Supertransporte impone multa a Cabify, Beat y DiDi por más de $1.700 millones

Estas empresas operan, actualmente, bajo una figura de arrendamiento de vehículos, con la que se desligan de la figura de prestación de servicio de transporte público en vehículo particular.

Vuelve y juega. Aplicaciones que median el acceso al servicio de transporte en vehículos particulares se ven implicadas en sanciones gubernamentales. Esta vez se trata de DiDi, Cabify y Beat, las cuales fueron sancionadas por más de $1.700 millones ($574 millones cada una) por “facilitar el incumplimiento de las normas del sector transporte”.

Así lo dio a conocer el superintendente de Transporte, Wilmer Salazar, en diálogo con La W. Este funcionario destaca que, si bien reconoce que dichas plataformas no operan directamente el servicio de transporte con vehículos particulares, sí median ese proceso, facilitando el incumplimiento de las normativas y leyes colombianas.

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Este es un reclamo que supera la década en el país, pues con la llegada de UBER, el gremio de los taxistas alega que enfrenta una competencia de oferta y demanda en la que la cancha está nivelada en favor de las aplicaciones (pues no tienen las mismas cargas económicas ni responsabilidades que sí tiene el sector de “los amarillitos”). Y sus reclamos son válidos, pues a falta de una regulación, en distintas ocasiones las autoridades en el país se han pronunciado, por medio de sanciones y prohibiciones, en contra de este tipo de servicios.

Tal vez el episodio más icónico ocurrió en 2020, cuando UBER se fue de Colombia tras el fallo de una autoridad. Días más tarde volvió, con otra razón social y una nueva figura jurídica que parecía blindarla ante la falta de regulación: alquiler de vehículos con conductor. Es decir, ya Uber no estaba mediando la oferta y la demanda entre un conductor y un pasajero (que puede interpretarse como prestación de servicio público de transporte en vehículo particular), sino que estaba posibilitando el alquiler de un automotor.

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Esta jugada legal, que la libraba de los reclamos de las autoridades, fue adoptada por compañías similares. Lo que especifica el superintendente de Transporte con esta sanción, es que si bien la figura de arrendamiento de vehículos puede estar en el marco de la legalidad (en el papel), en la práctica estas plataformas están haciendo lo mismo de antes.

En una comunicación enviada a El Espectador por Cabify, la empresa asegura que ya fue notificada de la sanción impuesta por la Superintendencia de Transporte y que, al ser una decisión que aún no está en firme (es un acto administrativo de primera instancia), ejercerá su derecho a la defensa y presentará los recursos de ley que proceden en este caso.

“Desde Cabify estamos comprometidos con brindar un servicio seguro y confiable apalancado en la tecnología. Seguiremos trabajando de manera transparente frente a las autoridades competentes para la construcción de un marco regulatorio preciso y equilibrado en Colombia, lo cual permitirá tener seguridad jurídica y diversas opciones para los usuarios finales en las ciudades donde operamos”, comunicó la empresa.

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Sobre la gestión de la Superintendencia de Transporte, Salazar detalla que en los últimos cuatro años han logrado agrupar 334 procesos relacionados con transporte de carga, centros de enseñanza automovilística, centros de diagnóstico automotor y, para el caso de las plataformas, 16 expedientes.

Puntualmente, sobre la investigación en contra de estas tres plataformas, señala que han sido 18 meses de pesquisas, en donde han agrupado más de 3.700 folios y cerca de 10 funcionarios se han dedicado a esta labor. También señala que un proceso similar se podría venir en los próximos días en contra de UBER, pues esta empresa también se encuentra bajo su lupa y han estado recopilando las pruebas necesarias para adelantar una actuación.

De otra parte, el gremio de aplicaciones e innovación (Alianza In) se pronunció al respecto. “Lamentamos esta nueva decisión administrativa contra las soluciones digitales de movilidad. Insistir en los últimos días de este cuatrienio en la persecución de esta actividad económica manda un mal mensaje a miles de familias que generan sus ingresos usando las aplicaciones, afecta el derecho a elegir de los usuarios y produce inseguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera”, expresó el gremio.

Para Alianza In la decisión vulnera el principio de neutralidad de red y consideran que es un “mal precedente que las autoridades administrativas de un país pretendan ponerle coto a la interacción entre usuarios que, en ejercicio de sus libertades ciudadanas, contratan y/o prestan servicios determinados a través del Internet”.

La importancia de la regulación

Lejos de satanizar a las aplicaciones de transporte, en el país se han hecho varios intentos (infructuosos) para regularlas. Desde el Congreso, por ejemplo, se han adelantado varios proyectos de ley en este sentido, los cuales han intentado nivelar la cancha para que los taxistas puedan competir en igualdad de condiciones (incluso con pequeñas ventajas).

Para las personas que han trabajado en esta vía, como el representante a la Cámara Mauricio Toro, el servicio que median este tipo de aplicaciones ha demostrado tener una alta demanda en el país, convirtiéndose también en una oportunidad de empleo para cientos de miles de personas.

El gremio de aplicaciones resaltó que, según Fedesarrollo (2021), las plataformas de economía colaborativa generan ingresos para más de 150.000 familias colombianas. De 4.600 colaboradores digitales encuestados en dicho estudio, solamente el 14 % de ellos creía que podía acceder a empleo formal y el 44 % suponía que estaría desocupado de no ser por dicha actividad.

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Sin embargo, su no regulación no solo se traduce en una competencia desleal para con el gremio de los taxistas, sino en una constante desprotección a los derechos que tienen los conductores como trabajadores (acceso a la formalidad), así como el usuario y la ciudadanía, ante eventuales casos de accidente.

Alianza In se sumó al pedido de que estas aplicaciones sean reguladas. “Hacemos un llamado respetuoso al nuevo gobierno nacional y al nuevo Congreso de la República, para que avance cuanto antes en la regulación de las plataformas digitales de movilidad. Reglas claras significan garantías fijas para cientos de miles de familias que dependen de esta actividad económica y para quienes invierten y trabajan en estos desarrollos tecnológicos. Existen pocos propósitos de mayor importancia en un contexto económico global como el actual”, aseguraron.

¿Con el nuevo Congreso se alcanzará la tan esperada regulación?

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