmediatas para retirarse de las vías.
Un precio mínimo para el arroz
Hasta ahora, la única medida concreta que está en camino a ser una realidad es el borrador de resolución que establece un precio mínimo para el arroz paddy verde, basado en costos reales de producción y condiciones regionales.
Este fue publicado por la cartera de Agricultura el domingo, antes de que arrancara el paro del 14 de julio. Y antes de expedirse formalmente, hubo plazo hasta este viernes 18 de julio para presentar comentarios.
Uno de los comentarios que recibió el borrador fue la respuesta de la Federación Nacional de Molineros de Arroz (Femoarroz). Ellos “desmienten” las razones de la crisis expuestas por el Minagricultura que apuntan a que el “desequilibrio económico estaba asociado a posibles abusos de posición oligopólica en el mercado”.
Al respecto, Femoarroz sostiene que el desequilibrio de precios observado en el primer semestre de 2025 no era por el abuso de posición, sino por “un fenómeno evidente de sobreoferta”.
En 2024 se sembraron 631.071 hectáreas en el año que superaron el requerimiento del consumo nacional en 18 %.
¿Qué proponen los molineros?
Desde Femoarroz sostienen que el proyecto de resolución del Gobierno traería perjuicios y pérdidas inmensas para los actores de la cadena arrocera. Por ello, el gremio propone:
- Que el Gobierno compre el excedente y lo exporte para así equilibrar la oferta y la demanda nacional.
- Realizada la exportación, se debe exigir a Fedearroz garantizar a futuro una planeación y control efectivo de las siembras.
“Si este año Fedearroz, y demás integrantes de la cadena hubiesen atendido el llamado de Femoarroz para que los agricultores disminuyeran sus siembras en un 30 % con respecto al año pasado, no estaríamos en esta difícil situación”, destaca la entidad.
Otras recomendaciones al borrador de resolución
En contraste, Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, explica que la medida es un paso importante y necesario para proteger a los productores de arroz frente a las dificultades de producción que enfrentan.
Para el experto, la baja en los precios tiene que ver con la “configuración de un posible oligopolio en la comercialización, que es un poder desproporcionado de los compradores (es decir, los industriales)”.
Duarte añade que está de acuerdo con que se busque corregir las distorsiones en tiempo real, teniendo en cuenta los costos reales y por condicionamientos regionales.
Además, alerta que el sector privado podría intentar evadir el sistema comprando informalmente o por fuera del registro, especialmente en zonas remotas donde hay poca presencia estatal.
Para evitar esta situación, la U. Javeriana de Cali, el Instituto y el Observatorio de Tierras plantean:
- Control de inventarios y trazabilidad
- Obligatoriedad de compra para operar en el mercado regulado
- Limitación de maquila por debajo del cupo
Un punto de partida, no de llegada
El acuerdo preliminar alcanzado este viernes entre el Gobierno, Fedearroz e Induarroz no pone fin inmediato a la protesta. Pero sí busca allanar el camino hacia un diálogo más ágil y estructurado.
Por ahora, lo anunciado traza las primeras líneas de acción frente a la crisis de precios que afecta al sector, con el objetivo de estabilizar la cadena arrocera y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Vale recordar que el paro arrancó por las fuertes caídas en el precio. Las estimaciones de Fedearroz indican que mientras el año pasado la carga del grano (125 kg) se vendió alrededor de $225.000, este año está por los $170.000 en Tolima y en $158.000 para los Llanos Orientales. La caída promedio del valor ha sido cercana al 25 % frente a la misma fecha de 2024. Los arroceros de Huila y Tolima estiman que los productores están perdiendo entre $2.500.000 y $2.800.000 por hectárea cosechada.
El asunto, además, no da espera por las alteraciones en la movilidad en las vías del país y porque los bajos precios tienen al borde de la quiebra a los productores.
De hecho, el paro se desarrolla en el inicio de la cosecha más importante del año, que se concentra entre julio y septiembre, como resultado de las siembras realizadas en el primer semestre bajo el sistema secano (aprovechando las lluvias). Por eso, los mismos bloqueos pueden jugar en contra de los productores.
El país sigue a la expectativa de que este entendimiento se convierta en medidas concretas que permitan, finalmente, acabar con el paro y evitar que se dé una tercera edición en el futuro.
La próxima fecha de negociación está pactada para este lunes 21 de julio.
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