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Faltan menos de 70 días para que entre en vigencia la reforma pensional y el primer blindaje vino de la Procuraduría General de la Nación. En el concepto 7433, la entidad pública le pidió a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024, la norma que da vida al nuevo sistema de protección social para la vejez, la invalidez y la muerte.
En pocas palabras, la ley es compatible con la Constitución, y por ende, puede entrar a la práctica tal como fue aprobada en el Congreso.
El Ministerio Público argumentó que no hay vicios sustanciales en el trámite legislativo. Pero el apoyo no fue solo jurídico. La Procuraduría subrayó también la relevancia social de la norma, que promete incorporar a más de 3 millones de adultos de pobreza extrema al sistema a través del pilar solidario.
“El trámite legislativo de la reforma pensional no quebrantó los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que establecen los requisitos formales para que un proyecto sea ley de la República”, se lee en el documento firmado por el procurador Gregorio Eljach Pacheco.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó el apoyo como una validación del esfuerzo conjunto entre entidades públicas, Colpensiones y fondos privados. Aseguró que la reforma apunta a corregir distorsiones de equidad y cobertura.
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El aval, sin embargo, no elimina las dudas. En ese mismo documento, la Procuraduría advirtió que, si la Corte tumba la ley, se abriría una compuerta de litigios por los más de 66.000 traslados entre regímenes que ya se han realizado a corte de abril —cerca de 40.000 han sido de fondos privados a Colpensiones—, lo que podría derivar en reclamos judiciales de quienes adquirieron derechos en virtud de una norma luego derogada.
“Revertir esas operaciones podría ser tremendamente complejo, lo que podría augurar una litigiosidad de efectos impredecibles si los fondos privados que tuvieron que entregar las sumas ahorradas a Colpensiones alegaran la improcedencia”, señala el procurador Eljach.
El nuevo modelo, que empezará a operar el 1 de julio, se basa en una estructura de cuatro pilares:
- Solidario, que otorgará una renta mensual de $223.000 a los mayores sin pensión;
- Semicontributivo, para quienes cotizaron pero no lograron pensionarse;
- Contributivo, que unificará el ahorro hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y lo que exceda en una administradora privada;
- Voluntario, para quienes deseen aportar más allá de lo obligatorio.
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Todo esto supone un rediseño profundo de la arquitectura pensional, que se apoya sobre una cifra colosal: cerca de 18 millones de afiliados deben ser trasladados desde los fondos privados al régimen público. Colpensiones pasará de manejar 6,7 millones de usuarios a casi 25 millones.
¿Está preparada la entidad? Jaime Dussán, presidente de la entidad, asegura que sí. “No tenemos nervios. Los decretos vienen en camino”. Según el funcionario, la entidad está lista para recibir ese volumen de afiliados y asumir, al menos por un año, la administración de los seguros previsionales, que hasta ahora eran gestionados por aseguradoras privadas.
Ante esto, Dussán señaló que “la entidad ha modernizado todos los canales de atención. El 90 % de los trámites se realizan virtualmente. También, se han firmado convenios tecnológicos y tenemos cuatro o cinco contratos que van a permitir la atención de las personas, a partir del 1 de julio de 2025″.
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Pero la sostenibilidad del sistema seguirá dependiendo de una variable estructural: el nivel de cotización. Hoy, más de 11 millones de trabajadores no aportan. Lo que, a la postre, dará lugar a nuevos cambios en algún momento.
“Es inminente, además, que millonarias sumas de dinero entren a Colpensiones y al fondo de estabilización del Banco de la República. Por último, la Corte Constitucional bien haría en tener en cuenta que el país requiere imperiosamente de una reforma pensional”, señala el concepto.
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