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Un estudio de Global Financial Integrity (CFI), usando datos comerciales de las Naciones Unidas, reveló que en 2016 hubo una diferencia de US$10.800 millones ($35 billones) entre las cuentas que reportó Colombia y la que registraron sus socios comerciales. Lo que indicaría que hay una billonaria brecha por concepto de subfacturación, una práctica que consiste en reducir artificialmente el valor de las facturas de los bienes que se importan o exportan con el fin de pagar menos impuestos.
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Por medio de una alianza con CFI, Cedetrabajo replicó la metodología para así realizar un análisis más detallado en Colombia. Si se le aplica el impuesto al valor agregado, los impuestos de aduana, el impuesto al ingreso corporativo y las tasas de regalías en Colombia se encuentra que el Gobierno colombiano perdió US$2.800 millones ($9,2 billones) durante el 2016 por concepto de subfacturación.
Puede ser difícil entender la magnitud de los US$2.800 millones de menos recaudo. Por esto es preciso traer algunos ejemplos para tener una mejor perspectiva de lo que se pierde por subfacturación. Al buscar comparaciones en el exterior se encuentra que la cifra supera el valor conjunto de la Jeddah Tower (de US$1.2000 millones) y de la Dubai Creek Tower (de US$1.300 millones), los próximos edificios más altos del mundo de más de 1 km de altura.
Y al comparar con cifras locales esos $9,2 billones son suficientes para financiar por cerca de 20 años el extinto programa Ser Pilo Paga, equivale a dos veces el presupuesto de la rama judicial en 2020, y es $2 billones más alto de lo que logró conseguir la Ley de Financiamiento de 2018 (y que se volvió a presentar este año por problemas en su trámite).
El estudio también revela que tan solo por el comercio con Estados Unidos y China se dejan de percibir US$765 millones y US$465 millones, respectivamente. Y aunque la cifra monetaria no es muy alta, sobresale que el 83 % de los registros comerciales con Ruanda presentan problemas de subfacturación. Además, los combustibles (menos recaudo por US$684 millones), junto con las piedras preciosas y metales (menos recaudo por US$159 millones), son los bienes que más subfacturación presentan en el estudio.
Los datos de minería ameritan una especial atención: una investigación de Infoamazonia, publicada en El Espectador el 24 de julio, reveló que Colombia está siendo utilizada para lavar el oro ilícito de Venezuela. El informe revela que en 2018 se produjeron 35 toneladas, pero exportó 45 toneladas. Es decir, cerca de 10 toneladas corresponderían a oro venezolano que se legaliza en el país antes de llegar a mercados internacionales.
Lakshmi Kumar, directora de Global Financial Integrity, “dice que los avances tecnológicos como la factura electrónica pueden ayudar a tener más control y a reducir la evasión de impuestos. Sin embargo, en países como Colombia, en donde hay tantas empresas informales, este esquema puede ser problemático. Sin embargo, no todos los cambios deben ser a nivel estatal o normativo, los mismos ciudadanos pueden hacer parte del cambio al denunciar o cambiar estas prácticas”.
Por su parte Mario Valencia, director de Cedetrabajo, explica que “este tipo de ejercicios no solo permiten tener una idea del impacto monetario de la evasión, también ayudan a dimensionar todo lo que podría hacer el país si lograra captar esos recursos: fortalecer los programas de la lucha contra la pobreza, solucionar el déficit habitacional del país, etc”.