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Vuelve y juega, la falta de un marco normativo que determine las reglas de juego para el funcionamiento de aplicaciones tipo Uber en el país, abre un nuevo episodio que pone a esta plataforma en el centro de la conversación.
Hace unos días, Uber ubicó dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional El Dorado (en Bogotá) unas vallas publicitarias en las que se ve su logo. Según la empresa, estas tenían como objeto apoyar la reactivación económica del país a través del turismo, pues resaltaba los lugares más emblemáticos de diferentes ciudades y recordaba a los viajeros internacionales que “Colombia es un país innovador, pujante, y que se precia de implementar los avances tecnológicos”.
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No obstante, para la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax), la exhibición de esta publicidad fue indebida, razón por la que radicó (el 18 de diciembre) una carta ante la Superintendencia de Transporte para que se “investigue y, en caso de encontrar mérito, sancionar a Opain S.A y ordenar la remoción, de manera inmediata, de la publicidad de Uber en las instalaciones del aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá”.
Hugo Ospina, representante de la asociación, aclara que el retiro de la publicidad de Uber en El Dorado no obedece a un poder que tengan sobre el consorcio, como interpreta han dicho algunos medios de comunicación, sino que es el resultado de la aplicación de leyes y códigos de tránsito que rigen en el país.
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También recordó que en 2016 las autoridades ordenaron a Uber cesar sus operaciones y le prohibieron exhibir publicidad en medios masivos de comunicación, o de manera individual, en todo el territorio nacional.
¿Uber es ilegal?
Hay que traer a memoria que esta plataforma salió del país en febrero de 2020, luego de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le dio la razón a un colectivo de taxistas, quienes la calificaron como competencia desleal.
20 días más tarde Uber regresó a Colombia, en lo que algunos califican como una jugada legal para operar en el país, pues dejó atrás el modelo de intermediación que conecta a conductores con pasajeros, y adoptó el de arrendamiento de vehículos con conductor, que en la práctica viene siendo lo mismo, pero en el papel no.
Desde entonces, es así como Uber ha continuado operando en el país. Sin embargo, continúa el debate y la petición de muchos porque se brinde un marco normativo que regule el funcionamiento de este tipo de aplicaciones en el país, pues es evidente que la demanda del servicio está, pero a la vez se requieren normas que nivelen la cancha para con los taxistas, y brinden garantías tanto a usuarios como a conductores.
Sobre el retiro de la publicidad, Uber aseguró que tal acto viola su derecho a la libre competencia, a la libertad de expresión y al libre mercado. “Las relaciones económicas entre privados no se pueden afectar por presiones al operador del principal puerto de entrada y salida de pasajeros del país”, concluyó.
De momento no se sabe si la Superintendencia de Transporte, u otra autoridad, emitirá sanciones a Opain o a la empresa por la exhibición de esta publicidad. Todo depende de, nuevamente, la evaluación de la legalidad que tienen este tipo de compañías en el país.