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La Ley de insolvencia financiera es una suerte de salvavidas, tanto para las personas naturales no comerciantes como para las empresas que evidencian problemas para pagar sus deudas.
Solo en 2025 se registraron 18.749 procesos de insolvencia de personas naturales, un aumento del 79 % frente al año anterior, la cifra más alta en al menos una década, según datos de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera.
En el cruce de datos con el Ministerio de Justicia, notarías y bases propias de más de 20.000 clientes, el reporte detalla un deterioro rápido de la capacidad de pago de las personas naturales.
El síntoma tuvo causas claras y reconocibles en la vida diaria:
- Desorden financiero (38,77 %). Gastos sin control, uso excesivo de crédito y falta de planeación.
- Trabajo informal o desempleo (31,54 %). Ingresos inestables que no alcanzan para sostener obligaciones fijas.
- Mala educación financiera (14,4 %), es decir, desconocimiento de cómo funcionan intereses, plazos y riesgos.
- Emprendimientos fallidos (7,78 %). Negocios que no despegaron y dejaron deudas personales.
- Otros factores (7,51 %).
“Es el incremento de insolvencias en personas naturales más alto en la última década y representa la urgente necesidad que tienen los colombianos de acceder a educación financiera”, afirmó Luis Benítez, director de la consultora. “Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”, añadió.
El perfil de quienes se declararon en quiebra en 2025 también dice mucho del momento económico:
- 58,1 % fueron hombres y 41,82 % mujeres.
- 42,86 % eran solteros, mientras que 57,14 % estaban casados o en unión libre.
La insolvencia por regiones tiene como epicentro a Bogotá, con un registro de 5.425 solicitudes; le siguió Antioquia con 4.356 casos, Valle del Cauca con 2.604 y Norte de Santander con 915.
El dato más llamativo está en Atlántico, donde las insolvencias crecieron 218,73 %, al pasar de 283 casos en 2024 a 902 en 2025. Antioquia aumentó 129,14 % y Norte de Santander 125,93 %.
Cada vez menos acuerdos
Declararse insolvente busca, en teoría, abrir un espacio de negociación con los acreedores.
En 2025, solo tres de cada diez de los casos logró un acuerdo. Poco menos de siete de diez no lo consiguió. Hace cuatro años, cerca de seis de cada diez de las personas llegaba a un arreglo. Hoy, esa proporción se desplomó.
“Este es el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia (…), muestra la grave situación financiera que están viviendo los hogares colombianos”, advirtió Benítez.
¿Qué implica declararse insolvente?
La insolvencia de persona natural no comerciante aplica para ciudadanos cuyas deudas superan su capacidad de pago y que no lograron acuerdos directos con bancos o acreedores. También cobija a pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025.
El objetivo formal es reorganizar las obligaciones o, en última instancia, liquidar el patrimonio bajo reglas controladas y con respeto al orden legal de pagos.
Primero se suspenden los procesos de cobro, y luego comienza la negociación bajo reglas claras de transparencia.
Una vez admitido el trámite, la ley ordena detener embargos, procesos ejecutivos, cobros coactivos y medidas cautelares. También se suspenden los descuentos automáticos de nómina y libranzas, salvo en obligaciones alimentarias. Los servicios públicos domiciliarios no pueden ser cortados, lo que garantiza un mínimo de estabilidad en la vida cotidiana del deudor.
El Código General del Proceso fija un plazo inicial de 60 días, prorrogables por 30 más, para buscar un acuerdo con los acreedores. Durante ese tiempo, se negocian intereses, plazos y condiciones de pago.
Las consecuencias, sin embargo, derrumban el historial crediticio por el reporte directo a las centrales de riesgo, que reduce el puntaje y dificulta el acceso a nuevos productos financieros.
La ley exige, además, la inscripción del deudor en el Registro Nacional de Insolvencia, una base pública consultada por bancos, arrendadores y calificadoras de riesgo. El efecto se traduce en créditos cerrados, contratos que no prosperan y oportunidades que se enfrían.
En escenarios de liquidación, el control del patrimonio pasa a manos de un liquidador. Los bienes se venden para pagar deudas conforme al orden legal. Es decir, el deudor pierde capacidad de decisión.
¿Cuánto cuesta declararse insolvente?
Gratuito con asteriscos. Las empresas lo adelantan ante la Superintendencia de Sociedades; las personas naturales no comerciantes pueden hacerlo ante centros de conciliación, notarías o consultorios jurídicos universitarios.
Aun así, hay costos inevitables. Notificaciones, honorarios de abogados, pólizas, curadores y gastos administrativos corren por cuenta del deudor. En notarías y centros de conciliación, las tarifas se calculan según el monto de la deuda y se expresan en salarios mínimos.
Dichas tarifas se expresan en salarios mínimos mensuales de la siguiente forma:
| Valor de la deuda | Tarifa máxima |
|---|---|
| 0 - 1 | 0,18 |
| 1 - 10 | 0,7 |
| 10 - 20 | 1 |
| 20 - 40 | 2,5 |
| 40 - 60 | 4 |
| 60 - 80 | 5,5 |
| 80 - 100 | 7 |
| 100 - 120 | 8,5 |
| 120 - 140 | 10 |
| 140 - 160 | 11,5 |
| 160 - 180 | 13 |
| 180 - 200 | 14,5 |
| 200 - 220 | 16 |
| 220 - 240 | 17,5 |
| 240 - 260 | 19 |
| 260 - 280 | 20,5 |
| 280 - 300 | 22 |
| 300 - 320 | 23,5 |
| 320 - 340 | 25 |
| 340 - 360 | 26,5 |
| 360 - 380 | 28 |
| 380 - 400 | 29,5 |
| Más de 400 | 30 |
Los especialistas coinciden en un punto: la insolvencia no es una salida neutra. Detiene el ahogo inmediato, pero compromete el futuro financiero.
Antes de llegar ahí, recomiendan agotar renegociaciones directas, consolidación de deudas y compra de cartera. Y, sobre todo, hacerlo con asesoría legal y financiera.
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