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Reducir el precio de la gasolina no es tan fácil en el surtidor. Tras el anuncio del Gobierno de una reducción cercana a COP 500 por galón en el precio de la gasolina, las estaciones de servicio ven apretados los márgenes por la aplicación inmediata de la medida en un entorno en que el inventario y los precios se pactan con antelación.
Para el gremio Somos Uno (que reúne a Comce y Fendipetróleo, la implementación requiere tiempo, pues cada compra a una planta de abastecimiento mayorista es un precio irrevocable, un precio establecido al momento mismo de la compra que “obliga al distribuidor a agotar su inventario antes de adquirir nuevo producto”.
Bajar el precio de manera inmediata sin agotar el inventario previo “no es posible” sin generar con ello pérdidas económicas directas por venta al por menor a pérdida, riesgos financieros para las estaciones pequeñas y medianas, y afectación a la sostenibilidad del sector y la prestación del servicio. Un efecto dominó que, según el gremio, se reflejará para el consumidor final.
Es decir, una estación no puede vender hoy un combustible que compró ayer como si lo hubiera comprado hoy.
El precio promedio de la gasolina en Colombia quedó en COP 15.557. El precio promedio del diésel se mantiene en 10.983.
| Ciudad | $ gasolina | $ diésel |
|---|---|---|
| Bogotá | 15.991 | 11.276 |
| Medellín | 15.912 | 11.301 |
| Cali | 16.002 | 11.424 |
| Barranquilla | 15.626 | 10.951 |
| Cartagena | 15.583 | 10.916 |
| Montería | 15.833 | 11.166 |
| Bucaramanga | 15.748 | 11.025 |
| Villavicencio | 16.091 | 11.376 |
| Pereira | 15.939 | 11.363 |
| Manizales | 15.966 | 11.349 |
| Ibagué | 15.907 | 11.267 |
| Pasto | 13.747 | 10.338 |
| Cúcuta | 13.900 | 9.032 |
El gremio no cuestiona la medida, sino la forma y el tiempo de implementación. Sin embargo, el Gobierno tiene afán. Desde el año pasado viene avisando su intención de disminuir el precio ante un mayor equilibrio en el subsidio al combustible a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2007 para amortiguar la volatilidad internacional.
El FEPC acumuló un déficit gigantesco tras el congelamiento precios durante la pandemia. e 2022 y 2025, el Estado pagó COP 72,8 billones para cubrir los saldos.
La decisión del Gobierno Petro de subir gradualmente la gasolina entre 2022 y 2024, de COP 9.000 a más de 15.000, fue reconocida como fiscalmente responsable incluso por los analistas. Pero la reciente reducción busca aprovechar el superávit que podría tener este año el fondo. Y en ese sentido, respaldar una disminución en el precio con la caída del precio internacional, contener la inflación y compensar parcialmente el subsidio que aún persiste en el diésel (ACPM).
El ajuste es una reducción cercana a COP 600 por galón en el Ingreso al Productor, es decir, al componente que remunera al productor del combustible (en Colombia, mayoritariamente Ecopetrol).
A la vez, otros componentes suben: el impuesto al carbono, el impuesto nacional y el margen de comercialización minorista. El resultado neto es una baja aproximada de COP 500 por galón en el precio final en surtidor.
El debate, por supuesto, va más allá de que las estaciones tengan dificultad en bajar el precio. El gremio no pide mantener precios altos, sino que la política pública, en este caso la intención de los ministerios de Hacienda y Energía, se ajuste a cómo funciona la cadena que debe ejecutar esa política.
De ese modo, se evitan las consecuencias de ignorar ese eslabón, que es confusión para el consumidor, riesgo de sanciones y desconfianza entre lo que se dice y el tiempo para que ocurra.
La reducción de COP 500 entró al tablero el primero de este mes. Hacienda aseguró que las reducciones que hará el Gobierno “están calculadas en términos de que saldo final del FEPC quede en 0 al terminar el año”.
Cifras recopiladas por el Centro de Pensamiento Económico ANIF muestran que el déficit se redujo de COP 36,7 billones en 2022 a COP 10,7 billones en 2024. Para 2025 el centro de investigación estima que el déficit cerró en COP 3,9 billones.
“Los alivios anunciados por el Gobierno son positivos para los ciudadanos, pero su correcta implementación requiere coordinación institucional y consideración por las realidades operativas del sector”, concluyó el gremio de minoristas.
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