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El pasado 12 de diciembre, el Gobierno divulgó un balance sobre el estado de Air-e, la empresa que presta el servicio de energía a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira y que permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace más de un año.
Sin embargo, lo expuesto en el comunicado -firmado por el Ministerio de Hacienda- contrasta con las advertencias que a lo largo de 2025 han venido haciendo gremios y expertos sobre la situación financiera de la compañía.
A manera de contexto, Air-e fue intervenida en septiembre de 2024 en medio de una crisis de liquidez que el Gobierno atribuyó, entre otros factores, al desbalance generado por la opción tarifaria y a dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. La medida, anunciada entonces por el Ministerio de Minas y Energía y ejecutada por la Superintendencia de Servicios Públicos, buscaba garantizar la continuidad del servicio en una región donde la empresa es responsable de atender una buena parte de la demanda.
Más de un año después, la compañía sigue operando bajo administración estatal, mientras persisten los cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera.
A lo largo de 2025, gremios empresariales del Caribe han advertido que las deudas acumuladas de Air-e, en especial con las empresas generadoras, representan un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico y para la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El balance que presentó el Gobierno
En su comunicado, el Gobierno aseguró que Air-e ha registrado avances en su operación durante 2025. Entre los principales resultados, destacó una reducción del 35 % en las peticiones, quejas y reclamos (PQR) entre enero y noviembre, así como el refuerzo de las cuadrillas de operarios y una mayor resolución de casos en la primera visita.
El balance también resalta la apertura de Casas de Atención Ciudadana en distintos municipios del Caribe y un proceso de ordenamiento administrativo. Esto, según el Ejecutivo, ha permitido depurar cobros heredados y corregir fallas acumuladas en la atención a los usuarios.
“Air-e continúa fortaleciendo su operación, mejorando la atención y recuperando la confianza de miles de usuarios que por años sufrieron un servicio deficiente”, se lee en el comunicado.
Las alertas que siguen sobre la mesa
El balance del Gobierno, sin embargo, no despeja del todo las preocupaciones que a lo largo de 2025 han planteado los gremios empresariales de Atlántico, Magdalena y La Guajira, articulados en la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, así como expertos del sector eléctrico, quienes -en términos generales- insisten en que más allá de la operación diaria y la atención al usuario, el principal problema de Air-e sigue siendo de caja.
En contexto: Crisis de Air-e: gremios exigen al Gobierno evitar un apagón
Como lo advirtieron hace unos meses estas organizaciones, la empresa arrastra altos niveles de endeudamiento, en especial con las compañías generadoras de energía, una situación que los llevó a interponer una acción de cumplimiento para exigir al Gobierno una solución de fondo. Según los gremios, las deudas totales de Air-e superaban en septiembre los $3,6 billones, al sumar las obligaciones previas a la intervención y las acumuladas durante el primer año de administración estatal.
Las advertencias también apuntan a las consecuencias más amplias que podría tener la situación de Air-e. Los gremios han señalado que la empresa atiende cerca del 11 % de la demanda de energía del país y una porción aún mayor en el norte del Caribe, por lo que sus problemas financieros no solo afectan a la compañía, sino que podrían repercutir en la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Las alertas sobre la situación financiera de Air-e también han venido desde el lado de los generadores de energía, quienes han advertido que la falta de pagos empieza a afectar la estabilidad del sector. En abril, la propia empresa reconoció que su deuda con generadores y proveedores superaba los $1,1 billones, y solicitó apoyo financiero al Gobierno para cumplir con esas obligaciones.
Según lo expresado por el Gobierno en el balance del pasado 12 de diciembre, esas obligaciones se han venido reduciendo en el transcurso de 2025. No obstante, en el comunicado no se detallaron cifras puntuales sobre el nivel actual de la deuda ni el ritmo de esa reducción.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), señaló en abril de este año que la deuda real sería mayor y podría rondar los $1,5 billones, una situación que, como lo advirtió Castañeda, pone en riesgo la continuidad de la operación.
Air-e asegura energía para 2026
Entre tanto, según informó la Superintendencia de Servicios Públicos, Air-e logró asegurar el 81 % de la energía que necesitarán sus usuarios en 2026, a través de una convocatoria pública en la que participaron 11 agentes del mercado.
De acuerdo con la entidad de vigilancia, el proceso recibió más de 14 ofertas y permitió superar en cerca de 20 % la meta inicial de compra. En total, se prevé la adjudicación de más de 4.500 gigavatios hora (GWh) para atender la demanda en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Estos contratos, explicó el Gobierno, buscan reducir la exposición de Air-e a la bolsa de energía, un riesgo que gremios empresariales habían advertido como especialmente sensible de cara a 2026, pues una mayor compra en bolsa podría traducirse en costos más altos y presiones adicionales sobre las tarifas.
En contexto: Air-e adelanta compra del 81 % de la energía que necesitarán sus usuarios en 2026
Desde la Superintendencia de Servicios Públicos, su titular Felipe Durán Carrón señaló que este esquema apunta a dar mayor estabilidad al sistema y sostuvo que, pese a las dificultades financieras que persisten, no se ha contemplado la liquidación de la empresa.
Así mismo, el superintendente reiteró que la prioridad de la intervención sigue siendo garantizar la prestación del servicio y recalcó que no habrá un apagón de energía en la región.
Durán agregó que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía trabajan en alternativas para una solución estructural a una crisis que, como lo ha reconocido el propio Gobierno, se acumuló durante varios años.
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