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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abre dos nuevas investigaciones por posibles acuerdos anticompetitivos en contratación pública: una contra dos fundaciones en una licitación del ICBF en Magdalena, y otra contra tres constructoras en La Mesa, Cundinamarca.
La entidad es la autoridad única de protección de la libre competencia y se encarga de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de compra pública.
La entidad busca determinar la existencia de prácticas de colusión que habrían afectado el adecuado desempeño de procesos de contratación pública.
Se trata de un asunto clave porque, según informes de la OCDE, para 2024, el 10,34 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se canalizó a través del sistema de compra pública.
Licitación del ICBF
La primera investigación de la SIC está relacionada con una invitación pública adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia.
La actuación administrativa inició por una denuncia del ICBF y está orientada a establecer si los dos proponentes que son la Fundación Alianza Para El Bien Social y la Fundación Sembrando Amor Para Un Futuro Mejor, habrían coordinado su participación en el proceso con el fin de aumentar sus probabilidades de acaparar y resultar beneficiados con un mayor número de zonas que las que permitía el pliego de condiciones.
El presunto comportamiento se habría presentado en cinco zonas ubicadas en el departamento de Magdalena, específicamente en el Centro Zonal de Ciénaga.
En estos lugares existió un presupuesto oficial de casi 17 mil millones de pesos.
Investigación sobre la infraestructura
La segunda investigación se atribuye a una licitación adelantada por el Municipio de La Mesa, Cundinamarca, para desarrollar obras de infraestructura.
La actuación administrativa inició por una denuncia de la Alcaldía del municipio en la que refirió una serie de elementos que sugieren la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre tres proponentes que participaron en la licitación: Lufsacivil S.A.S., Econ Ingeniería S.A.S. y Castro Flórez S.A.S. (actualmente Sf Ingeniería S.A.S.).
La alianza entre estos agentes habría estado encaminada a incrementar sus probabilidades de adjudicación y asegurar un resultado favorable a beneficio propio.
La Superintendencia resalta que la colaboración activa de las entidades públicas afectadas mediante la formulación de la correspondiente denuncia y la presentación de los elementos de prueba que sugieren la existencia de una serie de factores indicativos de complicidad en procesos de contratación pública.
Las indagaciones en curso
De otro lado, la SIC prevé que en los próximos meses finalizará la instrucción de investigaciones relacionadas con posibles conductas irregulares en procesos de selección de alto impacto nacional.
Entre estas investigaciones se destaca:
Un presunto direccionamiento en procedimientos de contratación del Hospital Militar
Posibles prácticas de colusión en las contrataciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el suministro de vehículos destinados a brindar servicios de seguridad a personas protegidas
La investigación sobre posibles actos de corrupción ocurridos en procesos de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD)
Finalmente, entre febrero de 2024 y la fecha, la SIC ha emitido trece decisiones en casos vinculados a prácticas restrictivas de la competencia en el ámbito de la contratación estatal.
En estos procesos se sancionó a 136 personas, incluyendo siete funcionarios públicos involucrados en conductas que afectaron la libre competencia, con multas superiores a 66 mil millones de pesos.
Con estas actuaciones la busca proteger la libre competencia en el marco del sistema de compra pública y garantizar la materialización de los objetivos de política pública encaminados a generar condiciones de desarrollo económico y justicia social.
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