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En la Costa Caribe, la luz sigue encendida por un hilo. La empresa Air-e, encargada de distribuir energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, atraviesa una crisis financiera que ha puesto al borde del colapso el suministro eléctrico de tres de los departamentos más vulnerables del país. Hoy, en un comunicado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) activó una medida extraordinaria: solicitó a las generadoras de energía suministrar el servicio a Air-e, apelando al principio de solidaridad consagrado en la Ley 142 de 1994.
La orden cobija a gigantes del sector como AES Colombia, Celsia, Enel, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, quienes deberán vender la energía a precios “costo-eficientes”. En palabras sencillas: sin que el precio supere lo estrictamente necesario para cubrir los costos de producción y transmisión.
Esto, según la Superservicios, permitirá reducir la dependencia de Air-e del mercado de la Bolsa de Energía, donde los precios han sido mucho más elevados.
El objetivo inmediato es evitar un apagón. La deuda de Air-e supera los $1,8 billones, y su limitada capacidad para adquirir energía en el mercado amenaza la continuidad del servicio en los hogares y empresas de la región. Según el Gobierno, la medida debería aliviar las tarifas de los usuarios, que hoy pagan más de $720 por kilovatio/hora, muy por encima del promedio nacional.
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La Ley 142 establece que los servicios públicos deben prestarse “sin interrupciones”, incluso si la empresa responsable atraviesa procesos de intervención, quiebra o liquidación. Eso implica que otras empresas del sistema (en este caso, las generadoras y transportadoras de energía) están obligadas a garantizar el suministro. La Superservicios asegura que esta obligación se activa solo en circunstancias excepcionales, cuando está en riesgo el acceso al servicio.
Según el informe técnico de la entidad, las empresas generadoras tienen suficiente capacidad disponible. Durante 2024, registraron hasta 99 % de su capacidad diaria como “disponible”, aunque sin generar energía por falta de compradores. Lo que Air-e solicita es apenas una séptima parte de ese volumen disponible, aseguran en la Superintendencia. Y el costo adicional para las generadoras sería “cercano a cero”.
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Las razones detrás de la crisis
La intervención de Air-e en 2024 no fue casual. Desde que asumió la operación en el Caribe en 2020 (tras el retiro de Electricaribe), la compañía ha enfrentado dificultades para negociar contratos estables de suministro energético. En junio de 2024, denunció a varias generadoras ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por supuestas prácticas restrictivas de la competencia y manipulación de los precios de la Bolsa de Energía.
Según la denuncia, presentada por los abogados Jaime Lombana y Mauricio Velandia, entre octubre y noviembre de 2023 los precios de la Bolsa aumentaron hasta 400 %, a pesar de que los embalses tenían altos niveles de agua. Los demandantes argumentaron que los generadores preferían vender en la Bolsa (donde el precio se forma diariamente y puede ser mucho mayor) que firmar contratos directos con Air-e, especialmente en mercados de usuarios vulnerables como la Costa.
Los generadores, por su parte, han rechazado las acusaciones. Isagen afirmó que su prioridad es vender mediante contratos de largo plazo, que ofrecen estabilidad a sus clientes. De hecho, la empresa aseguró que durante los momentos de escasez hídrica ha sido “comprador neto” de energía en la Bolsa para cumplir sus compromisos.
Acolgen, el gremio de las generadoras, también defendió su gestión. Aseguró que ha participado en pactos de justicia tarifaria impulsados por el Gobierno y que, en el caso de Air-e, el alza de tarifas se explica más por la recuperación acelerada de la llamada Opción Tarifaria (OT), un mecanismo que permite diferir el cobro de energía subsidiada a los usuarios. Según Acolgen, Air-e cobró en un año lo que otras empresas del país están recuperando en cinco.
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La respuesta del Gobierno: intervención y presión
El Ministerio de Minas y Energía respaldó la intervención y la activación del principio de solidaridad. El entonces jefe de cartera, Andrés Camacho, explicó que la disputa entre comercializadores y generadores refleja “una batalla por el control del mercado” que ha terminado por afectar a los usuarios. “La forma monopólica que han ejercido en contra de la población no se puede permitir”, dijo el jefe de cartera.
La intervención de Air-e y la exigencia a las generadoras hacen parte de la estrategia del Gobierno para evitar un apagón en la Costa Caribe. Pero el exministro reconoció que la regulación actual no ha sido suficiente para resolver el problema estructural de las altas tarifas. De allí que el Ejecutivo contemple nuevas regulaciones en toda la cadena de suministro: desde la generación hasta la comercialización.
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