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El Gobierno encargó la presidencia de la Fiduprevisora a Rosa Dory Chaparro Espinosa, actual jefa jurídica del Ministerio de Hacienda, en una decisión que quedó formalizada en el Decreto 0402 del 14 de abril de 2026.
“Encargar a partir de la fecha a la doctora ROSA DORY CHAPARRO ESPINOSA (…) en el empleo de Presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A., sin desprenderse de las funciones del empleo del cual es titular”, señala el documento.
El movimiento ocurre mientras se cierra el ciclo de Vanessa Gallego Peláez al frente de la entidad, en un momento en que la Fiduprevisora estaba bajo cuestionamientos.
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La presión no venía solo del paro. El modelo de salud del magisterio, que empezó a operar en mayo de 2024, cambió la forma de contratar: eliminó a los operadores regionales y trasladó esa función directamente a la Fiduprevisora, que hoy debe coordinar potencialmente con miles de prestadores en todo el país.
Ese salto operativo sigue pasando factura.
La salida coincidió con el paro del magisterio. Fecode se atribuyó el desenlace: “La contundencia del Paro Nacional del Magisterio logra la salida de Vanessa Gallego Peláez (…) No aceptamos más amiguismos ni politiquerías”. El gremio pidió que la nueva dirección garantice “la implementación oportuna y correcta del modelo de salud, conforme al Acuerdo 003 de 2024”.
Por ahora, el encargo a Chaparro es transitorio, mientras se nombra en propiedad. En paralelo, continuará con sus funciones en el Ministerio de Hacienda.
La Fiduprevisora es la entidad encargada de los recursos del Fomag, el fondo que soporta el sistema de salud y prestaciones de los docentes. Cualquier cambio en su cabeza se filtra rápido a la operación.
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La Procuraduría está al tanto de los movimientos en la entidad. El Ministerio Público requirió al Fomag y a la Fiduprevisora por las fallas en la prestación del servicio y pidió soportes financieros y detalles de la contratación de la red de prestadores. “La situación de ineficiencia del Fomag se agudiza con el incremento de PQR”, subrayó la Procuraduría, especialmente por problemas en entrega de medicamentos, citas y atención.
El Fomag cubre a más de 800.000 personas entre docentes y beneficiarios, y cualquier falla en la contratación o en la operación se traduce en interrupciones reales del servicio. En regiones como Antioquia, algunos prestadores ya han limitado procedimientos y consultas, en medio de disputas por pagos y condiciones contractuales.
En paralelo, dentro del propio magisterio persisten reclamos más amplios sobre el manejo del fondo. Desde Fecode han insistido en la necesidad de auditorías, tras denuncias de pagos indebidos y fallas en la defensa jurídica del sistema. También exigen que se respete el diseño del modelo acordado y que no se interrumpan los servicios mientras se ajusta la operación.
El decreto publicado por Hacienda se limita a activar la facultad del Ejecutivo para este tipo de designaciones y a ordenar la transición. Pero el contexto sí habla: tensiones por el modelo de salud del magisterio, presión sindical y una entidad que quedó en el centro de la discusión sobre cómo se están manejando esos recursos.
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