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En 2018, el segundo año de la presidencia de Donald Trump y de elecciones en Colombia, las empresas estadounidenses asentadas en el país continúan con algunas de las incertidumbres que afrontaron en 2017. En diciembre pasado, el Senado de EE. UU. aprobó la reforma fiscal que reducirá de 35 % a 21 % la tasa impositiva a las grandes empresas. Uno de los efectos de esta medida, para el mundo y para Colombia, es una disminución en inversiones en el exterior.
Ricardo Triana, director del Consejo de Empresas Americanas (CEA), que agrupa unas 115 compañías, dice que este asunto es una prioridad de las primeras semanas de 2018. El TLC, las elecciones presidenciales en Colombia y las dudas que genera un personaje como Donald Trump están bajo la lupa de este gremio.
Con la presidencia de Donald Trump, ¿hubo algún cambio para las empresas estadounidenses que están en Colombia?
Por el momento no ha habido, pero obviamente hay mucha incertidumbre en algunos temas. Está la posibilidad de una descertificación de Colombia, que anunció el presidente Trump hace algunos meses, pero el tema ya ha bajado de voltaje. Por otro lado está el tema de impuestos, la ley de impuestos que pasó en los Estados Unidos. De resto, la política exterior de Estados Unidos es incierta. En temas de comercio hay que mirar el TLC, que todavía no lo han revisado desde Estados Unidos; están revisando el tema con Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), que es un tratado de más de 25 años.
¿Qué efectos tiene la reducción de impuestos a las empresas que se aprobó a final de 2017 en Estados Unidos?
En principio, lo que está pasando es que las compañías estadounidenses van a preferir invertir más en Estados Unidos. En realidad, en lo que afecta a Colombia es que las compañías van a preferir invertir domésticamente que invertir en otros países. El caso colombiano tiene una ventaja, y es que las empresas que se instalaron en Colombia no dejaron de invertir en EE. UU. En ese sentido, no hay afán en desinvertir aquí para regresar allá. El peligro o la amenaza es que no crezcan las inversiones en Colombia o en otros países por cuenta de esas mejores situaciones tributarias. Muchas de las empresas que habían cambiado sus sedes corporativas a otros países por temas tributarios, seguramente van a regresar a Estado Unidos.
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Con la presidencia de Donald Trump, ¿podría haber cambios en el TLC?
Cada país puede abrir los tratados, como lo está haciendo ahora con México y Canadá. El mensaje para Colombia es que hay que cumplir los procesos de implementación que nos hacen falta. Uno que hemos venido mirando es un proyecto de ley de agencia comercial, que lo tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para presentar en el Congreso. También hay unos compromisos en temas laborales que faltan por cumplir y el tema de propiedad intelectual falta revisarlo.
¿Qué afectación ha generado el incumplimiento en esos puntos del acuerdo?
Hay temas en propiedad intelectual que nos han preocupado bastante. No es que se hayan incumplido, pero sí ha habido amenaza. Por ejemplo, con una empresa suiza hubo un intento de poner lo que se llama una licencia obligatoria, o sea, desconocer la patente del medicamento con el ánimo de negociarle precios. Eso generó muchísima incertidumbre y preocupación a estas empresas estadounidenses que permanentemente están haciendo nuevos productos de innovación.
¿Qué esperan estas empresas en 2018?
Este es un año atípico. Un año en el que vamos a tener elecciones y hasta ese momento va a haber incertidumbre. Hemos traído los candidatos a hablar con nosotros, a que nos cuenten sus programas y a que las empresas sepan de primera mano lo que harían esas personas de llegar a ser presidentes. Pero además les hemos entregado documentos donde expresamos lo que nos gustaría ver en Colombia en un futuro. Porque, aunque representamos empresas de capital estadounidense, éstas son compañías con más de 100 años en Colombia. Luego, diría yo, son empresas colombianas: tienen presidentes colombianos, más del 95 % de sus empleados son colombianos, generan riqueza aquí y pagan impuestos aquí.
¿Qué tipo de cosas esperan ver?
Que nos garanticen seguridad jurídica. Porque si uno va a un país y le dicen que las reglas de juego son éstas, uno espera que las respeten, porque uno hizo la inversión con base en eso. También en el tema impositivo. Pues, a pesar de que la reforma tributaria se hizo en 2016 y se volvió ley a partir de 2017, las rebajas que nos prometieron en impuestos a las empresas no llegaron a los niveles que nosotros esperábamos. Comparado con el resto de la región, seguimos teniendo los impuestos más altos, y eso es malo porque nuestra competencia son las filiales de las empresas americanas en el resto del mundo.
Estos son asuntos que benefician a las empresas. ¿De qué manera esto impacta positivamente a los colombianos?
El impacto positivo es que esas empresas podrían ampliar su cobertura en el país y hacer más inversiones. A pesar de esto, mire que hay empresas como Johnson & Johnson, que está creando el primer centro de servicios aquí en el país, y eso genera empleo: gente que se contrata en todas las modalidades, gente que tiene la posibilidad de acceder a buenos salarios y a capacitación, posibilidades de irse al exterior, y es empleo formal. Uno de los defectos grandes que tiene Colombia es la informalidad, porque no hay pago de impuestos, y sin ellos el Gobierno no tiene qué invertir. O sea, un círculo vicioso, y hay empresas que quieren invertir y lo que tenemos es que ganarnos esas inversiones para acá.
Respecto a las elecciones, ¿hay alguna inclinación por algún candidato?
Ninguna. Nuestras empresas son apolíticas. Uno tiene dificultades para traer a los empresarios a que hablen con los precandidatos y candidatos porque les está prohibido tener relaciones con los políticos, pero los reunimos para que escucharan sus propuestas. Inclusive llevamos a Claudia López, una mujer muy valiosa, y a Jorge Enrique Robledo, que no comulga mucho con los temas estadounidenses.
Con el posconflicto, ¿esperan operar en otras zonas del país que estaban vedadas por la guerra?
Estamos apenas empezando con eso, porque el Gobierno está terminando de implementar el tema de Zomac (zonas más afectadas por el conflicto). Ya hemos traído a gente de la Alta Consejería para saber cuáles son los proyectos y cómo se manejan. Había muchas dudas sobre cómo se iban a pagar los impuestos, pero las últimas conversaciones que las empresas han tenido con Presidencia han sido para efectos de definir esos proyectos. Sobre todo les interesó por un tema de impuestos, pero las empresas siempre buscan las mejores condiciones para instalarse.