La reforma tributaria se encuentra en una fase de intensas negociaciones entre el Gobierno y los congresistas de las comisiones económicas conjuntas.
La iniciativa fue presentada por el gobierno de Gustavo Petro en su primera semana al mando del país y, desde entonces, entró en un proceso de discusión pública, pero también de tire y afloje entre la administración nacional (en cabeza del Ministerio de Hacienda y la DIAN), los legisladores y los gremios de la producción.
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De todo lado han pedido cambios y ajustes (casi siempre para aliviar cargas tributarias). En general, el Gobierno se ha declarado abierto al diálogo. Tanto así que la iniciativa aún no cuenta con una ponencia mayoritaria en las comisiones económicas conjuntas. Se esperaba que el documento fuera radicado este martes, pero la sesión en el Congreso fue aplazada para el miércoles al medio día.
¿Cuál es el camino que le queda a la tributaria?
Lo primero es la presentación y radicación de la ponencia mayoritaria. Este documento es clave porque ofrece una luz de cuáles fueron los compromisos a los que llegó el Gobierno con legisladores y empresarios, principalmente. O sea, permite ver, más o menos, cuál es la ambición y escala de la reforma después del delicado balance entre preocupaciones y pedidos y las necesidades de financiación del Gobierno (más en momento de alta inflación y con una agenda social amplia).
La reforma lleva mensaje de urgencia, lo que significa que las comisiones económicas de Cámara y Senado sesionarán conjuntamente para decidir si le dan el aval a la ponencia.
Típicamente, además del documento que lleva el aval del Gobierno, se presentan otras ponencias (usualmente de oposición), pero el texto mayoritario suele pasar la votación en las comisiones. Y ahí entra a los debates de plenarias en Cámara y Senado, que deben hacerse de manera simultánea por aquello del mensaje de urgencia.
La expectativa del Gobierno es que la iniciativa quede totalmente aprobada en la primera semana de noviembre.
¿Qué cambios ha sufrido la iniciativa?
Esta es la pregunta del millón de dólares, por decirlo de alguna forma.
Las modificaciones han ido por prácticamente todo lado. Por ejemplo, la semana pasada, José Antonio Ocampo, aseguró que, alrededor de los impuestos al carbón y al petróleo, “hay un acuerdo de cambiar la no deducibilidad por cinco puntos extra de impuesto de renta”. Además, habrá una nueva fórmula para calcular los impuestos a las exportaciones.
Con ese aumento en renta, la tasa de tributación para empresas llegaría al 40 % desde el próximo año y hasta 2026.
En un borrador de la iniciativa que circuló este martes, por ejemplo, se veían cambios en el impuesto de renta para personas naturales: había un aumento en el número de UVT al que pueden llegar las exenciones en renta, que pasarían de 1.210 a 1.340: o sea, de casi $46 millones a casi $51 millones.
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También se añadiría una nueva deducción que aplica para quienes adquieran bienes o servicios mediante tarjeta de crédito o débito (y que reciban factura electrónica). La deducción sería del 1 % del valor de las adquisiciones, pero en todo caso no podría superar las 240 UVT ($9,1 millones).
El impuesto al patrimonio arrancaría con una tasa de 0,5 % para capitales entre $3.000 y $5.000 millones; 1 % para riquezas entre $5.000 y $10.000 millones y 1,5 % para patrimonios superiores a los $10.000 millones. El impuesto de renta para los bancos pasaría de 3 % a 5 %, pero sería temporal y el acuerdo para gravar las pensiones sigue igual.
También se ha hablado del regreso de los días sin IVA, pero enfocados en productos colombianos.
De fondo, estas propuestas siguen siendo eso: ideas. Al final, sólo la ponencia, y su consecuente votación, permitirán comenzar a dilucidar cuál será el camino de la tributaria cuando pase al grueso del Congreso.
Los cálculos actuales del Gobierno indican que la reforma permitiría recaudar, no los $25 billones que buscaba inicialmente, sino unos $22 billones. Este monto, en algún punto de la discusión, llegó a ser de menos de $20 billones. Esto sirve para ilustrar lo mucho que el texto aún puede cambiar, incluso en estas primeras etapas de discusión.
Los peros a la reforma
Pocas cosas generan más desconcierto y desacuerdo como los impuestos. Tanto así que el sistema tributario colombiano parece un colador de pasta con tantas exenciones y adendas, fruto justamente de la incorporación progresiva de intereses y quejas de distintos sectores.
Por eso no es de extrañar del todo que esta nueva reforma tributaria genere oposición de varias partes. Aquí vale recordar que la última iniciativa de su tipo que presentó Alberto Carrasquilla como ministro del gobierno de Iván Duque, sirvió como impulso para uno de los mayores estallidos sociales en la historia reciente del país.
Las preocupaciones, sin embargo, esta vez llegan por el lado de un posible ahogo tributario a las empresas, que ha sido denunciado por gremios como la ANDI.
Pero más allá de las posiciones gremiales, el análisis de algunos académicos concuerda en que las empresas en Colombia deberían tener una tasa más baja en asuntos como el impuesto de renta; actualmente es de 35 % y esta cifra debería transitar hacia el 30 %, de acuerdo con varios análisis.
Por otra parte, empresas del sector energético continúan denunciando que el impuesto a las exportaciones de carbón y petróleo es antitécnico. En las negociaciones de la reforma; sin embargo, se suprimió este tributo para las ventas internacionales de oro, pero se mantuvo para los hidrocarburos y el carbón.
La Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, a través de un comunicado, insistieron en la “necesidad de eliminar el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, el cual, además de ser antitécnico, castiga las exportaciones de un sector que representa el 56 % de exportaciones totales del país, aumentando el riesgo de generar desequilibrio en la Balanza de Pagos de Colombia y sus implicaciones en el costo del dólar e inflación, las cuales impactan el bolsillo de todos los colombianos”.
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