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El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las subvenciones a la pesca entró en vigencia este lunes, tras años de complicadas negociaciones.
“Es un gran día”, declaró la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. El pacto, aceptado por más de un centenar de miembros del organismo, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y China, establece normas vinculantes que obligan a los gobiernos a tener en cuenta la legalidad y la sostenibilidad de las actividades pesqueras que subsidian.
Estos son los puntos principales del acuerdo que prohíbe los tipos más perjudiciales de subsidios públicos al sector pesquero y establece una serie de pautas.
Los puntos clave del acuerdo
El pacto, finalizado en 2022 tras más de veinte años de debates, se pone finalmente en marcha tras su aceptación por dos tercios de los miembros de la OMC.
“Cada año, los gobiernos gastan alrededor de 22.000 millones de dólares en subvenciones perjudiciales que contribuyen a la sobrepesca y al agotamiento de los recursos marinos”, denunció Okonjo-Iweala.
Prohibiciones
El texto prohíbe las subvenciones a la pesca denominada “ilícita, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, así como las destinadas a la captura de bancos de peces sobreexplotados.
No obstante, un país puede seguir concediendo estas ayudas si su objetivo es “reconstituir la población a un nivel biológicamente sostenible”.
El acuerdo también proscribe las subvenciones a la pesca en alta mar no regulada, como aquella en zonas fuera de la jurisdicción de los países costeros, ofreciendo así protección en los casos en que no existen medidas de gestión de las poblaciones.
Según un estudio citado recurrentemente, los subsidios mundiales a la pesca ascendieron a 35.400 millones de dólares en 2018, de los cuales 22.000 millones contribuyeron al aumento de la capacidad de las flotas pesqueras.
Precauciones y obligaciones
El pacto insta a los países a actuar con “especial cuidado y moderación” a la hora de conceder subvenciones a buques que no porten su bandera o cuando se trate de poblaciones de peces cuyo estado se desconoce.
Los países están obligados a comunicar a la OMC información sobre la aplicación del acuerdo. En particular, deben proporcionar datos sobre el estado de las reservas pesqueras y sobre los buques que se benefician de subvenciones.
En caso de desacuerdo, los estados podrán recurrir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, aunque su órgano de apelación sigue paralizado debido a la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces.
Excepciones para países en desarrollo
El acuerdo tiene en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA), concediéndoles en particular una “cláusula de gracia”: las subvenciones que conceden en sus propias zonas económicas exclusivas están exentas de cumplir las prohibiciones durante dos años.
Y aquellos cuya cuota anual del volumen mundial de capturas de pescado no supere el 0,8 % pueden presentar a la OMC sus notificaciones cada cuatro años en lugar de cada dos.
También se benefician del apoyo técnico de la OMC. Se creó un fondo, financiado de forma voluntaria y que hasta la fecha ha recibido 18 millones de dólares, para apoyarlos.
Un acuerdo que puede naufragar
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calificó de “histórico” el acuerdo por ser “muy positivo para la sostenibilidad de los recursos pesqueros, de los que todos dependemos, señaló en un comunicado el subdirector general del organismo de la ONU y director de la División de Pesca y Acuicultura, Manuel Barange.
La FAO aseguró haber brindado “constantemente” apoyo en materia de políticas a los miembros de la OMC, y aseguró que “proporcionará asistencia técnica específica y desarrollo de capacidades a las economías en desarrollo y los países menos adelantados”.
A pesar de lo relevante que es el acuerdo, no será suficiente para detener los miles de millones en subsidios que alimentan la sobrepesca y el exceso de capacidad, de acuerdo con Rashid Sumaila, experto de la oenegé Oceana.
Si la segunda parte de las normas, relativa al exceso de capacidad y la sobrepesca, no se concreta en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del primer acuerdo, este último quedará “inmediatamente derogado”, a menos que los miembros de la OMC decidan lo contrario.
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