Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este miércoles, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) presentaron el informe “Un balance de gas centrado en el usuario”. El documento pone sobre la mesa la crítica situación que atraviesa Colombia en materia de gas y algunos puntos claves que se deben tener en cuenta para enfrentar la coyuntura.
El país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas (con las que se genera energía), pero desde diciembre de 2024 también se importa para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos porque la producción local no es suficiente.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que, aunque el Gobierno de Gustavo Petro cuestionó a las empresas del sector por el aumento en los precios, e incluso la Superservicios inició investigaciones, en este punto es claro que el país necesita gas importado, pues se estima que el déficit local de este combustible para este año está en 23 % (según datos de las empresas).
Sánchez reconoció que SPEC de Cartagena, que hasta ahora es la única terminal de importación con la que cuenta Colombia, ha salvado al país de racionamientos.
Tomás González, director del CREE, explicó que el problema del gas es estructural: Colombia pasó de tener 13,6 años de reservas en 2010 a 5,9 años de reservas en 2024, una baja de 57 %. La caída, sostiene, no se puede atribuir al Gobierno de Gustavo Petro, aunque destaca que las medidas que se han tomado en los últimos años han afectado al sector.
El informe presentado este miércoles resalta que en este momento, y desde 2024, se necesita gas importado para atender la demanda, pero en los próximos años la dependencia será mayor. En esta coyuntura, el precio promedio del gas en el país ha aumentado y lo más probable es que se mantenga esta tendencia (al menos hasta que entre más gas local, por ejemplo del proyecto Sirius). Traer gas del exterior es más caro, por el precio de la molécula y por la logística para transportarlo.
González afirmó que el documento presentado este miércoles incorpora la incertidumbre en el mercado, considerando que los balances actuales no tienen en cuenta los cambios en las variables y pueden subestimar el riesgo.
El director puso como ejemplo el uso de aplicaciones que estiman el tiempo que se demora usted en llegar desde su casa al trabajo: puede que la aplicación le dé un tiempo estimado, pero muchas cosas pueden pasar, como un accidente en la vía, y el tiempo aumenta. Este nuevo balance mide las probabilidades en distintos escenarios.
El informe consideró 12.000 posibles escenarios en tres circunstancias de demanda de las plantas térmicas: un escenario promedio, uno en el que llueve mucho y uno en el que llueve poco. Se tuvo en cuenta el gas importado (capacidad actual), pero no los excedentes.
Si la demanda térmica es mínima (si llueve mucho):
- Habría déficit en 2026 en el 34 % de los casos.
- Habría déficit en 2027 en el 53 % de los casos.
Si la demanda térmica es promedio:
- Habría déficit en 2026 en el 39,1 % de los casos.
- Habría déficit en 2027 en el 58,3 % de los casos.
Si la demanda térmica es máxima (si llueve muy poco):
- Habría déficit en 2026 en el 53,1 % de los casos.
- Habría déficit en 2027 en el 69,6 % de los casos.
▶️ La conclusión es que el riesgo de déficit en 2026 y 2027 es alto, por lo que se necesita una capacidad adicional significativa para reducir el riesgo.
La necesidad de un marco regulatorio para los proyectos de importación
El documento plantea la pregunta de cuánto gas se necesita para garantizar el abastecimiento en cualquiera de los escenarios de déficit. Según esta metodología, para asegurarse en un 99 % se necesitaría casi 500 millones de pies cúbicos de capacidad por día para 2027.
La buena noticia es que, teniendo en cuenta los 14 proyectos de importación que están en estructuración o construcción (por ahora solo existe uno, SPEC, en Cartagena), Colombia tendría 2.500 millones de pies cúbicos por día, sin contar los proyectos costa afuera, la posibilidad de importar de Venezuela y la opción de “fracking” (los gremios sostienen que es necesario replantear el uso de esta técnica que, por ahora, no se está implementando en el país por sus implicaciones ambientales).
Sánchez resaltó que la importación de gas desde Venezuela en este momento no es posible, pues además de las adecuaciones necesarias para poner en servicio el gasoducto binacional, persisten las sanciones sobre PDVSA. “Ojalá pudiéramos tener el gasoducto funcionando, pero hay dos kilómetros inservibles y las adecuaciones durarán entre dos y cuatro años”.
Ahora bien, en el escenario actual, González advirtió que el país carece de un marco regulatorio para las terminales de importación. Esta ausencia genera retos en proyectos clave por incertidumbre regulatoria, la probabilidad de sobreinversión y subutilización futura de la infraestructura y la posible concentración del mercado.
El informe plantea que se necesita una regulación que acelere la entrada de los proyectos y fomente la competencia, pero que también proteja a los usuarios.
La propuesta regulatoria del análisis incluye:
- Determinar la capacidad del sistema: definir cuánto gas se necesita.
- Opción voluntaria de ingreso regulado: proyectos elegibles serían parte de la capacidad del sistema. Implica que las empresas den acceso a las infraestructuras y que se establezcan precios.
- Hacer una asignación transparente de la capacidad regulada: si la demanda excede la necesidad del sistema, hay que asignarla de manera eficiente.
- Los proyectos que no sean asignados quedarían en la modalidad “merchant”: las empresas asumen la inversión y el riesgo, para que no terminen pagando los usuarios.
Subasta de cargo por confiabilidad
El próximo 30 de enero las empresas tienen que manifestar interés en participar en la subasta del cargo por confiabilidad. Sánchez destacó la importancia de la convocatoria, pero sostiene que hay un panorama de incertidumbre para los inversionistas por los cambios en las reglas de juego, como el decreto que, en el marco de la emergencia económica, impone una contribución del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos para apoyar a Air-e, empresa intervenida.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
